El desplome de la construcción de vivienda en Andalucía ha alcanzado un 95% en las últimas dos décadas, una cifra que evidencia la profundidad de la crisis del ladrillo en la comunidad. Los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo, que elabora el Ministerio de Vivienda, muestran además que la vivienda protegida se ha desplomado un 98% en el mismo periodo, un retroceso que ha reducido a la mínima expresión la oferta de pisos asequibles para las familias andaluzas.
Entre 2001 y 2010 se terminaron en Andalucía 1.090.451 viviendas, de las cuales 101.329 eran protegidas, casi un 10% del total. Dos décadas después, en el periodo 2021-2023, apenas se han acabado 47.160 pisos, y solo 2.239 de ellos llevaban la etiqueta de protección oficial. La obra nueva ha pasado de 109.000 viviendas al año a unas 15.700 anuales.
La caída es general en toda España, pero en Andalucía tiene un matiz especialmente doloroso: la vivienda protegida ha perdido peso relativo. Si en la primera década del siglo la comunidad aportaba el 18% de toda la vivienda pública nacional, en el último trienio ese porcentaje se ha desplomado hasta el 7,7%, un indicador de que la administración autonómica construye muchos menos pisos para los sectores más vulnerables que la media del país.
Este desplome es el telón de fondo de una controversia institucional que amenaza con judicializarse. La Junta de Andalucía, con sede en Sevilla, acaba de aprobar en su Consejo de Gobierno un requerimiento de incompetencia contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, paso previo a un conflicto positivo de competencias que resolvería el Tribunal Constitucional.
Andalucía ha pasado de levantar más de 100.000 viviendas al año a menos de 16.000, mientras la vivienda protegida se ha evaporado: de 10.000 anuales a apenas 750.
El desencuentro tiene dos patas. La primera es contable: el nuevo plan eleva la inversión total prevista hasta los 1.197 millones de euros, casi cuatro veces más que en los convenios anteriores, pero cambia el reparto de la cofinanciación. Hasta ahora, el Estado asumía el 75% y la Junta el 25%. El nuevo esquema plantea un 60-40, con 718,20 millones del Gobierno central y 478,80 millones de la Junta. La administración autonómica alega que se le impone un gasto que no ha decidido, una intromisión en su autonomía financiera.
La segunda discrepancia es de fondo: la protección permanente. El Gobierno quiere blindar las viviendas con financiación pública para que no puedan descalificarse y venderse como libres pasado un tiempo. La Junta, amparándose en su propia Ley de Vivienda, defiende que los pisos protegidos por promotores privados sí puedan perder esa condición si devuelven las ayudas recibidas, y que solo los promovidos directamente por la administración queden blindados. El desacuerdo es tan profundo que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo —hoy alcaldesa de Granada— ya advirtió en mayo que la aprobación del plan en la Conferencia Sectorial se ceñía al reparto, pero no al resto de condiciones.
Mientras los recursos administrativos avanzan, los números siguen hablando: el parque de vivienda nueva en Andalucía es insuficiente para cubrir la demanda, y la vivienda protegida es prácticamente testimonial. La tasa de emancipación juvenil se resiente y los precios del alquiler no dejan de subir en las capitales, especialmente en Málaga y Sevilla.
La Lectura Andaluza
Los datos del Observatorio de Vivienda dibujan un paisaje de destrucción de capacidad constructora que ha durado más de quince años y que ahora choca con una necesidad social acuciante. Andalucía fue uno de los motores del ladrillo antes de la crisis de 2008, y también uno de los territorios que más ha sufrido la resaca inmobiliaria. El 95% de desplome es similar al del conjunto de España, pero el hundimiento de la vivienda protegida —del 98%— es más profundo que la media nacional, y eso significa que la región ha dejado de construir pisos asequibles justo cuando más falta hacen.
El valor de proximidad es rotundo: miles de jóvenes andaluces no pueden independizarse, las listas de espera para un piso público se alargan y el alquiler en zonas tensionadas como la Costa del Sol obliga a destinar más del 40% del sueldo a pagar el techo. La promesa de una mayor inversión pública en vivienda llega envuelta en un conflicto de competencias que puede paralizar la ejecución del plan durante meses, o incluso años. El precedente de otros recursos ante el Constitucional indica que la resolución puede demorarse más de un ejercicio, y mientras tanto, los recursos no fluyen.
La proyección es incierta. La Junta ha movido ficha con el requerimiento de incompetencia, y el Gobierno central defiende la necesidad de blindar la protección permanente para evitar la especulación con pisos que un día fueron públicos. Las próximas semanas serán clave para saber si hay margen para un acuerdo en la Comisión Bilateral o si, como todo apunta, el choque termina en el Constitucional. Andalucía, mientras tanto, mira cómo el ladrillo de la necesidad sigue sin levantarse.
