No hay peor cárcel para un reformista que la de un sistema que él mismo intentó sanear. En 1801, Gaspar Melchor de Jovellanos fue detenido en León por orden de Manuel Godoy. Su destino fue el castillo de Bellver, en Mallorca, donde pasaría siete años de reclusión. Desde aquella celda circular, con la mirada perdida en el Mediterráneo, el ilustrado asturiano meditó sobre la lentitud de la justicia y la resistencia del privilegio, los mismos muros que había tratado de derribar con la pluma.
Capítulo I: Los años de formación de un ilustrado
Había nacido en Gijón el 5 de enero de 1744, en el seno de una familia de la pequeña nobleza. La educación formal le llegó primero en Oviedo, en un ambiente que mezclaba la tradición humanística con los primeros soplos renovadores. Luego, en la Universidad de Salamanca, se empapó de derecho canónico y civil. Pero su verdadera escuela fue la ciudad de Sevilla, adonde llegó en 1774 como alcalde del crimen de la Real Audiencia.
En aquella Sevilla bullían ya las ideas de la Ilustración. Jovellanos frecuentó el trato de intelectuales como Francisco Cabarrús y conoció al entonces ministro de Hacienda, el conde de Campomanes. De ellos aprendió que la política no era solo administración, sino también combate contra la ignorancia y el atraso. El joven magistrado, de carácter sobrio y pluma afilada, no tardó en demostrar que su talento iba más allá de los estrados judiciales.
Capítulo II: El contexto de la Ilustración española
La Ilustración española fue una criatura tardía y peculiar. Arropada por el reformismo borbónico, se filtraba por las rendijas de un Estado todavía confesional. Carlos III, el rey albañil, impulsaba la creación de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, laboratorios de ideas donde nobles, clérigos y burgueses debatían sobre la modernización del reino.
Jovellanos activó la Sociedad Económica de Madrid en 1781 y se convirtió en uno de sus principales animadores. La agricultura, que entonces ocupaba a más del ochenta por ciento de la población, era el campo de batalla. Los ilustrados sabían que sin reformar el campo no habría progreso posible. Las tierras estaban amortizadas en manos de la nobleza y la Iglesia, los mayorazgos perpetuaban el minifundio improductivo y las trabas legales asfixiaban cualquier intento de innovación. En ese clima, el encargo que recibió Jovellanos en 1787 de redactar un informe para la sociedad no podía ser más oportuno ni más peligroso.
Capítulo III: La gestación del Informe sobre la Ley Agraria
La tarea era monumental. Durante varios años, Jovellanos recopiló datos, leyó tratados europeos y analizó los registros de las Contadurías. El manuscrito se gestó en medio de sus otras obligaciones: había sido nombrado ministro del Consejo de las Órdenes, lo que le permitió viajar por toda España y ver sobre el terreno la miseria de los jornaleros. El informe no era solo un ejercicio académico; era, en sus propias palabras, «una anatomía de los males de la patria».
Finalmente, el 30 de julio de 1794, Jovellanos presentó su texto a la Sociedad Económica. El informe, titulado Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de ley agraria, se publicó en 1795. Era un documento de más de doscientas páginas que, bajo un envoltorio prudente, destilaba críticas demoledoras. La concentración de la propiedad, la exención de impuestos de los grandes propietarios, las aduanas interiores y la falta de instrucción del campesinado formaban un nudo que solo se podía cortar con reformas profundas.
Capítulo IV: Las propuestas y sus ecos
El ilustrado no se limitó a diagnosticar; esbozó un programa de medidas concretas. Propuso la desamortización de las tierras comunales, la supresión de las tasas que encarecían el pan y la creación de bancos de crédito agrícola. Pidió que se permitiera la libertad de cultivo y que se reconociera el derecho de los labradores a vender sus cosechas sin intermediarios. El suyo era un programa liberal avant la lettre, que bebía de las ideas de Adam Smith y de los fisiócratas franceses.
La reacción no se hizo esperar. Una parte del clero y de la nobleza se sintió atacada. El informe fue tachado de subversivo, y su autor, de alma volteriana. Sin embargo, entre los círculos ilustrados, la obra fue recibida con entusiasmo. Se hicieron ediciones piratas en Cádiz y en América. Jovellanos se convirtió en el abanderado de un reformismo que buscaba la mejora de la nación sin romper con la corona.
Capítulo V: La caída en desgracia
La trampa se cerró lentamente. Cuando Carlos IV subió al trono y el poder efectivo recayó en manos de Manuel Godoy, el espacio para los reformistas se estrechó. Jovellanos, que ya había sido enviado en 1790 a una especie de destierro dorado como viajero por las minas de Asturias, empezó a ser señalado como sospechoso. En 1797, Godoy lo nombró ministro de Gracia y Justicia en un intento de instrumentalizarlo, pero el choque fue inevitable. Su negativa a perseguir herejías sin pruebas y su defensa de la libertad de expresión fueron vistas como una afrenta personal.
En 1801, tras la publicación de un folleto sobre la situación de la agricultura, fue acusado de atacar la política del gobierno. Fue detenido en su casa de León, incomunicado y conducido al castillo de Bellver. Allí, humillado, pero no roto, redactó sus memorias y un tratado sobre la educación popular. Su calvario duró hasta que el levantamiento de Aranjuez en 1808 forzó la caída de Godoy y la liberación de los presos políticos.
Capítulo VI: El legado perdurable
Con sesenta y cuatro años, Jovellanos salió de Bellver más frágil, pero con la misma lucidez. Participó en la Junta Central, que gobernó en nombre de Fernando VII durante la guerra contra Napoleón, y aún tuvo tiempo de redactar una propuesta de reforma constitucional. Pero sus días estaban contados. En 1811, cuando las tropas francesas avanzaban imparablemente, fue evacuado de Cádiz. Murió el 27 de noviembre en Puerto de Vega, agotado y perseguido por el fantasma de una patria que no terminaba de entender lo que él había intentado enseñarle.
El Informe sobre la Ley Agraria se convirtió en libro de cabecera de los liberales del siglo XIX. Las Cortes de Cádiz bebieron de sus páginas, y las sucesivas desamortizaciones encontraron en él un argumentario. Jovellanos no vio el fruto de su trabajo, pero su fracaso personal fue la semilla de las reformas que, décadas después, cambiarían el campo español. El castillo de Bellver sigue en pie; la celda del ilustrado, visitada hoy por turistas, recuerda que a veces se necesita un encierro para que una voz acalle los privilegios.
