Irlanda asume este 1 de julio la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea con dos expedientes colosales sobre la mesa: la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), que regirá las cuentas comunitarias a partir de 2028, y los pasos concretos hacia una ampliación histórica más allá de los Veintisiete. La ventana de oportunidad es estrecha: las elecciones presidenciales francesas de abril de 2027 amenazan con paralizar cualquier decisión política sensible a partir de noviembre.
Un turno marcado por la cuenta atrás electoral francesa
El ministro irlandés de Asuntos Europeos, Thomas Byrne, lo admite sin rodeos: “Somos políticos en ejercicio y entendemos cómo funcionan los ciclos electorales”. La campaña gala se intensificará desde otoño, y París se volverá más cauteloso con los grandes acuerdos europeos, que la ultraderecha de Marine Le Pen y Jordan Bardella podría convertir en munición. La presidencia irlandesa dispone, por tanto, de apenas cuatro o cinco meses útiles para cerrar compromisos antes de que la política doméstica francesa empuje al Elíseo a bloquear cualquier movimiento impopular.
El calendario no es el único factor que acelera los trabajos. La salida del primer ministro húngaro Viktor Orbán ha eliminado uno de los mayores bloqueos de la última década. “Cuando oyes hablar ahora a los ministros húngaros, casi te caes de la silla, porque es un giro de 180 grados”, confiesa Byrne. El deshielo húngaro, sumado a la urgencia de llenar el vacío que dejó la parálisis provocada por Budapest, ha generado un momento de impulso que Dublín quiere aprovechar.
Sin embargo, los diplomáticos comunitarios advierten de que la conjunción de factores tiene fecha de caducidad. “Si eres Édouard Philippe no das un gran golpe sobre Ucrania justo antes de las elecciones. Le harías el juego a Bardella”, resume un diplomático de un país favorable a la ampliación, bajo condición de anonimato. Philippe, ex primer ministro y principal candidato conservador, sabe que la extrema derecha lidera los sondeos y que cualquier gesto generoso hacia Kiev puede ser explotado en la campaña.
El reloj corre, por tanto, con una intensidad inhabitual. La presidencia del Consejo suele ser un semestre de gestión discreta; esta vez es una carrera contrarreloj.
La presidencia irlandesa es un reloj de arena: si no cierra acuerdos antes de noviembre, la campaña francesa los enterrará bajo la lógica electoral.
Ampliación: Montenegro a la cabeza y Ucrania al acecho
La ampliación de la Unión más allá de los Veintisiete —estancada desde la entrada de Croacia en 2013, precisamente bajo la anterior presidencia irlandesa— es una de las prioridades declaradas de Dublín. El país más avanzado es Montenegro, con apenas 600 000 habitantes, que confía en que este semestre dé pasos históricos. “Confío en que la ampliación de la UE avance de forma histórica y basada en méritos bajo la presidencia irlandesa”, afirma el embajador montenegrino, Petar Markovic.
El verdadero desafío es Ucrania, mucho más grande y con profundas implicaciones económicas. La Comisión Europea anunció el 15 de junio la apertura del primer clúster de negociación; ahora Kiev aspira a abrir los cinco restantes ya en julio. “Queremos abrir todos los clústeres que faltan a principios de julio. Si nos detenemos, será muy difícil motivar a nuestro parlamento para seguir avanzando”, admite su embajador ante la UE, Vsevolod Chentsov.
La presión para mantener la velocidad es máxima, pero los diplomáticos repiten que la sombra electoral francesa es una “amenaza significativa”. Si el Elíseo no acompaña los plazos, Ucrania podría ver cómo sus reformas quedan en un limbo político justo cuando más necesita certidumbre frente a la agresión rusa.
El Eje del Poder Europeo
El segundo gran frente de la presidencia irlandesa es el presupuesto a largo plazo de la UE, que debe entrar en vigor en 2028. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, quiere un acuerdo político antes de fin de año, pero las posiciones están muy alejadas. Los llamados “amigos de la cohesión” —el grupo de países que más reciben de Bruselas, entre ellos España— reclaman más dinero para defensa, competitividad y la propia ampliación. Enfrente, los frugales (Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia) exigen contención del gasto.
Irlanda busca ejercer de mediador honesto, evitando alinearse con cualquiera de los bloques. Byrne no acudió a un desayuno de los países frugales el mes pasado para preservar su neutralidad. Pero la cuadratura del círculo se complica: cuanto más se acerquen las presidenciales francesas, más reticente será París a aceptar un presupuesto generoso que la extrema derecha presentaría como despilfarro. Un segundo diplomático de un país frugal resume el dilema: “Es importante que los irlandeses acierten; si cierran demasiado pronto un paquete modesto, cualquier intento posterior de Costa por ampliarlo en una cumbre parecerá un bandazo político”.
España, que en los últimos años ha sido uno de los principales beneficiarios del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, deberá moverse con cuidado. La nueva regla fiscal ya obliga a un ajuste estructural, y cualquier recorte adicional en los fondos de cohesión tendría un costo directo en sectores como la agricultura o las infraestructuras. A su vez, la ampliación hacia el este y los Balcanes podría diluir el peso relativo de los fondos europeos que le llegan, un debate que apenas ha empezado y que condicionará la posición negociadora de Moncloa en los próximos años.
En el horizonte, el precedente de la gran ampliación de 2004, cuando diez nuevos socios entraron sin que las finanzas comunitarias se reformaran a fondo, sirve de aviso. Aquella experiencia generó desequilibrios que la UE aún arrastra. Si la Unión repite el error de acelerar la ampliación sin una arquitectura presupuestaria sólida, las tensiones entre acreedores y receptores netos se agravarán en una década que ya es de por sí inflamable. La presidencia irlandesa tiene, en sus manos, el mandato de evitar ese desenlace.
La próxima cumbre ordinaria del Consejo Europeo de diciembre será la primera gran prueba para ver si Dublín ha logrado que las cifras y los plazos se alineen. Hasta entonces, cada semana cuenta.
