El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo ha puesto un ultimátum al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por el impago de las horas extra a la Policía Local. La resolución advierte de que podría incurrir en un delito de desobediencia si no abona de inmediato las deudas salariales.
Un centenar de demandas y cuatro requerimientos desoídos
El conflicto laboral entre el Concello de Ourense (el ayuntamiento de la ciudad) y la Policía Local se ha enquistado hasta rozar las 105 demandas judiciales. De ellas, treinta y cuatro cuentan ya con sentencia firme favorable a los agentes, con condena en costas para la administración municipal. El juzgado contencioso‑administrativo número 2 de Vigo —donde se instruyen buena parte de los pleitos porque la ley permite litigar a los agentes empadronados en esa área— ha enviado hasta cuatro requerimientos de ejecución entre febrero y principios de este mismo mes, todos ignorados por el Concello.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Un juzgado de Vigo apercibe al alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, con la posible imputación por desobediencia y multas coercitivas si no liquida ya las horas extra adeudadas a la Policía Local.
- ¿Quién está detrás? El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo, tras la acumulación de más de un centenar de demandas de agentes por impagos que se arrastran desde 2017.
- ¿Qué impacto tiene? El Concello de Ourense encara una sangría judicial que crecerá en septiembre con otras 100 demandas por intereses de demora, mientras el alcalde se enfrenta a responsabilidad penal personal.
Un colapso administrativo que se agrava tras el verano
El impago de las horas extra no es un hecho aislado, sino la punta visible de un colapso administrativo que el cuerpo policial atribuye a un “mal funcionamiento” de la gestión municipal. El Concello de Ourense abonó voluntariamente algunos atrasos acumulados desde 2014 entre 2022 y 2024, pero omitió los intereses de demora vinculados a pluses de festividad y nocturnidad. En septiembre se registrará una nueva oleada de otras cien demandas solo para reclamar esos intereses, a lo que se suma el impago de horas extras que se arrastra desde 2017.
“La situación es insostenible” indican fuentes de la Policía Local consultadas por este medio. Mientras tanto, el juez requiere personalmente al alcalde para que cumpla la sentencia sin más dilación. La resolución es directa: si Gonzalo Pérez Jácome persiste en la inejecución, se le podrá imputar un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal.
Desde el gobierno municipal, de momento, no ha trascendido una posición oficial. Jácome, líder de Democracia Ourensana y alcalde desde 2019, ya había protagonizado otros enfrentamientos con funcionarios, pero esta vez la justicia ha elevado el tono hasta la amenaza penal.
La advertencia penal a un alcalde en Galicia por el impago de horas extra a su propia policía no tiene precedentes inmediatos, y sitúa al Concello de Ourense en una encrucijada judicial que amenaza con colapsar sus cuentas si no se ataja ya.
El Laboratorio Gallego
El caso de Ourense desborda lo local. En Galicia, los ayuntamientos son la administración más cercana pero también la más frágil desde el punto de vista financiero. El Concello de Ourense arrastra problemas de Tesorería que no son exclusivos de Jácome; otras ciudades gallegas, como Lugo o Ferrol, han vivido episodios de tensión con sus plantillas municipales. Sin embargo, el apercibimiento penal a un alcalde por desobediencia es un escalón nuevo que tensiona el equilibrio entre la autonomía local y el cumplimiento judicial. La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego), que tramita los presupuestos municipales y autoriza operaciones de crédito, observa el caso con distancia, pero los grupos de la oposición —BNG y PSdeG— ya han reclamado en el Parlamento de Galicia un debate sobre la salud financiera de los municipios. A nivel nacional, el ministerio de Política Territorial podría tomar nota si la cascada de demandas obliga a un rescate de facto. El próximo Consello de Goberno de la Xunta, previsto para julio, no ha incluido hasta ahora esta cuestión en su orden del día, pero todo apunta a que el asunto escalará cuando el nuevo curso político retome la actividad en septiembre.
La situación judicial de Jácome recuerda que los conflictos municipales pueden alcanzar dimensiones penales si la inacción se cronifica. Y aunque Alberto Núñez Feijóo evitó siempre confrontar directamente con alcaldes díscolos durante su mandato en la Xunta, el actual líder del PP nacional no podrá ignorar que los problemas de gobernanza en ayuntamientos como Ourense terminan por erosionar la imagen de solvencia que Galicia ha cultivado ante el resto de España.
Ficha del Caso
- El caso: El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, recibe un ultimátum judicial por el impago reiterado de horas extra a la Policía Local, con más de cien demandas acumuladas y el riesgo de imputación penal por desobediencia.
- Datos importantes: 34 sentencias firmes condenatorias, 105 demandas, nuevo aluvión de 100 demandas en septiembre por intereses de demora, y advertencia de multas coercitivas directas al alcalde.
- Resumen: La gestión municipal de Ourense se enfrenta a una crisis judicial sin precedentes en Galicia, que podría desencadenar responsabilidades penales personales y un agujero financiero si el Concello no liquida las deudas de inmediato.
