Vox ha vuelto a inspirar al Partido Popular con un nuevo pacto de gobierno en Castilla y León que incluye la ‘prioridad nacional’ y la privatización de servicios como la prevención de incendios, replicando los modelos de Extremadura y Aragón.
El documento, presentado a principios de junio, consta de 62 páginas, 19 ejes y 324 medidas, y ha servido de base para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta el pasado 9 de junio. El acuerdo otorga estabilidad a la comunidad, según ambos partidos, y reparte las diez consejerías: siete para el PP y tres para Vox.
Las claves del acuerdo: prioridad nacional y control migratorio
La primera medida del apartado de inmigración es contundente: ‘No más menores extranjeros no acompañados (MENAS). Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central. El presidente Mañueco justificó la inclusión de este punto, que ya provocó la ruptura del anterior pacto en 2024, con datos: ‘Estamos por encima de nuestra capacidad, tenemos 130 plazas y 186 menores no acompañados en estos momentos’. Además, el acuerdo recoge la verificación de la edad de los inmigrantes, la supresión de subvenciones a entidades que fomenten la inmigración irregular y la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos, medidas estrella de la formación de Santiago Abascal.
Vox gestionará tres consejerías de peso: la nueva Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que asume competencias en inmigración y juventud; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, con la excepción de la gestión de incendios; y Cultura, Turismo y Deporte. La vicepresidencia recaerá en Carlos Pollán, que dirigirá la política de la Junta desde una óptica de ‘desregulación’.
El pacto apuesta por la colaboración público-privada en la prevención y extinción de incendios, alejándose de la promesa de un operativo 100% público. La medida ha sido defendida por Vox como una forma de agilizar la limpieza y repoblación de montes, aunque sindicatos y asociaciones de bomberos forestales la consideran un retroceso.
El pacto en Castilla y León no solo consolida la presencia de Vox en la Junta, sino que marca un precedente para otros territorios donde el PP necesita sus votos.
Viabilidad y reacciones: el choque con los sindicatos
UGT, a través de su secretario general en Castilla y León, Óscar Lobo, acusó a Vox de generar un ‘falso problema’ con la inmigración en una de las regiones más despobladas de la UE. También criticó la reducción del 50% en las subvenciones sindicales, recordando que la justicia ya obligó a la Junta a revertir esa medida en 2022.
A pesar de las críticas, Mañueco defendió la legalidad del acuerdo y la necesidad de priorizar a los castellanos y leoneses en el acceso a los servicios sociales. ‘El criterio de prioridad nacional es un instrumento inspirador que ya funciona en otras comunidades’, afirmó, en referencia a los pactos de Aragón y Extremadura, donde Vox ya ha logrado imponer parte de su agenda.
La estrategia de Vox: condicionar al PP desde los territorios
El pacto de Castilla y León no es un hecho aislado: Vox ha sabido replicar una fórmula que ya le dio resultados en Extremadura y Aragón. Con esta estrategia, la formación que lidera Abascal demuestra que puede condicionar las políticas autonómicas incluso sin ser la fuerza mayoritaria, obligando al PP a aceptar medidas de calado ideológico a cambio de la investidura.
Fuentes del partido consultadas por este medio señalan que el objetivo es extender este modelo a otras comunidades donde el PP pueda necesitar apoyos tras futuras elecciones. El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ya ha advertido que ‘Andalucía no puede ser menos’. La jugada, además, presiona al PP a nivel nacional, evidenciando que los populares no tienen reparos en asumir políticas de Vox cuando los números lo exigen.
Con este nuevo acuerdo, Vox consolida su presencia institucional y afianza su discurso de defensa de la soberanía nacional y la reducción del gasto político. La legislatura que arranca en Castilla y León será un campo de pruebas para demostrar que sus propuestas son viables, tanto en lo social como en lo económico.
