EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La jueza de la DANA ha calificado de «momento crucial» la llamada de la alcaldesa de Torrent a Emilio Argüeso durante el Cecopi, y ha desmentido la versión de Vicente Mompó.
- ¿Quién está detrás? La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, basándose en las declaraciones de la alcaldesa Amparo Folgado, la comandante de la UME y el parte policial.
- ¿Qué impacto tiene? Refuerza la imputación de Argüeso, ex alto cargo del Consell de Mazón, y desacredita a un testigo clave que negaba los avisos previos a la riada.
La magistrada del caso DANA califica de «momento crucial» la llamada de la alcaldesa de Torrent sobre el desbordamiento, y desmiente a Mompó. Lo hace en un auto del pasado lunes, donde valida totalmente el testimonio de Amparo Folgado y niega el careo pedido por la defensa de Emilio Argüeso.
La llamada que Argüeso ocultó
La instructora considera que el aviso de Amparo Folgado –alcaldesa de Torrent y diputada provincial del PP– al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, a las 19:10 del 29 de octubre de 2024 fue el «momento crucial» de aquella jornada. «Hubiese sido revelador» que el investigado reconociera esa conversación en el Cecopi, afirma el auto, porque Torrent registró fallecimientos. Sin embargo, el informe pericial aportado por la defensa de Argüeso listaba solo cronología de llamadas, sin identificar al interlocutor. «Se ha logrado saber» gracias a la testifical de la propia Folgado, explica la jueza.
Con una precisión milimétrica, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra otorga «plena veracidad» al relato de la primera edil: una llamada de dos minutos y cuatro segundos. «Tiempo este más que suficiente», apunta, para describir que el barranco de Horteta se había desbordado; un afluente que, según los peritos, vertió sus aguas al Poyo antes de que llegara la crecida desde Chiva. La contundencia del testimonio elimina cualquier posibilidad de careo, porque la declaración de Folgado «es coincidente con otros extremos» –como el parte de la Policía Nacional de Torrent que habla de desbordamiento sobre las 18:30– y porque la defensa pudo haber interrogado a la testigo sin pedirlo después.
El desbordamiento del Horteta golpeó Torrent antes de que la gran masa de agua de Chiva llegara al Poyo.
El desmentido a Mompó
El auto no se detiene en Argüeso. Dedica una parte significativa a Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia y presente en el Cecopi aquel día. La jueza destaca que Mompó respondió a la «mayoría de las preguntas» que «no se acordaba o que no recordaba», y acto seguido asevera que en el sumario hay «abundantísima prueba» que «desmiente» su versión.
Una de esas pruebas es la propia llamada de Amparo Fort, alcaldesa de Chiva, a Avelino Mascarell, diputado provincial de Bomberos. Mompó había cuestionado ese aviso, pero la instructora se inclina por creer a la munícipe. La factura telefónica de Fort encaja con un mensaje de WhatsApp del secretario autonómico Ignacio Grande, quien informó a la vicepresidenta Camarero de que en el Cecopi se hablaba de Chiva. Además, la jueza considera «coherente» todo con el testimonio del comandante de la UME, que recordó cómo varios asistentes recibían vídeos de las localidades anegadas.
El presidente de la Diputación ya está bajo la lupa judicial y su credibilidad queda seriamente dañada en un momento en que la instrucción avanza rápido. La magistrada rechaza repetir la declaración de Fort porque «ningún elemento nuevo se ha aportado».
El Escenario Valenciano
La resolución fortalece la causa contra Emilio Argüeso –alto cargo del Consell de Carlos Mazón hoy investigado– y coloca a la alcaldesa de Torrent como testigo de cargo más sólida. En la dinámica política valenciana, el desmentido a Mompó tensa aún más al PP, que sostiene el pacto con Vox en la Generalitat Valenciana mientras la oposición –PSPV y Compromís– exige responsabilidades políticas por la gestión de la DANA. A lo largo de la instrucción judicial, las contradicciones entre cargos del PP han aflorado con frecuencia, erosionando el relato de que todas las alertas se trasladaron a tiempo.
A escala nacional, la investigación sobre los fallos en la comunicación y la cadena de avisos interesa también al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha condicionado parte de los fondos de reconstrucción a que la Generalitat asuma responsabilidades de transparencia. En el Congreso de los Diputados, los grupos parlamentarios ya han pedido la comparecencia del ministro del Interior para explicar si el sistema de protección civil –que depende del Estado– funcionó correctamente. Un precedente comparable son las riadas de Biescas (1996), que abrieron un debate nacional sobre la alerta temprana. Ahora, la palabra de una alcaldesa y el celo de una jueza ponen sobre la mesa la misma discusión, pero en la Comunitat Valenciana.
La proyección inmediata apunta a las próximas citas judiciales: la instructora mantiene el calendario de declaraciones y los abogados pueden recurrir. Mientras, las asociaciones de afectados vigilan cada auto con la esperanza de que se aclaren las horas en las que debió salvarse a tanta gente. La DANA no ha terminado de juzgarse, ni en los tribunales ni en las urnas.
Ficha del Caso
- El caso: La juez Nuria Ruiz Tobarra ha dictado un auto en la instrucción de la DANA que otorga veracidad total a la alcaldesa de Torrent sobre su aviso al Cecopi y pone en duda la versión del presidente de la Diputación de Valencia.
- Datos importantes: Llamada a las 19:10 del 29 de octubre de 2024, duración de 2 minutos y 4 segundos. La Policía Nacional de Torrent registró desbordamiento sobre las 18:30. El sumario acumula pruebas que contradicen a Mompó.
- Resumen: La investigación judicial refuerza la tesis de que la alerta temprana fue ignorada y golpea la credibilidad de un alto cargo del PP, en un contexto de fuerte presión política y mediática nacional.
