EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La jueza instructora de la DANA ha dictado un auto en el que cuestiona la actuación de la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, el 29-O.
- ¿Quién está detrás? La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, de la causa de la DANA, ha evaluado el testimonio de Mazzolari, dirigente del PP.
- ¿Qué impacto tiene? El auto contradice la versión de la alcaldesa de Chiva y rechaza imputar a la vicepresidenta por falta de “posición de garante”, aunque deja en evidencia la gestión del PP provincial.
Reme Mazzolari, vicepresidenta de la Diputación de Valencia y responsable del área de Carreteras, ha quedado en el foco de la investigación judicial sobre la DANA. La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha dictado un auto este viernes 3 de julio en el que “llama poderosamente la atención” que la dirigente del PP teletrabajara en su domicilio aquel 29 de octubre de 2024 pese a la alerta roja, desconociera el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y se enterara del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) —el órgano autonómico de gestión de emergencias— por la televisión mientras se disponía a preparar la cena.
La resolución, avanzada por eldiario.es, recoge que la vicepresidenta permaneció en casa teletrabajando “ante un proceso meteorológico de tanta gravedad, anunciado por los medios”, sin mayor preocupación hasta bien entrada la tarde. Ese relato choca de lleno —la jueza utiliza la palabra contradize— con el testimonio de la alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, quien aseguró que Mazzolari la llamó sobre la hora de comer para preguntar por la situación en la cabecera del barranco del Poyo.
El desconocimiento de hechos tan graves por parte de quien era la segunda al mando de la Diputación retrata el caos institucional de aquella jornada.
Lo que la jueza ve y lo que descarta
El auto detalla que los altos funcionarios de Recursos Humanos de la Diputación fueron quienes, sin intervención política, ordenaron mandar a casa a los trabajadores a las 14.00. Mazzolari no participó en esa decisión. La instructora subraya que, para que exista responsabilidad penal, resulta imprescindible ostentar una posición de garante en la gestión de la emergencia, algo que la vicepresidenta provincial no tenía según la normativa autonómica de protección civil y el plan especial de inundaciones.
Por eso, la magistrada ha rechazado las diligencias propuestas por una acusación particular, entre ellas un careo entre Mazzolari y la alcaldesa de Chiva, así como la imputación formal de la dirigente popular. “No basta la atribución de una infracción administrativa si no viene acompañada de una posición de garante que la testigo no ostentaba”, recoge la resolución, dejando claro que la responsabilidad penal se ciñe a quienes tenían el deber normativo de actuar.
Contradicciones y la sombra del 29-O
Mientras Reme Mazzolari aseguraba desconocer la gravedad de la situación hasta ver la televisión autonómica, Amparo Fort mantuvo en su testifical del pasado 29 de junio que la vicepresidenta la llamó alrededor del mediodía. La jueza ve en esa diferencia un indicio de la descoordinación que vivió la cúpula del PP en la provincia. A eso se suma otro dato: Mazzolari tampoco contactó con el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, ni supo del despliegue de la UME, pese a que los medios ya informaban de una catástrofe.
La resolución no castiga a la vicepresidenta, pero sí dibuja una actuación institucional alarmantemente pasiva. El auto, en definitiva, describe a una dirigente del partido que gobierna la Comunitat Valenciana desconectada de la emergencia mientras Valencia se anegaba. Esa imagen vuelve a proyectarse sobre la gestión completa de la DANA y añade presión sobre el president de la Generalitat, Carlos Mazón.
El Escenario Valenciano
En la Comunitat Valenciana, este episodio judicial aviva el debate sobre la cadena de mando durante la DANA. Que la vicepresidenta de la Diputación no supiera de la reunión del Cecopi hasta horas después pone en entredicho la coordinación entre administraciones, una de las grandes fallas señaladas por las comisiones de reconstrucción. El pacto PP-Vox que sostiene al Consell de Mazón ya ha sufrido erosiones por las críticas a la gestión de la emergencia, y este auto, aunque no impute a Mazzolari, ofrece munición a la oposición de PSPV y Compromís, que llevan meses exigiendo responsabilidades políticas más allá de las penales.
A escala nacional, la decisión de la jueza Ruiz Tobarra se inscribe en un contexto de señalamiento creciente del Gobierno de España hacia la administración autonómica y provincial del PP. Mientras en el Congreso se discuten las lecciones de la DANA para el sistema nacional de protección civil, el hecho de que una dirigente popular confiese que se enteró del Cecopi por televisión alimenta la narrativa de quienes abogan por una mayor centralización de las emergencias. El siguiente hito llegará en septiembre, cuando está prevista la comparecencia de más altos cargos autonómicos, entre ellos el propio Mazón, ante la comisión de investigación de las Corts Valencianes, un calendario que mantiene viva la exigencia de transparencia mientras los afectados siguen esperando una reconstrucción que apenas alcanza el 18% de ejecución.
Ficha del Caso
- El caso: La jueza instructora de la DANA cuestiona en un auto la pasividad de Reme Mazzolari el 29-O, evidenciando la desconexión de la cúpula del PP provincial durante la emergencia.
- Datos importantes: Testimonio de Mazzolari del 29 de junio de 2026; auto del 3 de julio; contradicción con Amparo Fort; rechazo de imputación por falta de posición de garante; solo el 18% de los fondos de reconstrucción ejecutados hasta la fecha.
- Resumen: El auto judicial no atribuye responsabilidad penal a la vicepresidenta, pero retrata la descoordinación institucional del 29-O y reaviva el debate político sobre la gestión de la DANA, tanto en la Comunitat Valenciana como a nivel estatal.
