Más Madrid, el principal confluente de Sumar en la Comunidad de Madrid, ha unido fuerzas esta semana con el PSOE para intentar dinamitar la investigación judicial contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Ambos partidos, que ejercen la acusación popular en el caso, han presentado un nuevo escrito ante el juez Antonio Viejo en el que reclaman la imputación de la empresa Quirón Prevención por un presunto delito fiscal, en lo que supone un salto cualitativo en la estrategia procesal.
El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, se apoya en los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria. La acusación popular sostiene que González Amador facturó a Quirón por trabajos que la empresa sanitaria no podía prestar porque carecía de medios, lo que indicaría la simulación de servicios. De hecho, la UCO ya había calificado de “indiciariamente ficticias” las relaciones económicas entre ambas partes.
En concreto, el escrito pide imputar también al director general de Quirón Prevención, Fernando Camino, y a su esposa, Gloria Carrasco. La pieza separada investiga una comisión de medio millón de euros que González Amador habría abonado a Camino como porcentaje por la intermediación en la venta de material sanitario durante la pandemia, operación que le reportó cerca de 2 millones de euros. Para ello, la pareja de Ayuso compró una empresa sin apenas valor, Círculo de Belleza, a Carrasco.
La ofensiva judicial contra Quirón
Más allá de las imputaciones, la acusación popular solicita al magistrado que encargue un informe específico a la Agencia Tributaria para que determine la posible existencia de los delitos fiscales, a pesar de que Hacienda ya comunicó que mantenía inspecciones paralelas. También piden que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, elabore un informe sobre las relaciones societarias de los implicados y que se investigue la comunicación interna de Quirón, incluido su Código de Conducta, después de que se conociera que González Amador seguía operando en la empresa con una identidad falsa bajo el alias Alberto Burnet González.
El escrito refleja además la impaciencia de las acusaciones. Fuentes de la acusación popular advierten de que “el proceso está estancado” y recuerdan que han presentado cinco solicitudes de diligencias desde mayo de 2018 sin obtener respuesta. La última negativa del juez, que rechazó permitir a la Guardia Civil acceder a información societaria y tributaria de Carrasco y González Amador, ha incrementado la tensión.
La presión de Más Madrid y el PSOE para que la justicia no se atasque coincide con un clima de elevada crispación política, que Sumar quiere capitalizar como garante de la lucha anticorrupción frente al PP de Ayuso.
Más Madrid, el peso del confluente en la arena madrileña
El movimiento de Más Madrid, liderado por la ministra de Sanidad Mónica García, tiene una doble lectura dentro del espacio de Sumar. Por un lado, refuerza el perfil propio del confluente madrileño, que siempre ha mantenido una agenda autónoma y muy pegada al terreno. Actuar junto al PSOE en este emblemático caso judicial le permite marcar distancias simbólicas con la derecha y, al mismo tiempo, mostrar sintonía con el socio mayoritario del Gobierno de coalición.
En el Grupo Parlamentario Sumar, con 31 escaños, la formación madrileña aporta un capital político sustancial. Su presencia en el frente judicial del caso de la pareja de Ayuso no choca con la línea oficial de la plataforma que encabeza Yolanda Díaz, pero sí subraya un hecho: en la lucha contra la corrupción, los confluentes tienen margen para tomar la iniciativa sin esperar al consenso interno.
La dinámica interna
Dentro de Sumar, la decisión de Más Madrid no generará conflictos con el resto de confluentes. Izquierda Unida, Catalunya en Comú o Compromís comparten el discurso de tolerancia cero con el fraude fiscal y la connivencia entre empresas y poder político. Sin embargo, el caso sirve para recordar la singularidad de un espacio donde cada pieza tiene su propia voz y, a veces, actúa antes de que la dirección federal articule un mensaje.
La dimensión de la coalición gubernamental es igualmente relevante. El PSOE y Sumar mantienen en el Congreso una alianza pragmática, pero el alineamiento judicial alrededor de un caso que apunta al corazón del PP madrileño puede interpretarse como un gesto de unidad en un momento de desgaste para el Gobierno. No hay que olvidar que el presidente Pedro Sánchez ha hecho de la lucha contra la corrupción un eje discursivo, y que Yolanda Díaz lo suscribe sin fisuras.
La proyección a corto plazo pasa por ver si el juez Antonio Viejo accede a las diligencias. La pieza principal, en la que González Amador ya está imputado por dos delitos fiscales en concurso con falsedad documental, aguarda que se señale fecha de juicio. Para Sumar, mantener la presión en este flanco le permite consolidar su perfil como fuerza de garantías democráticas ante un electorado de izquierda que exige contundencia frente a los abusos del poder económico.
Ficha del Caso
- El caso: Más Madrid y el PSOE, como acusación popular, reclaman al juez Antonio Viejo que impute a la empresa Quirón Prevención y a dos directivos por presuntos delitos fiscales relacionados con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El escrito denuncia facturación ficticia y un pago de comisión de medio millón de euros.
- Datos importantes: Alberto González Amador obtuvo casi 2 millones de euros en la compraventa investigada. El Grupo Parlamentario Sumar cuenta con 31 escaños; Más Madrid ejerce un peso cualitativo en la coalición. La pieza principal espera fecha de juicio y la acusación popular ha presentado cinco escritos desde 2025 sin respuesta.
- Resumen: La ofensiva judicial de Más Madrid junto al PSOE refuerza la cohesión del espacio de Sumar en un caso de alto voltaje político y muestra la capacidad de los confluentes para marcar agenda propia, sin desestabilizar la frágil arquitectura interna.
