Vox ha logrado que el nuevo Gobierno andaluz de coalición con el Partido Popular no renueve el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), una decisión que eliminará estas clases complementarias en más de 90 centros educativos públicos, con un impacto especialmente intenso en la provincia de Almería.
El argumentario de Vox: frenar la injerencia extranjera y preservar la identidad
La exigencia de Vox, plasmada en el pacto suscrito por el presidente Juanma Moreno y el líder de Vox Andalucía, Manuel Gavira, se enmarca en una estrategia más amplia contra lo que la formación considera injerencias de países extranjeros en la educación española. El texto del acuerdo recoge expresamente el compromiso de retirar la adhesión de la Junta al programa nacional que da cobertura a estas enseñanzas y añade que el Ejecutivo autonómico impulsará «el respeto a los usos y costumbres de España» y rechazará cualquier iniciativa que pueda interpretarse como adoctrinamiento, injerencia o intento de diluir la identidad propia.
Para la dirección de Vox, el PLACM —con profesores designados por las autoridades marroquíes— suponía una vía de influencia exterior y un paso hacia lo que denuncian como «islamización» de la comunidad. Es un discurso que Santiago Abascal ha mantenido desde la llegada del partido al Parlamento andaluz y que ahora se traduce en una medida concreta de gobierno.
Impacto en las aulas: casi un centenar de centros y Almería como epicentro
Según los datos del Ministerio de Educación, Andalucía cuenta con más de 90 colegios e institutos adheridos al PLACM, de los cuales 38 se encuentran en Almería, lo que representa cerca del 40 % del total. La concentración es especialmente alta en municipios con una fuerte presencia de familias de origen magrebí como El Ejido, Roquetas de Mar, Níjar, Vícar, La Mojonera o Huércal-Overa.
Las clases se imparten fuera del horario lectivo y son voluntarias, pero la decisión de la Junta de no renovar la adhesión al convenio bilateral entre España y Marruecos supondrá su desaparición completa del sistema educativo andaluz. Para que la supresión sea efectiva, el nuevo Ejecutivo deberá formalizar el fin de su participación en el programa estatal, un trámite administrativo que se ha comprometido a culminar en los próximos meses.
El impacto será inmediato, sobre todo en la provincia de Almería, donde decenas de centros organizaban estas enseñanzas como parte de su oferta complementaria tras la jornada escolar. La ruptura del convenio, además, impedirá que las autoridades marroquíes sigan designando al profesorado, un aspecto que Vox considera clave para frenar lo que ve como un intento de control exterior sobre el alumnado de origen magrebí.
La supresión del PLACM no es solo un gesto político: obliga a la Junta de Andalucía a romper con un convenio bilateral que Vox denuncia como un instrumento de influencia exterior.
La estrategia de Vox: marcar perfil y condicionar al PP
La inclusión de esta cláusula en el pacto de investidura no es un detalle menor. Vox demuestra que ha logrado imponer parte de su agenda identitaria en un Gobierno autonómico liderado por el PP, obligando a los populares a adoptar una postura más restrictiva en materia de inmigración y educación que la que mantienen en el discurso nacional. La eliminación del PLACM sirve como primer gran gesto de la coalición y envía un mensaje claro hacia el resto de España: Vox está dispuesto a utilizar su poder territorial para enfrentar lo que considera una islamización progresiva.
La medida tiene una lectura interna para el PP: Juanma Moreno asume una decisión que en Moncloa o Génova podrían ver con recelo, pero que responde a la realidad de una comunidad con una elevada inmigración magrebí y un caldo de cultivo para el discurso de Vox. A cambio, el partido de Abascal refuerza su papel de socio exigente y se sitúa en una posición de fuerza para futuras negociaciones presupuestarias o legislativas en la comunidad.
Más allá de lo simbólico, el movimiento coloca a Vox como el garante de que el Gobierno andaluz cumpla con lo pactado, evitando que el PP diluya el acuerdo en el terreno educativo. De cara a próximas elecciones, el partido podrá presentar esta decisión como una conquista tangible de su agenda, especialmente en provincias como Almería donde el discurso sobre inmigración y seguridad cultural tiene un arraigo electoral propio.
