El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, guarda un silencio calculado sobre el presunto entramado empresarial del exministro y expresidente autonómico José Bono en República Dominicana, mientras el Partido Popular arreciar su ofensiva para vincularle con las informaciones publicadas por el diario ABC. La dirección regional del PSOE ha optado por desmarcarse con una respuesta que roza lo etéreo: «No me hago eco de cosas etéreas», afirmó este viernes Fernando Mora, secretario de Estudios Estratégicos del partido en la comunidad, para zanjar la cuestión.
El diputado autonómico popular Nacho Redondo ha exigido este martes que Page «rompa de inmediato su clamoroso silencio» y elija «entre la transparencia que debe a todos los castellanomanchegos o el silencio cómplice ante los negocios de su mentor político». La petición se sustenta en una serie de exclusivas que aseguran que Bono obtuvo la nacionalidad dominicana mediante un procedimiento de «naturalización privilegiada» en 2020 y constituyó cinco sociedades mercantiles dedicadas a consultoría e inversión inmobiliaria.
Según esas informaciones, las empresas controlarían activos valorados en 1,4 millones de euros y aparecerían vinculadas a contratos de energía solar por 146 millones de dólares en el país caribeño. El PP regional sostiene que la desaparición de las referencias físicas de varias de esas sociedades en el edificio donde figuraban domiciliadas agrava las sospechas. Nada de ello ha sido confirmado por vía judicial ni tiene, por ahora, un expediente abierto en España o en República Dominicana.
La ofensiva del PP y el perfil bajo del socialismo castellano-manchego
El movimiento del PP cumple un doble propósito: erosionar la imagen de Page, el barón que con más frecuencia marca distancias con Ferraz, y al mismo tiempo meter presión al PSOE a escala nacional en un momento en el que el partido busca reforzar su discurso de regeneración. Redondo ha sido explícito: «O el Gobierno de Castilla-La Mancha rompe su silencio y aclara su posición o se convertirá en el cómplice y protector político de José Bono». La dureza de la acusación contrasta con la tibieza de la respuesta socialista, que insiste en no dar carta de naturaleza a informaciones periodísticas sin sustento judicial. Cabe recordar que el propio Bono no se ha pronunciado ni ha sido citado por ningún tribunal.
Fuentes de la Junta consultadas por Moncloa.com reconocen que Page no tiene intención de entrar en el cuerpo a cuerpo con el PP sobre este asunto, al menos mientras no medie una petición judicial. «El presidente no va a hacer declaraciones sobre el patrimonio de otro ciudadano; es una cuestión privada y el filtro lo ponen los tribunales», trasladan. La estrategia, de momento, pasa por no alimentar una polémica que beneficia electoralmente al adversario y que, en el fondo, apenas tiene arraigo fuera de los círculos de la oposición.
El silencio como activo (y como riesgo) para García-Page
Conviene no perder de vista la posición singular de Page dentro del tablero socialista. El presidente manchego ha sido la voz más crítica con la política de alianzas de Sánchez y con la financiación singular para Cataluña; su perfil de «verso suelto» le ha granjeado simpatías en sectores moderados, pero también le ha convertido en blanco recurrente de la derecha. El PP intenta ahora presentarlo como el heredero político de Bono y, de paso, meter una cuña en la cohesión territorial del PSOE. La maniobra no es inocente: busca desgastar al barón más díscolo y, de rebote, tensar a Ferraz, que no querrá aparecer defendiendo a Bono sin pruebas ni abandonando a Page a su suerte. La dirección federal, por ahora, guarda un prudente segundo plano.
Mientras tanto, la opacidad de Page sobre los negocios de su antecesor tiene una segunda lectura: si las informaciones acaban derivando en una investigación formal, el presidente podría verse en la incómoda tesitura de haber ignorado un asunto de interés público. Ese dilema —entre la prudencia y la transparencia— es el que el PP quiere instalar en el debate político castellano-manchego. Por ahora, no hay novedades judiciales que obliguen a mover ficha, y la tesis de lo «etéreo» sigue siendo el argumentario oficial.
El PP eleva la presión, pero ningún tribunal ha abierto diligencias sobre las sociedades de Bono.
El Eje del Poder Socialista
Lo que está en juego en este lance es la capacidad del PSOE para blindar a sus liderazgos territoriales frente a ofensivas que mezclan lo judicial con lo mediático. La presidenta de Navarra, María Chivite, y el asturiano Adrián Barbón han optado por un perfil bajo, evitando cualquier comentario que pudiera interpretarse como un respaldo a Bono o como una crítica a Page. En Cataluña, el president Illa también elude el asunto, consciente de que la coalición con Sumar y los equilibrios con ERC exigen no añadir ruido. Ferraz, por su parte, ha trasladado a través de fuentes internas que «cada federación gestiona sus propias polémicas», en una fórmula que concede margen a Page pero que, en la práctica, le deja solo ante el PP.
El aterrizaje territorial de esta crisis es singular: Castilla-La Mancha es una de las comunidades gobernadas por el PSOE donde el PP tiene más opciones de crecimiento en las próximas autonómicas, y la figura de Bono —que presidió la Junta durante casi tres legislaturas— sigue siendo un referente sentimental para la militancia. Un desgaste prolongado de Page por este caso podría alterar los cálculos electorales y abrir una vía de agua en el flanco que menos se lo esperaba: el de la socialdemocracia clásica que reivindica el presidente manchego y que el PSOE necesita para mantener mayorías. A eso se suma un riesgo adicional: que algún socio parlamentario —especialmente los independentistas catalanes— aproveche la polémica para debilitar la posición negociadora del Gobierno en un momento en que la estabilidad legislativa depende de cada voto.
De fondo, el episodio conecta con un debate de mayor calado: la transparencia de los ex altos cargos y el control de sus patrimonios en el exterior. Aunque Bono no ostenta responsabilidad pública desde 2011, el hecho de que la información provenga de un periódico conservador no anula la necesidad de que el PSOE fije criterios ante este tipo de controversias. Mañana, tras el próximo Comité Federal, se espera que la dirección manchega ofrezca algún tipo de desagravio a Page para reforzar su posición. Pero si el asunto escala, el presidente de Castilla-La Mancha podría verse forzado a comparecer ante los medios por pura presión política, aunque no haya causa judicial. Esa es, precisamente, la encrucijada que el PP ha calculado.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El PSOE no se hace eco de acusaciones sin base judicial y defiende la autonomía de cada federación para gestionar sus asuntos internos.
- Protagonista: Emiliano García-Page (presidente de Castilla-La Mancha).
- Próximo hito: Comité Federal del PSOE previsto para dentro de dos semanas, donde podría abordarse la cohesión territorial tras esta polémica.
