EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Doce comunidades autónomas, con Aragón a la cabeza, han rechazado la tramitación del real decreto de prevención de riesgos laborales para bomberos forestales por incumplir la Ley 5/2024.
- ¿Quién está detrás? Los gobiernos de Aragón, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Cantabria, Baleares, La Rioja, Murcia, Ceuta y Melilla —junto con otras como Andalucía, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana— exigen al Ministerio de Trabajo reiniciar el proceso.
- ¿Qué impacto tiene? El borrador queda en suspenso. Las autonomías reclaman una redacción conjunta que no comprometa la eficacia de los operativos de extinción.
Seis meses después de que venciera el plazo legal, el real decreto que debía regular la seguridad de los bomberos forestales sigue sin ver la luz. Y lo que ha llegado al Consejo de Ministros no convence a quienes deben aplicarlo sobre el terreno. Aragón, junto a otras once comunidades, ha dicho basta.
Los gobiernos autonómicos consideran que el texto del Ministerio de Trabajo no cumple la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de bomberos forestales. La norma obligaba al Ejecutivo central a aprobar, en un año, un reglamento específico de prevención de riesgos laborales para este colectivo, elaborado de manera conjunta con las administraciones competentes. En junio de 2026, ni la fecha se ha respetado ni ha habido verdadera participación.
La extinción de incendios forestales es un servicio esencial que no puede quedar atrapado en una norma rígida que comprometa su eficacia.
Las comunidades denuncian que su intervención se ha limitado a fases de información pública y reuniones sobre borradores ya escritos, sin diálogo previo. Y advierten de que la mayoría de las propuestas que consensuaron entre ellas fueron rechazadas. No es solo una cuestión de forma: temen que el decreto genere inseguridad jurídica.
El borrador, insisten, no recoge el conocimiento operativo vinculado a la extinción de grandes incendios. Por eso piden que se incorporen al proceso los responsables del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF). Sin ellos, dicen, la norma ignorará a los que cada verano se juegan la vida en las llamas.
Las exigencias que ponen contra las cuerdas al decreto
En el escrito conjunto, las autonomías piden al Gobierno que retome la elaboración desde cero. Reclaman grupos de trabajo mixtos, participación real, y un texto que se adapte a la realidad de los dispositivos. Porque cada comunidad tiene su propio modelo de extinción, y la coordinación en emergencias necesita flexibilidad.
La preocupación se extiende desde las Islas Canarias —donde los incendios de interfaz urbano-forestal han calcinado miles de hectáreas en los últimos años— hasta Castilla y León, que aporta la mayor superficie forestal del país. Todas comparten el mismo diagnóstico: el decreto, tal como está, puede entorpecer la toma de decisiones.
Además, señalan que el borrador podría afectar a los mandos operativos y a los responsables de seguridad y salud laboral, exponiéndolos a responsabilidades jurídicas en medio de una emergencia. “La extinción de incendios no se parece a una obra ni a una fábrica”, resume un técnico consultado en Zaragoza.
El Pulso Territorial
Este choque entre el Estado y las comunidades no es nuevo. La gestión de los bosques y los incendios está transferida a las autonomías desde los años ochenta, y siempre han defendido que son ellas quienes mejor conocen el territorio y sus riesgos. La Ley 5/2024 nació de la presión de los propios bomberos forestales para que el Gobierno fijara unos mínimos de prevención. Pero cuando las autonomías ven que ese paraguas se convierte en un corsé, el conflicto aflora.
El calendario juega en contra. El plazo de un año expiró en noviembre de 2025, y el verano de 2026 ya está aquí. Con la campaña de incendios a las puertas, la falta de una norma clara y consensuada genera incertidumbre en los operativos, especialmente en comunidades como Aragón, Castilla y León o Extremadura, donde el fuego suele ser un enemigo habitual. Según datos del MITERD, el año pasado se quemaron en España más de 100.000 hectáreas, la mitad en territorios incluidos en esta protesta.
Si el Gobierno no rectifica y abre un proceso de verdad, las comunidades podrían llevar el asunto al Tribunal Supremo. Mientras, los bomberos forestales, que suman cerca de 20.000 efectivos en toda España, siguen a la espera. La pelota está ahora en el tejado del Ministerio de Trabajo.
Ficha Autonómica
- El caso: Aragón lidera una protesta de doce comunidades contra el borrador del real decreto que debe regular la prevención de riesgos laborales de los bomberos forestales, por vulnerar la Ley 5/2024.
- Datos importantes: La ley fijó un plazo de un año (vencido en noviembre de 2025). Las autonomías afectadas gestionan más del 70% de la superficie forestal española y emplean a unos 12.000 bomberos forestales.
- Resumen: El decreto se paraliza. Las comunidades exigen reiniciar la redacción conjunta, incorporar al MITECO y al CLIF, y elaborar un texto que no ponga en riesgo la eficacia de la extinción. El verano de 2026 llegará sin norma definitiva.
