La ONG ClientEarth ha presentado una queja contra Bélgica ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) por no proteger a sus ciudadanos de la contaminación por PFAS, los compuestos químicos persistentes que alcanzan en el país los niveles más altos de Europa.
La acción, comunicada este 8 de julio, supone la primera vez que la organización ecologista recurre a este órgano del Consejo de Europa, encargado de supervisar el cumplimiento de la Carta Social Europea. ClientEarth sostiene que las autoridades belgas tenían conocimiento desde hace años —incluso décadas— de la gravedad de la contaminación y no adoptaron medidas suficientes.
Por qué ClientEarth ha elegido el Comité Europeo de Derechos Sociales
La abogada ambiental de ClientEarth, Hélène Duguy, explicó a Euronews que el ECSR tiene “una gran capacidad de hacer cumplir sus decisiones”. A diferencia de otros mecanismos, las resoluciones del Comité son vinculantes para los Estados que han ratificado la Carta Social, lo que permite forzar cambios normativos. La denuncia se ampara en la violación del derecho a la salud y a un medio ambiente sano, reconocidos en el tratado.
El caso se centra en la inacción de las administraciones belgas, especialmente el Gobierno flamenco, que fue informado de los altos niveles de PFAS en Zwijndrecht ya en 2017. El entonces alcalde de Amberes, Bart De Wever —hoy primer ministro—, estuvo al corriente de los informes, pero no se tomaron medidas. La planta de 3M en esa localidad es uno de los focos más contaminados de Europa.
“No solo hablamos de una contaminación que persiste desde hace mucho tiempo, sino que hemos constatado que las autoridades disponen de información sobre ella desde hace años, si no décadas, y que se ha hecho muy poco”, subrayó Duguy. La queja podría sentar un precedente para otros países europeos con problemas similares.
Bélgica no ha fallado por falta de datos: los tenía y no actuó. Esa omisión convierte una crisis química en una vulneración de derechos humanos.
Bélgica, epicentro de los ‘químicos eternos’: años de inacción
Los PFAS, conocidos como “forever chemicals” por su extrema persistencia, son más de 10.000 sustancias sintéticas usadas en productos antiadherentes, textiles impermeables y espumas antiincendio. En Bélgica, el proyecto ‘The Forever Pollution Project’ ha cartografiado los niveles más elevados del continente. Además de Zwijndrecht, la contaminación afecta a Chièvres —cerca de una base aérea— y a barrios de Bruselas como Anderlecht y Uccle.
En 2023, la Organización Mundial de la Salud clasificó el ácido perfluorooctanoico (PFOA) como carcinógeno para los humanos y el perfluorooctanosulfónico (PFOS) como posiblemente carcinógeno. Aunque ambos están prohibidos en la UE, su degradación tarda cientos de años, por lo que siguen presentes en el suelo, el agua y la sangre de la población.
Los riesgos para la salud van más allá del cáncer: los PFAS se asocian a diabetes, infertilidad y obesidad, y se transmiten de la madre al feto o a través de la leche materna. “Los PFAS afectan a la calidad del semen del padre, aumentan el riesgo de aborto y atraviesan la placenta”, detalló Philippe Grandjean, profesor de medicina ambiental de Copenhague.
El Eje del Poder Europeo
La demanda contra Bélgica trasciende las fronteras del país. La UE solo ha prohibido dos de las más de 10.000 variedades de PFAS, pese a que la Estrategia de Sostenibilidad para las Sustancias Químicas de la Comisión Europea prevé eliminarlos gradualmente. El principio de precaución, consagrado en los Tratados, choca con la presión de la industria química, que factura miles de millones anuales en el continente.
En España, la contaminación por PFAS tampoco es ajena. Puntos como el polígono petroquímico de Tarragona o la ría de Huelva registran concentraciones preocupantes. Sin embargo, ninguna comunidad autónoma ha implantado una biomonitorización sistemática de la población, ni se ha abierto un debate judicial comparable. La queja de ClientEarth podría alentar acciones similares en el sur de Europa, donde los estándares de control suelen ser más laxos.
La paradoja es que Bélgica, pese a sus altos niveles de contaminación, nunca ha enfrentado una multa comunitaria por incumplir las directivas de agua o suelo, en parte porque la regulación europea sobre PFAS es aún fragmentaria. El caso ante el ECSR, órgano ajeno a la UE, introduce una vía de presión externa que podría acelerar la agenda legislativa en Bruselas. La decisión sobre la admisibilidad se espera para 2027 y la resolución definitiva podría llegar en dos o tres años.
Mientras tanto, la limpieza sigue siendo casi inviable: un estudio publicado este lunes en ‘Environmental Science: Processes and Impacts’ estima que aunque Europa destinara 100.000 millones de euros anuales a la descontaminación, solo eliminaría una fracción mínima de los PFAS. La única salida real es cortar su producción. Y ahí, la UE aún no ha dado el paso.
