Vox ha vuelto a demostrar su capacidad para influir en la agenda del centro-derecha con el acuerdo de gobierno alcanzado en Castilla y León, que sitúa la prioridad nacional y la privatización de servicios públicos como pilares de la legislatura, según el texto rubricado con el Partido Popular. La investidura de Alfonso Fernández Mañueco, que tuvo lugar a comienzos de mes, consagró un gobierno con dos vicepresidencias y diez consejerías, de las que Vox controla tres áreas clave.
La hoja de ruta de Vox: nacionalidad, inmigración y gestión privada
El documento, de 62 páginas y 324 medidas, reparte diez consejerías entre ambas formaciones, aunque es Vox quien marca el paso ideológico. La formación de Santiago Abascal asume las áreas de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales —con competencias en inmigración y cooperación—, Agricultura y Política Ambiental, y Cultura, Turismo y Deporte. Carlos Pollán, líder de Vox en la comunidad, ocupará la vicepresidencia y coordinará las consejerías de su formación. Una distribución que otorga al partido el control sobre los puntos más sensibles de su programa.
En materia de inmigración, el pacto es un calco de los acuerdos firmados en Extremadura y Aragón. ‘No más menores extranjeros no acompañados’, reza el texto, junto a la verificación de edad de los inmigrantes en situación irregular, la supresión de subvenciones a entidades que promuevan la inmigración ilegal y la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos. Pero la medida estrella es la declaración de la prioridad nacional, que reserva el acceso a las ayudas sociales para los ciudadanos españoles y que el propio presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, calificó de ‘criterio inspirador’ durante la presentación del acuerdo.
La gestión de los incendios forestales también incorpora la impronta de Vox. El pacto apuesta por ‘incrementar de forma efectiva la colaboración público-privada para asegurar la limpieza y repoblación de los bosques’, lo que aleja a la comunidad de las promesas de un operativo cien por cien público, una reclamación de las asociaciones de bomberos forestales. Para el partido de Abascal, la participación privada es garantía de eficiencia y de alivio de las arcas autonómicas, en línea con su defensa de la desregulación y la reducción del gasto superfluo.
Impacto y reacciones: sindicatos en pie de guerra, pero con escaso recorrido legal
La firma del pacto ha desatado las críticas de los sindicatos, con UGT al frente. Su secretario general en la comunidad, Óscar Lobo, denunció durante la semana pasada la creación de un ‘falso problema’ en torno a la inmigración, recordando que Castilla y León es una de las regiones más despobladas de la Unión Europea. Además, amenazó con llevar a los tribunales el recorte del 50 % de las subvenciones sindicales previsto en el acuerdo, tal y como ocurrió en 2022, cuando la Justicia obligó a la Junta a revertir una medida similar.
Sin embargo, los precedentes judiciales no apuntan a una victoria fácil para los sindicatos. Aquella sentencia se basó en un defecto formal en la tramitación del recorte, no en el fondo de la medida. Ahora, con un gobierno de coalición que cuenta con mayoría absoluta en las Cortes autonómicas, Vox tiene capacidad para impulsar las reformas con plena cobertura legal. ‘Si están dispuestos, nos volveremos a ver en los tribunales’, replicó Lobo, pero la dirección de Vox confía en que la nueva redacción del acuerdo blinda las medidas.
El nuevo pacto en Castilla y León no solo replica las fórmulas de Extremadura y Aragón: convierte a Vox en el socio que fija la agenda del centro-derecha en toda España.
Estrategia nacional: Vox marca el paso al PP y prepara nuevas conquistas
El acuerdo llega en un momento en que Vox afianza su papel como socio necesario para el PP en aquellos territorios donde los populares no logran mayorías absolutas. Tras los pactos de Extremadura y Aragón, Castilla y León era la última pieza pendiente para cerrar un ciclo que coloca a la formación de Abascal como referente del giro a la derecha en políticas migratorias, fiscales y de gestión pública. ‘Andalucía no puede ser menos’, advirtió el líder de Vox en esa comunidad, Manuel Gavira, en un mensaje que apunta a nuevas negociaciones tras las próximas elecciones autonómicas.
El silencio en el pacto sobre la violencia de género o los derechos LGTBIQ+ no es una renuncia, sino una muestra de pragmatismo. Vox ha preferido centrarse en los puntos donde la coincidencia con el PP es mayor, evitando así una ruptura prematura como la de 2024. Sin embargo, su huella ideológica es inequívoca: el concepto de prioridad nacional ya forma parte del vocabulario político de la derecha castellana y leonesa, y las tres consejerías que dirige le permiten pilotar la política migratoria, el campo y la cultura desde sus propios principios.
La lectura estratégica es clara. Vox no solo condiciona la investidura de Mañueco, sino que ha logrado que el PP asuma medidas que hasta hace poco eran tabú para los populares. El acuerdo de Castilla y León es, en esencia, una hoja de ruta exportable. Mientras el PP de Feijóo intenta modular los pactos con Vox sin ceder en exceso, el partido de Abascal demuestra que la mejor manera de influir es ocupar espacios de poder y demostrar que la gobernabilidad no peligra cuando se aplica su programa. El PP de Mañueco ya ha asumido que las políticas de Vox no desestabilizan la acción de gobierno, sino que canalizan una demanda social de mano dura en inmigración y gestión eficiente de los recursos. La experiencia castellana y leonesa será un espejo para futuras negociaciones en otras comunidades, y el aviso a Génova es nítido: no hay mayoría de centro-derecha sin Vox.
