La Junta de Andalucía, gobernada por PP y Vox, ha iniciado negociaciones formales con el Gobierno central para modificar 26 artículos de la Ley Universitaria andaluza (LUPA) y evitar así un recurso de inconstitucionalidad.
La postura del Ejecutivo autonómico: la LUPA respeta la autonomía andaluza
Vox, como socio de gobierno, defiende que la ley se ajusta al marco constitucional y responde a las necesidades de la comunidad autónoma. Fuentes de la formación consultadas por Moncloa.com subrayan que las objeciones del Ministerio de Política Territorial suponen una injerencia del Estado en competencias autonómicas. Para Vox, la exigencia del nivel B2 de inglés para graduarse o la incorporación de las universidades privadas al diseño del sistema universitario andaluz son medidas de calidad que no deben ser sacrificadas en la negociación.
La LUPA, aprobada en febrero con el voto en solitario del PP, recibió entonces el rechazo de toda la oposición, incluidos los grupos que ahora sostienen al Gobierno de Moreno. Sin embargo, la entrada de Vox en el Consejo de Gobierno tras el pacto de coalición ha reforzado la defensa de la norma. La formación de Santiago Abascal ha trasladado internamente su voluntad de que cualquier modificación salvaguarde los principios de autonomía y respuesta a las demandas de la sociedad andaluza.
Negociación hasta diciembre y las posibilidades de acuerdo
El proceso se articula a través de la Comisión Bilateral de Cooperación, con un grupo de trabajo que deberá proponer soluciones en un plazo que se extiende hasta finales de diciembre. El Gobierno central, por su parte, detecta «incompatibilidades constitucionales» en 26 artículos y tres disposiciones adicionales, entre ellas la creación de una figura contractual no prevista en la LOSU o la obligación de destinar un 3 % del presupuesto a becas en universidades privadas.
Los rectores de las universidades públicas andaluzas ya habían alertado de que la LUPA rozaba la inconstitucionalidad, aunque carecen de capacidad para recurrirla. No obstante, la propia Universidad de Sevilla ha reconocido la «incertidumbre jurídica» que genera tener que adaptar sus estatutos a una ley cuestionada. La Junta confía en que el precedente del acuerdo alcanzado en 2022 sobre la LISTA sirva de modelo para una solución negociada.
El Ministerio ve una regulación «excesivamente intervencionísta» que limita la autoorganización de las universidades. Por contra, el Ejecutivo andaluz considera que esas medidas son necesarias para elevar la competitividad del sistema universitario. La negociación se prevé compleja, pero ambas partes tienen incentivos para evitar el desgaste de un litigio ante el Tribunal Constitucional.
La negociación con Moncloa por la ley universitaria prueba la solidez de la coalición PP-Vox y da a Vox la oportunidad de mostrar su influencia en la defensa del autogobierno andaluz.
Vox marca perfil en la defensa autonómica frente al sanchismo
Para la dirección nacional de Vox, la defensa de la LUPA se enmarca en una estrategia más amplia de oposición a lo que consideran un intento del Gobierno de Sánchez de laminar las competencias autonómicas. Al igual que en otros frentes —como la defensa del regadío en Doñana o la rebaja fiscal—, la formación de Abascal quiere que el Ejecutivo de Moreno sea visto como un contrapeso firme. La asunción de la cartera de Universidad por un consejero de Vox, aún por confirmar, podría tensar aún más la negociación y enviar un mensaje de cohesión a los electores de derechas.
El éxito o fracaso de este diálogo medirá la capacidad de la Junta para defender sus leyes propias sin ceder a las presiones de Moncloa. Para Vox, ceder en el requisito del inglés o en la participación de las universidades privadas sería un error que los votantes no perdonarían. De ahí que el partido insista en preservar el espíritu de la LUPA como bandera de una Andalucía que quiere decidir sus prioridades educativas sin tutela estatal. El cierre de la negociación, previsto para diciembre, marcará un hito en la legislatura autonómica.
