EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha aprobado ampliar el CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono) a productos intermedios como tornillos, alambres y menaje doméstico.
- ¿Quién está detrás? Los ponentes Mohammed Chahim (S&D, Países Bajos) y Pascal Canfin (Renew, Francia) han logrado 56 votos a favor, 11 en contra y 12 abstenciones.
- ¿Qué impacto tiene? Se crea un fondo temporal de descarbonización (2027-2029) que protege a la industria europea en mercados de exportación y beneficia también a fabricantes de fertilizantes afectados por los costes del carbono.
El pasado 29 de junio la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo dio luz verde a la extensión del CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono) más allá de los materiales básicos. La votación, con 56 respaldos, 11 rechazos y 12 abstenciones, es el paso previo a que el pleno de la Eurocámara adopte en septiembre su mandato para negociar con los Estados miembros la forma definitiva de la ley.
La ponencia del socialista neerlandés Mohammed Chahim introduce una larga lista de productos intermedios que pasan a estar cubiertos por el arancel al carbono: desde elementos de fijación, alambres y muelles hasta artículos domésticos. La decisión responde a la necesidad de cerrar el cerco a las importaciones que compiten en precio sin pagar por sus emisiones y de enviar una señal de certidumbre a la industria europea que invierte en descarbonización.
56 votos a favor y una ley que se amplía a fertilizantes y ventas en línea
La comisión parlamentaria no solo extendió el alcance del CBAM. También reforzó las reglas antielusión para impedir prácticas como la “ligera modificación” de mercancías o el fraccionamiento de envíos por internet para eludir el umbral de peso. La novedad más significativa para España, potencia agroalimentaria, es la inclusión de los fertilizantes en el fondo temporal de descarbonización. Se añaden productos como urea, nitrato de amonio y sulfato de amonio a la lista de bienes elegibles, protegiendo así a los agricultores frente a la subida de costes que arrastran los insumos con alto precio del carbono.
El nuevo mecanismo impide que terceros países utilicen “reordenación de recursos” —resource shuffling, una práctica atribuida a China— para camuflar el origen real de las mercancías. Además, los operadores de venta en línea deberán informar de sus envíos acumulados y responder por aquellos paquetes que se partan para mantenerse por debajo del límite. La Comisión Europea también queda facultada para aplicar los valores por defecto del verdadero país de origen si detecta un patrón de elusión.
La ampliación del CBAM a bienes intermedios y la creación del fondo temporal son la respuesta más ambiciosa hasta ahora al dilema de cómo descarbonizar sin deslocalizar producción.
El Eje del Poder Europeo
El CBAM nació bajo la presidencia francesa del Consejo como el gran emblema del Pacto Verde y la autonomía estratégica industrial europea. Ahora, la comisión parlamentaria lo ensancha en un momento en que el eje franco‑alemán busca un nuevo equilibrio tras las tensiones internas sobre la fiscalidad energética. Francia respalda con entusiasmo la extensión a bienes intermedios, porque blinda la competitividad de su siderurgia y sus manufacturas metálicas frente a importaciones asiáticas. Alemania, más cauto, teme represalias comerciales y una escalada de costes administrativos para sus pymes, pero sus eurodiputados han votado a favor al entender que la alternativa —un mecanismo débil— sería peor para el mercado único.
Los países frugales, con Países Bajos a la cabeza, apoyan el refuerzo antifraude pero vigilan con lupa el fondo temporal: temen que se convierta en una subvención encubierta permanente. Para España, la extensión tiene luces y sombras. La siderurgia española (Acerinox, ArcelorMittal) gana una protección en frontera que ya reclamaba frente a las importaciones de acero transformado que burlaban el CBAM original. Sin embargo, los fertilizantes incluidos en el fondo suponen un alivio directo para el campo español, que arrastra desde 2022 una crisis de costes que mermó la renta agraria. Moncloa ha mostrado sintonía con el ponente socialista Chahim y espera que la financiación del fondo se active ya en 2027, un año antes de lo propuesto por la Comisión, para dar oxígeno a los agricultores antes de las próximas elecciones europeas.
La lectura estratégica a medio plazo es clara: el Parlamento Europeo fuerza la máquina para que el CBAM deje de ser un mecanismo limitado a unas pocas materias primas y se convierta en una herramienta de política industrial que abarque toda la cadena de valor. El fondo temporal, además, inaugura un debate delicado: si la UE debe subvencionar directamente las exportaciones de productos con alto coste de carbono, algo que hasta ahora se evitaba por coherencia con las reglas de la OMC. El precedente histórico inmediato fue la revisión del sistema de comercio de emisiones (ETS) en 2023, donde Bruselas ya extendió el CBAM a nuevos sectores, pero siempre con resistencias del ala liberal. Ahora, con un Parlamento más fragmentado y la sombra de la guerra comercial con China, el pleno de septiembre será el verdadero test de fuego para saber qué Europa quiere competir sin renunciar a la descarbonización.
En la sesión del 29 de junio quedaron fuera, no sin polémica, los créditos de carbono del Artículo 6 del Acuerdo de París: los eurodiputados retiraron la posibilidad de compensar obligaciones del CBAM con esos créditos, remitiendo el debate a la futura revisión del ETS. Una decisión que aplazan pero que marcará el año legislativo en Bruselas.
