Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, aseguró este lunes en exclusiva a Breitbart News que las deportaciones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos durante 2026 superarán en las próximas seis semanas la totalidad de las expulsiones registradas en 2025. Un ritmo de expulsión que, según sus palabras, no tiene precedentes en la historia reciente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Estamos en un camino este año —2026— para superar ampliamente lo que hicimos en 2025”, declaró Mullin desde la sede del DHS en Washington. “Calculo que en las próximas seis semanas, probablemente, igualaremos lo deportado en todo 2025; en dos meses lo habremos duplicado”.
Una estrategia centrada en los peores delitos
El secretario explicó que el enfoque de la administración se ha centrado en los inmigrantes con antecedentes penales o con órdenes de deportación firmes de un juez, evitando redadas indiscriminadas. “Vamos a por los peores de los peores”, subrayó. La operativa consiste en localizar a individuos con condenas por delitos graves, órdenes finales de expulsión o que hayan incumplido los términos de su visado; a menudo, los agentes del ICE encuentran a otros tres o cuatro inmigrantes ilegales conviviendo con el objetivo principal y los detienen también.
“Raramente están solos”, afirmó Mullin. “La media es de más de cuatro ocupantes adicionales en cada arresto, y procedemos a su expulsión de inmediato”. Esta política ha disparado las cifras de deportación, pero también ha generado roces con políticos demócratas y con algunas ciudades que se niegan a colaborar con las autoridades federales.
Como parte de su ofensiva, el DHS está ampliando el programa 287(g) —que permite a policías locales y estatales actuar como agentes auxiliares de inmigración— y ha encontrado una acogida notable en municipios de estados tradicionalmente demócratas. Mullin citó los casos de Florida y Oklahoma como los más activos, pero también mencionó contactos con departamentos de California y Nueva Jersey interesados en sumarse al plan, pese a las reticencias de los políticos locales.
El secretario Mullin no esconde el objetivo: “Una muerte por un ilegal es 100% evitable”. En Tennessee, 41 muertes en 12 meses relacionadas con inmigrantes sin papeles.
El secretario, que el próximo jueves cumplirá cien días en el cargo tras sustituir a Kristi Noem, defendió su gestión con un tono llano y directo. “Todavía me siento el hombre más afortunado del mundo”, confesó. “No cambiaría mi puesto por ningún otro, ni por el de otro miembro del gabinete. Me encanta proteger la patria”.
El impacto en la relación bilateral con España
Aunque España no figura en las rutas migratorias prioritarias del DHS, el endurecimiento de la política estadounidense tiene consecuencias indirectas para las relaciones bilaterales. Estados Unidos deportó en 2025 a unos 150 ciudadanos españoles, en su mayoría por infracciones de visado o delitos menores; con la nueva ofensiva, cualquier español en situación irregular podría enfrentar una expulsión acelerada y, lo que es más relevante, un mayor escrutinio consular.
El Gobierno de España sigue de cerca la evolución del programa 287(g), especialmente en estados como Florida, donde reside una numerosa colonia española. La cooperación entre policías locales y agentes federales podría traducirse en controles aleatorios que afecten a turistas o estudiantes con la documentación en regla pero sin margen de error burocrático. Además, la presión migratoria obliga al DHS a revisar los acuerdos de exención de visado; un endurecimiento de las condiciones golpearía al turismo español, uno de los sectores que más aportan a la balanza de servicios entre ambos países.
La Lógica de Washington
Detrás de la aceleración de las deportaciones hay una lógica que casa con la promesa central de Donald Trump en campaña: devolver la seguridad a las calles y demostrar que el sistema puede expulsar a quienes ya tienen una orden de un juez. La administración no está inventando una política nueva; está exprimiendo la maquinaria existente y ofreciendo incentivos a los estados para que colaboren, replicando el modelo que en los años noventa permitió a Bill Clinton aumentar las deportaciones sin alterar las leyes.
El precedente más claro es la operación Gatekeeper de 1994, que combinó más agentes en la frontera con una cooperación local intensa. Ahora, Trump busca un doble efecto: contentar a su base electoral más dura y enviar un mensaje a los países de origen —incluidos los europeos— de que el que no cumpla la ley será expulsado. La coalición que sostiene esta estrategia aúna a los republicanos más conservadores con sectores sindicales que ven en la inmigración irregular una amenaza para los salarios bajos.
Para España, el desafío no es tanto el número de deportados como el tono de la relación. La administración Trump ha dejado claro que prioriza los intereses domésticos por encima de las sensibilidades diplomáticas, y un incidente con un español famoso podría tensar el vínculo. Sin embargo, los canales entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Departamento de Estado siguen abiertos, y las bases militares de Rota y Morón otorgan a España un peso estratégico que la administración no quiere poner en riesgo. La próxima ventana clave será la reunión del Diálogo de Alto Nivel prevista para después del verano, donde la política migratoria figurará, sin duda, en la agenda.
Ficha del Caso
- El caso: El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, anuncia que las deportaciones en 2026 superarán a las de todo 2025 en cuestión de semanas, apoyándose en la colaboración con policías locales y en la detención de inmigrantes con antecedentes penales.
- Datos clave: El ritmo actual permite igualar las cifras de 2025 en seis semanas; el programa 287(g) reembolsa a los departamentos locales el equipo y los salarios de los agentes; Florida y Oklahoma lideran las detenciones; los arrestos rara vez afectan a una sola persona —media de más de cuatro ocupantes adicionales—.
- Para España: El endurecimiento migratorio amenaza con complicar la situación de los españoles en EE.UU., endurecer el visado de turista y poner a prueba la diplomacia bilateral, aunque las bases militares mutuas atenúan el riesgo de un choque directo.
