La Fiscalía Provincial de Ourense ha presentado escrito de acusación contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación, y solicita para él una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La acusación, dirigida por el fiscal Mario Brualla González, abre la vía para un juicio oral en la Audiencia Provincial de Ourense que podría apartar al líder de Democracia Ourensana de la vida política local durante casi una década.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Fiscalía acusa al alcalde de Ourense de prevaricación y pide 9 años de inhabilitación.
- ¿Quién está detrás? La Fiscalía Provincial de Ourense, tras una denuncia del exedil Telmo Ucha.
- ¿Qué impacto tiene? Si se abre juicio oral y hay condena, Jácome quedaría inhabilitado, lo que desestabilizaría el gobierno municipal de Ourense, sostenido por el PPdeG con apoyo de Democracia Ourensana.
La acusación de la Fiscalía: incompatibilidad y prevaricación
Según el escrito fiscal, Jácome desempeña la Alcaldía desde el 15 de junio de 2019 en régimen de dedicación exclusiva “sin haber interesado en ningún momento la compatibilidad” de ese cargo con las actividades profesionales privadas que desarrollaba al margen de su condición de regidor. El Ministerio Público sostiene que, mientras percibía la retribución municipal, mantenía negocios como la explotación de Auria TV —de la que era propietario y único responsable— y la administración de la mercantil Jolper Música SL hasta agosto de 2020.
El fiscal detalla las cantidades cobradas como alcalde: 36.501,63 euros en 2019, 69.925,94 euros en 2020, 70.555,24 euros en 2021, 73.024,70 euros en 2022, 75.215,42 euros en 2023, 77.457,30 euros en 2024 y 66.699,96 euros hasta noviembre de 2025. A eso se suman los ingresos brutos que atribuye a sus actividades privadas: en el caso de Auria Televisión, cifra 68.261,12 euros en 2019; 218.041,17 euros en 2020; 84.671,47 euros en 2021; 111.591,69 euros en 2022; 136.257,25 euros en 2023 y 89.905,23 euros en 2024. La acusación subraya que esas ocupaciones “no tenían el carácter de residual, secundario o marginal”.
La Fiscalía recoge que Jácome solicitó el 5 de agosto de 2019 la compatibilidad al Concello de Ourense (el ayuntamiento gallego) y desistió de la petición solo tres días después, el 8 de agosto. El escrito interpreta ese desistimiento como una admisión implícita de que el pleno municipal no iba a concedérsela. De hecho, el 3 de diciembre de 2021 el pleno aprobó una moción que instaba al alcalde a renunciar al sueldo por incompatibilidad.
El fiscal deja claro que las actividades privadas no eran ‘residuales, secundarias o marginales’, y que Jácome desistió de pedir la compatibilidad convencido de que no le sería concedida.
El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal y atribuye a Jácome la autoría. La inhabilitación especial de nueve años abarcaría cargos electivos, personal de confianza y puestos en administraciones, entes o sociedades públicas o mixtas. Con ese horizonte, el alcalde podría verse apartado de cualquier responsabilidad institucional hasta bien entrada la próxima década.
Los recursos y el camino hacia el juicio oral
La Audiencia Provincial de Ourense tiene pendientes de resolver los recursos de las partes. La defensa de Jácome insiste en el archivo de la causa, mientras que la acusación particular, ejercida por Telmo Manuel Ucha Álvarez, solicita ampliar los delitos investigados a falsedad documental y malversación de caudales públicos. La causa arrancó el 11 de abril de 2024, cuando Telmo Ucha presentó denuncia ante el Concello por el cobro del sueldo en dedicación exclusiva mientras mantenía actividades privadas, y fue judicializada el 20 de junio de ese año.
El escrito del fiscal propone ya las pruebas para el futuro juicio: la declaración del acusado, la testifical de Telmo Ucha y de dos agentes de la Policía Nacional, además de toda la documentación incorporada a la causa. Será la Audiencia Provincial la que determine si los hechos son constitutivos de delito y la responsabilidad penal del regidor. La solicitud de nueve años de inhabilitación sitúa el caso al borde de un posible juicio oral que, de celebrarse, podría prolongarse durante meses y condicionar la gobernabilidad de la tercera ciudad de Galicia.
El Laboratorio Gallego
Ourense es uno de los pocos grandes ayuntamientos gallegos gobernados con el respaldo clave de un partido de carácter marcadamente personalista. Democracia Ourensana no es una formación tradicional de ámbito autonómico, sino una plataforma local cuyo peso depende en exclusiva de la figura de Jácome. Esta dependencia personalista no es ajena al mapa político gallego: en otros concellos medianos y pequeños, independientes y partidos locales han servido de bisagra para los grandes, especialmente para el Partido Popular de Galicia (PPdeG), que en Ourense capital necesita el apoyo del alcalde para sostener la gobernabilidad.
La imputación de Jácome abre la incógnita sobre la estabilidad del gobierno municipal. Si el proceso desemboca en una inhabilitación —incluso cautelar—, el PPdeG podría verse forzado a buscar nuevos equilibrios, renegociar pactos o convocar elecciones anticipadas. Aunque la dirección autonómica no se ha pronunciado, el caso envía una señal a los ayuntamientos de toda Galicia: la Fiscalía está dispuesta a fiscalizar las compatibilidades de los alcaldes con dedicación exclusiva, un terreno históricamente gris en la política local gallega. El desenlace en la Audiencia Provincial de Ourense se observa como un termómetro de la capacidad del sistema autonómico para controlar sus propias instituciones.
La proyección más inmediata es la resolución de los recursos por parte de la Audiencia Provincial, prevista en los próximos meses, que determinará si el caso se convierte en el primer gran juicio de prevaricación contra un alcalde gallego desde la era de las mayorías absolutas del PPdeG. Con las municipales de 2027 en el horizonte, el calendario judicial podría interferir con el electoral, y el ejemplo de Ourense será inevitablemente citado en otros concellos donde las incompatibilidades de los cargos electos todavía no se han sometido a semejante escrutinio.
Ficha del Caso
- El caso: Acusación de prevaricación al alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, por mantener negocios privados mientras cobraba en dedicación exclusiva.
- Datos importantes: Pena solicitada: 9 años de inhabilitación. Sueldo percibido: más de 420.000 euros entre 2019 y 2025. Ingresos privados por Auria TV: cerca de 700.000 euros en el mismo período.
- Resumen: La Audiencia Provincial de Ourense debe resolver los recursos antes de fijar juicio; una eventual condena desestabilizaría el gobierno municipal y sentaría un precedente en el control de incompatibilidades de los cargos locales en Galicia.
