EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Unidas por Extremadura ha registrado en la Asamblea regional una propuesta que pide una moratoria de dos años para las macroplantas de biometano.
- ¿Quién está detrás? La portavoz de la formación, Irene de Miguel, que denuncia proyectos “especulativos” que amenazan con convertir a Extremadura en el “estercolero de Europa”.
- ¿Qué impacto tiene? Exige que las plantas se dimensionen según los residuos reales de la región, se ubiquen donde menos dañen y se escuche a las plataformas ciudadanas surgidas contra ellas.
Unidas por Extremadura ha registrado este viernes en la Asamblea una iniciativa que incluye una moratoria de dos años para la instalación de macroplantas de biometano, con el argumento central de que la región “no puede ser el estercolero de Europa”. La portavoz, Irene de Miguel, considera que los proyectos que proliferan al calor de los fondos europeos responden a una lógica especulativa y no a la capacidad real de producción de residuos orgánicos de Extremadura.
La propuesta de moratoria en la Asamblea
La diputada ha presentado un plan estratégico de biometanización que obligue a dimensionar las plantas “de manera justa y apropiada”, esto es, acorde al volumen de purines, lodos de depuradora y otros desechos que genera la comunidad. El plan exige una suspensión temporal de todas las autorizaciones durante dos años, plazo que Unidas por Extremadura considera mínimo para redactar una norma que ponga coto a lo que tilda de “macroplantas fuera de todo orden”.
En declaraciones a los medios, Irene de Miguel ha insistido en que no se puede permitir que “lleguen residuos orgánicos en unas cantidades que están totalmente fuera de lo que producimos”. La portavoz menciona las plataformas ciudadanas surgidas en municipios como Oliva de Plasencia, Miajadas, La Coronada, Granja de Torrehermosa y Almendralejo, donde los vecinos temen por su salud y por la calidad del aire ante la posible instalación de estas industrias.
La Junta descarta “vetos ideológicos”
El Gobierno de Extremadura, en manos del PP con el apoyo externo de Vox, ha reaccionado con rapidez. Fuentes del ejecutivo de María Guardiola descartan aplicar “vetos ideológicos” a proyectos que, recuerdan, cuentan con fondos europeos y generan empleo en el medio rural. La postura oficial es que la administración ya evalúa cada iniciativa caso por caso, aunque no existe un plan regional específico para el biometano.
La presión de las plataformas ciudadanas y la iniciativa de Unidas por Extremadura ponen sobre la mesa la necesidad de un marco regulatorio que ordene la implantación de plantas de biometano antes de que los proyectos se consoliden.
La iniciativa incluye también la exigencia de que la ciudadanía sea escuchada y de que los emplazamientos se elijan con criterios de mínimo impacto. Unidas por Extremadura ha vinculado esta demanda con la urgencia de derogar el decreto que elevó a 280 los días necesarios para que los docentes interinos cobren el verano, una segunda propuesta que la portavoz ha presentado en paralelo para corregir lo que considera “una injusticia tremenda”.
El Pulso Territorial
La controversia sobre el biometano revela una tensión de fondo en Extremadura: el gobierno autonómico de María Guardiola (PP) apuesta por atraer inversiones industriales como vía de desarrollo, mientras que la oposición de Unidas por Extremadura y los movimientos vecinales exigen garantías ambientales previas. Con 43 escaños, el PP gobierna en minoría y necesita el apoyo de Vox para sacar adelante sus iniciativas, lo que aleja cualquier posibilidad de que la moratoria prospere en la Asamblea. La región carece de un plan estratégico de biometanización pese a que otras comunidades, como Castilla-La Mancha o Castilla y León, ya han aprobado documentos similares para ordenar estas instalaciones. La ausencia de ese marco expone a Extremadura a un crecimiento desordenado que, según la advertencia de la portavoz, puede convertirla en un vertedero europeo de residuos. La propuesta será debatida en las próximas semanas en la Comisión de Transición Ecológica del parlamento autonómico, pero la mayoría conservadora hace previsible su rechazo.
Ficha Autonómica
- El caso: Unidas por Extremadura presenta en la Asamblea un plan estratégico que incluye una moratoria de dos años para las macroplantas de biometano, mientras la Junta de Extremadura descarta “vetos ideológicos”.
- Datos importantes: La propuesta pide ajustar las dimensiones de las plantas a los residuos que genera la comunidad, ubicarlas en zonas de menor impacto y escuchar a las plataformas ciudadanas. La Junta defiende el análisis caso por caso y la atracción de inversiones.
- Resumen: La iniciativa será debatida en la Comisión de Transición Ecológica de la Asamblea; el previsible rechazo del PP y Vox mantendrá abierta la puerta a nuevos proyectos de biometano en Extremadura.
