Las Corts Valencianes, el parlamento unicameral de la Comunitat Valenciana con 99 escaños, han ampliado este martes el periodo de sesiones hasta el 31 de julio, a propuesta del PP y con el apoyo de Vox, para poder aprobar la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat. La decisión, comunicada por la propia Corts Valencianes, blinda el calendario necesario para sacar adelante una normativa considerada «capital» por los de Abascal.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La mayoría de PP y Vox ha modificado el reglamento de las Corts para alargar el periodo de sesiones hasta el 31 de julio.
- ¿Quién está detrás? El PP de Carlos Mazón, con el respaldo de Vox; PSPV y Compromís votaron en contra y pidieron incluir una sesión de control al president.
- ¿Qué impacto tiene? Permite aprobar la ley de acompañamiento, que incluye la rebaja fiscal y el concepto de «prioridad nacional», una semana después de los presupuestos de 2026, sin debate de control al Consell.
Calendario a medida para la ley de acompañamiento
La ley de acompañamiento —conocida formalmente como ley de medidas fiscales, gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat— es la norma que desarrolla fiscal y administrativamente los presupuestos autonómicos. Se suele aprobar al mismo tiempo que las cuentas, pero este año la tramitación se ha desacoplado. Primero se votarán los presupuestos de 2026, previsiblemente durante la última semana de julio, y siete días después lo hará esta ley.
Para cuadrar ese desfase, las Corts han tenido que retocar por segunda vez el calendario. El periodo ordinario de sesiones finalizaba originalmente el 3 de julio. La primera ampliación llegó cuando Vox comprometió su apoyo a los presupuestos; la segunda, este martes, allana el camino a la ley que José María Llanos, síndic de la formación, calificó esta misma mañana de «capital».
La ley incluye la rebaja fiscal pactada por la derecha y, según ha confirmado Vox, también recoge el concepto de «prioridad nacional», un término que Carlos Mazón y el partido ultra acordaron en sus encuentros recientes. Son guiños que consolidan la alianza de gobierno y que se traducirán en deducciones para las rentas más altas y cambios en la política de gasto.
Tensión en la Junta de Síndics: PP y Vox rechazan el control al president
La sesión de la Junta de Síndics de este martes fue tensa. Tanto que los gritos se escuchaban desde el pasillo, según fuentes parlamentarias. PP y Vox, con su mayoría, aprobaron el nuevo calendario, pero dejaron fuera cualquier posibilidad de escrutinio al ejecutivo. PSPV y Compromís habían propuesto que, a cambio de alargar las sesiones, se celebrase al menos una sesión de control al president de la Generalitat y comparecencias de consellers.
La mayoría conservadora lo rechazó. «Quieren aprobar leyes pero no dar explicaciones», resumió una fuente de la oposición. El PP argumenta que el calendario es técnico y que el control se retomará en septiembre, pero sus rivales lo interpretan como una muestra de debilidad: si Mazón debe evitar el hemiciclo, dicen, es porque aún pesan sobre su gestión las decisiones que tomó durante la DANA.
El PP y Vox imponen su mayoría para aprobar leyes sin control parlamentario, una jugada que puede salir cara a nivel nacional si la oposición logra vincularlo a la gestión de la DANA.
El Escenario Valenciano
La maniobra de PP y Vox refuerza el pacto de gobierno, pero al precio de regalar a la oposición un argumento de peso. PSPV y Compromís denuncian que el Consell de Mazón legisla en la opacidad, esquivando el control parlamentario justo cuando la sombra de la DANA sigue alargándose. El rechazo a incluir una simple sesión de control tensa aún más una legislatura marcada por la catástrofe y la reconstrucción.
A nivel nacional, el PP de Feijóo observa con interés: la coalición en Valencia demuestra capacidad legislativa, pero estos movimientos pueden alimentar la narrativa de que los gobiernos de derecha evitan la fiscalización. Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez podría aprovechar el episodio para subrayar la opacidad de los ejecutivos autonómicos del PP y para recordar que, en paralelo, los fondos de la DANA del Gobierno central siguen sin ejecutarse al ritmo prometido. En el Congreso, el debate sobre la transparencia de la gestión autonómica ganará munición.
La proyección inmediata pasa por la votación de los presupuestos, en torno al 24 de julio, y la de la ley de acompañamiento antes del 31 de julio. Después, el parón estival pondrá a prueba la cohesión del bloque de derechas y dejará a la oposición sin altavoz hasta septiembre. Con el horizonte electoral de 2027 acercándose, cada votación se convierte en una cuenta atrás para el pacto PP‑Vox.
Ficha del Caso
- El caso: La decisión de PP y Vox de ampliar el periodo de sesiones para aprobar la ley de acompañamiento antes de agosto, cerrando la puerta a mecanismos de control parlamentario.
- Datos importantes: El periodo ordinario finalizaba el 3 de julio, se amplió primero para los presupuestos y ahora hasta el 31 de julio. La ley de acompañamiento incluye rebaja fiscal y el concepto de «prioridad nacional».
- Resumen: La mayoría conservadora impone su calendario para sacar adelante una ley clave para Vox, pero reduce el escrutinio parlamentario y aviva las tensiones con la oposición.
