Vox ha conseguido regresar a los gobiernos autonómicos con el PP tras dos años de oposición, y lo hace imponiendo la ‘prioridad nacional’ como medida estrella en los acuerdos firmados en Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y León. El partido que lidera Santiago Abascal no solo vuelve a la gestión con más poder económico y competencias que en 2023, sino que ha logrado que el PP asuma un programa que limita las ayudas a inmigrantes, elimina subvenciones a ONG y protege a los nacionales en el acceso a los servicios sociales.
La propuesta de Vox: prioridad para los españoles y control de la inmigración
La ‘prioridad nacional’ es el principal triunfo ideológico de Vox en esta ronda de pactos. Según los documentos firmados por Juan Manuel Moreno en Andalucía, Alfonso Fernández-Mañueco en Castilla y León, Jorge Azcón en Aragón y María Guardiola en Extremadura, los nuevos gobiernos prohibirán la llegada de más menores extranjeros no acompañados y expulsarán a los que ya se encuentran en esos territorios. Además, se endurecerán las condiciones de estancia en los centros de internamiento y se retirarán las subvenciones a organizaciones como Cruz Roja o Cáritas que asisten a migrantes.
Para Vox, esta política no es xenofobia, sino sentido común. Fuentes de la dirección nacional explican a Moncloa.com que la medida responde a una exigencia de los españoles que ven cómo los servicios sociales se colapsan mientras la inmigración irregular sigue creciendo. “No se puede atender a todo el mundo con recursos limitados. Primero los de casa”, resume un portavoz del partido. La medida se completa con la exigencia de arraigo y trayectoria de cotización previa para acceder a viviendas sociales o ayudas estructurales, lo que, en la práctica, excluye también a quienes han permanecido en la economía sumergida sin cotizar.
Otro capítulo relevante de los acuerdos es la eliminación de cualquier referencia a la violencia de género o a las políticas LGTBIQ+, sustituidas por un enfoque de protección a la familia natural y de neutralidad institucional. Para Abascal, se trata de “acabar con el adoctrinamiento ideológico” que, a su juicio, ha dominado las administraciones en los últimos años.
Qué implica el regreso de Vox en términos de poder y gestión
Más allá de la carga simbólica, Vox ha logrado cuatro vicepresidencias y varias consejerías con competencias de primer orden. En Andalucía, Manuel Gavira será vicepresidente y gestionará Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. La cartera de Turismo es especialmente sensible: con 37,9 millones de visitantes en 2025 y un peso del 13 % del PIB andaluz, según datos de la Junta de Andalucía, Vox podrá influir en un sector clave. La de Justicia, por su parte, le otorga el control administrativo de todos los juzgados de primera instancia, incluyendo la justicia juvenil, lo que permitirá al partido aplicar sus criterios en la contratación y en las políticas de menores.
En Aragón, Alejandro Nolasco repite como vicepresidente primero, con tres consejerías que incluyen Servicios Sociales, Agricultura y Turismo. En Castilla y León, la estructura es similar, y en Extremadura, los ultras se quedan con Desregulación, Servicios Sociales y Familia, y Agricultura. En todas las comunidades, además, los pactos incluyen el nombramiento de sendos senadores de designación autonómica y puestos en las mesas de los parlamentos regionales, lo que refuerza la presencia institucional de Vox.
Vox ha conseguido imponer al PP la ‘prioridad nacional’ en cuatro autonomías, una medida que limita las ayudas a inmigrantes y elimina subvenciones a ONG, marcando un antes y un después en la política social territorial.
A diferencia de la etapa anterior, los nuevos vicepresidentes contarán con presupuestos propios y capacidad de decisión real. Aquella primera experiencia, marcada por la inexperiencia y los escasos recursos, llevó a Vox a romper los gobiernos en julio de 2024, un movimiento que ahora se revela como un repliegue táctico para volver con más fuerza.
La estrategia de Vox: forzar al PP a asumir su agenda
El retorno de Vox al poder autonómico evidencia que la dirección nacional acertó al romper los anteriores ejecutivos en 2024. Entonces, la decisión fue criticada como un suicidio político, pero dos años después los hechos le dan la razón. Feijóo, que prometió gobernar en solitario, ha tenido que ceder más competencias y más presupuesto para asegurarse cuatro gobiernos estables. Vox, por su parte, ha demostrado que sin su apoyo el PP no puede gobernar en esas comunidades, y ha utilizado esa posición para imponer su agenda más identitaria.
Entre las cesiones más destacadas está la rebaja de la protección medioambiental. Los acuerdos recortan las zonas de la Red Natura 2000 y otros espacios protegidos, criminalizan las energías renovables y defienden la energía nuclear. Aunque el impacto material está por evaluar, el giro político es evidente: el PP ha abandonado su discurso verde para plegarse a las tesis de Vox, que considera las políticas climáticas un lastre económico.
El pulso entre Vox y el PP no se limita a las autonomías. La asunción por parte de Feijóo de la ‘prioridad nacional’ y el rechazo a la inmigración descontrolada demuestra que la presión de Abascal está transformando al centroderecha. Con las elecciones generales a la vista, Vox se consolida como el actor indispensable para cualquier alternativa al Gobierno de Sánchez, y ha dejado claro que su apoyo no será gratis.
