EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La dirección del PP ha acusado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, de ser ‘cooperadora necesaria’ de la cloaca del PSOE por no suspender al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, imputado por obstrucción a la justicia.
- ¿Quién está detrás? La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, y el secretario general, Miguel Tellado, han liderado las críticas, respaldados por las portavoces en el Congreso y el Senado.
- ¿Qué impacto tiene? El PP ha registrado una PNL para exigir el cese de la directora general de la Guardia Civil y ha pedido la comparecencia urgente de Robles y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La cúpula del Partido Popular ha lanzado este viernes 3 de julio de 2026 un ataque frontal contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que acusa de convertirse en «cooperadora necesaria» de las cloacas del PSOE si no suspende de inmediato al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, imputado por un juez de la Audiencia Nacional por presunta obstrucción a la justicia.
El Reglamento de personal del Instituto Armado, aprobado mediante el Real Decreto 728/2017 de 21 de julio, otorga a la ministra la potestad para apartar a cualquier mando investigado. Sin embargo, Robles mantiene a Llamas en su puesto mientras la Fiscalía Anticorrupción sostiene que este intentó frenar procesos judiciales que perjudicaban al entorno del presidente Pedro Sánchez.
«Si el propio régimen de la Guardia Civil avala la suspensión del DAO al ser imputado, ¿por qué Margarita Robles sigue de brazos cruzados? Si no lo suspende, será una cooperadora necesaria de la cloaca», ha advertido Alma Ezcurra en sus redes sociales. El secretario general, Miguel Tellado, ha ido más lejos: «Margarita Robles puede suspender al DAO. Si tuviera dignidad, sería valiente y lo haría. El problema es que todos en ese Gobierno han atado su voluntad a la de Sánchez».
Por qué Génova aprieta ahora: el régimen de la Guardia Civil obliga a actuar
La ofensiva se sustenta en una base reglamentaria que Génova considera inequívoca. El Real Decreto 728/2017 establece que los mandos de la Guardia Civil pueden ser suspendidos cautelarmente si están imputados por delitos graves, precisamente para evitar que interfieran en la investigación. Llamas y la directora del cuerpo, Mercedes González —cuyo cese compete al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska— están imputados por prevaricación y obstrucción a la Justicia.
«Es de máxima gravedad», ha subrayado la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, en una entrevista en Telecinco. «El encargo que tenían las cloacas del PSOE era obstaculizar la acción de la Justicia protegiendo al entorno de Pedro Sánchez. Lo dice el propio informe de la Fiscalía Anticorrupción». Gamarra ha instado directamente a Robles a que suspenda al DAO y ha denunciado que desde Moncloa y Ferraz se «refrenda y respalda» a la dirección general investigada.
Margarita Robles tiene en su mano apartar al DAO imputado; si no actúa, el PP interpretará su inacción como un acto de complicidad orgánica con la trama que investiga la Audiencia Nacional.
Ofensiva parlamentaria: del Congreso al Senado
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este mismo viernes una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para exigir el cese inmediato de Mercedes González. Paralelamente, ha solicitado la comparecencia urgente de la ministra de Defensa y del titular de Interior, así como una batería de preguntas escritas en las que emplaza al Ejecutivo a explicar «por qué no se han incoado los correspondientes expedientes disciplinarios y de suspensión» contra los agentes implicados.
La portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha vinculado la pasividad del Gobierno con la protección del presidente: «No están protegiendo a Mercedes González. Es Sánchez protegiéndose a sí mismo. Por eso no van a cesar a nadie ni aunque les condenen». En el Senado, la portavoz Alicia García ha remachado: «El régimen de la Guardia Civil permite suspender al DAO imputado, y el Gobierno se niega. ¿Por qué blindar al mando investigado por obstruir a la UCO? Porque el rastro lleva a la puerta de Sánchez».
El Eje del Poder Popular
La maniobra de Génova trasciende el caso concreto y se enmarca en una estrategia de desgaste institucional contra el Ejecutivo que el PP viene desplegando desde el inicio de la legislatura. Al centrar el foco en Robles —una ministra con perfil de independiente y prestigio entre sectores moderados—, el partido busca quebrar el cordón sanitario que Moncloa intenta mantener sobre las cloacas del PSOE y arrastrar la controversia al Consejo de Ministros.
La cúpula popular se ha alineado sin fisuras. Las declaraciones de Ezcurra, Tellado, Gamarra, Muñoz y García muestran un argumentario unificado: el Gobierno tiene la obligación legal de apartar a los investigados, y su negativa equivale a una confesión de parte. Los barones autonómicos, aunque no se han pronunciado formalmente, comparten el diagnóstico. De hecho, en territorios como Madrid o Andalucía la dirección regional respalda la ofensiva como un refuerzo del discurso de limpieza institucional que Feijóo quiere capitalizar.
El riesgo para el PP es mínimo desde el punto de vista jurídico: el real decreto es claro. La incógnita es la ventana temporal. Si Robles o Marlaska no ceden, Génova apretará con las comparecencias y con la PNL, que podría votarse en las próximas semanas. La estrategia es doble: mantener la presión mediática y forzar al PSOE a retratarse en el Congreso defendiendo a dos altos cargos imputados.
El precedente más inmediato se remonta al caso del coronel Pérez de los Cobos, cesado en 2020 por el entonces ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, tras negarse a filtrar información sobre el 8‑M. Entonces el PP denunció un uso partidista de la Guardia Civil; ahora, la acusación es simétrica: el Gobierno protege a mandos leales para ocultar una trama de espionaje judicial. La diferencia es que, en esta ocasión, el PP controla el Senado y puede activar comisiones de investigación si la mayoría absoluta de la Cámara Alta lo estima oportuno.
Con esta ofensiva, Génova no solo acorrala a Robles: lanza un mensaje a sus propios cuadros de que no permitirá un solo flanco de corrupción sin respuesta. El próximo hito será la votación de la PNL y las comparecencias en comisión, que determinarán si el Ejecutivo se ve obligado a mover ficha o si opta por enquistar la crisis.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La pasividad de Robles la convierte en cómplice de la cloaca del PSOE; el Gobierno utiliza las instituciones para protegerse.
- Protagonista: Alma Ezcurra (vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP).
- Próximo hito: Debate de la PNL en el Congreso y solicitud de comparecencias, sin fecha cerrada pero que Génova quiere agilizar antes del final de julio.
