Juanma Moreno ha dado orden de acelerar el pacto de gobierno con Vox para que el nuevo Ejecutivo andaluz eche a andar antes de agosto y llegue a septiembre con impulso político. La negociación, sin embargo, se ha convertido en un pulso en el que cada concesión cuenta y en el que las líneas rojas aparecen por tierra, mar y aire. Dos votos separan al PP de la mayoría absoluta y condicionan una legislatura que en el partido ya anticipan «difícil».
Fuentes populares admiten que la dureza de las conversaciones contrasta con el mensaje oficial de cordialidad. Los equipos designados por Antonio Repullo y Antonio Sanz han iniciado una ronda con cada consejero para medir el suelo que puede aceptar la Junta de Andalucía. La consigna es clara: aceptar formulaciones políticas en los temas más espinosos, dejar abierta la letra pequeña y aplazar la ejecución práctica. “Luego ya veremos”, resumen en el entorno del presidente.
Pero Vox también ha aprendido de la experiencia de 2018. Esta vez avisa de que no firmará un acuerdo de papel que después no se cumpla. El partido de Santiago Abascal aprieta sobre tres nudos que amenazan con enquistar el calendario: la administración paralela, la consejería de Agricultura y el control de la inmigración.
Los tres nudos de la negociación
La llamada administración paralela es el primer caballo de batalla. Vox exige barrer el sector instrumental de la Junta –agencias, fundaciones y entes públicos– como ya intentó en la anterior legislatura. El PP firmó entonces esa promesa con entusiasmo, pero al llegar al Gobierno descubrió que era una empresa casi imposible: organismos blindados jurídicamente, personal con derechos consolidados y despidos que en el pasado costaron 80 millones de euros en indemnizaciones y readmisiones. Ahora Moreno se resiste a reabrir un conflicto laboral y jurídico de ese calibre.
El segundo nudo está en la agricultura. La petición de Vox de controlar esas políticas no es menor: el presupuesto de la Consejería de Agricultura alcanzó en 2026 los 1.971 millones de euros, casi el doble que el de Extremadura y el triple que el de Aragón o Castilla y León. Sindicatos agrarios, patronal y sector pesquero ya han advertido de que no quieren ver esas competencias en manos de un partido de extrema derecha que podría encontrar rechazo en Bruselas. Para sortear el choque, el equipo de Moreno estudia diseñar una consejería a medida, vestida con la etiqueta de medio rural pero desprovista del control de las grandes políticas agrarias.
El tercer escollo es la inmigración. Vox reclama criterios de prioridad nacional para el acceso a ayudas y servicios públicos. El PP intenta diluir esa exigencia bajo conceptos como el empadronamiento, una fórmula similar a la que Isabel Díaz Ayuso ha propuesto en Madrid y que cuenta con el aval de Génova. Esa “prioridad nacional de tapadillo” podría aplicarse a la vivienda protegida o a bonificaciones sociales, aunque fuentes jurídicas consultadas dudan de que supere el filtro de los tribunales.
El PP andaluz ha pasado del oasis político de la mayoría absoluta a la realidad de una legislatura en la que cada votación será una moneda al aire.
La Lectura Andaluza
Lo que ocurre en la mesa de negociación del Parlamento de Sevilla no es solo un tira y afloja entre partidos: es la antesala de la próxima legislatura andaluza, la que deberá gestionar un presupuesto cercano a los 45.000 millones de euros y responder a las demandas de más de ocho millones de ciudadanos. La pérdida de la mayoría absoluta ha devuelto al PP a la política de pactos, un territorio que Moreno conoce bien pero que ahora se presenta más áspero que en 2018.
Para los andaluces, la urgencia del calendario tiene consecuencias tangibles. Si el acuerdo no llega antes del pleno de investidura, previsto para la tercera semana de julio, se activará la cuenta atrás de dos meses hacia una repetición electoral que nadie desea. La estabilidad de las cuentas públicas, la ejecución de los fondos europeos y la propia credibilidad de la comunidad autónoma ante los mercados dependen de que el nuevo Gobierno eche a andar sin más demora. Por eso, Moreno evita cualquier gesto hacia la izquierda que pudiera interpretarse como debilidad, aunque desde el PSOE andaluz y la dirección federal de los socialistas se ha cerrado cualquier posibilidad de abstención.
La proyección inmediata apunta a unos días de máxima tensión. El presidente del Parlamento pedirá esta semana los candidatos y debe proponer una candidatura el lunes 29 de junio. A partir de ahí, todas las miradas se concentrarán en si el PP logra cerrar un pacto que, por primera vez desde 2018, podría incluir a la extrema derecha en el Consejo de Gobierno. La singularidad andaluza, con un peso político y económico incomparable al de otras comunidades donde Vox ya ostenta consejerías, añade un plus de incertidumbre: ¿cederá Abascal a las exigencias de un Moreno que sigue siendo el barón autonómico con mayor poder territorial del PP? Las próximas horas lo dirán.
