Veintinueve fiscales generales de Estados Unidos han puesto contra las cuerdas a Meta con una exigencia de multas que asciende hasta los 1,4 billones de dólares. Es la mayor sanción jamás planteada en la historia de la protección al consumidor estadounidense y, de prosperar, borraría de un plumazo la práctica totalidad del valor bursátil de la empresa de Mark Zuckerberg. El juicio arranca el 18 de agosto en Oakland, California, y en el horizonte asoma una pregunta incómoda: el coste real de la salud mental de una generación de adolescentes enganchados a Instagram y Facebook.
Una multa de dimensiones históricas
La cifra, calificada por la propia Meta de “extravagante” en los escritos judiciales, supera todo lo conocido. El estado de California, junto con Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, lidera un bloque que ha calculado las sanciones sumando la máxima penalización legal por cada menor de trece años —y por cada vez que cada uno usó las plataformas durante un mes—, una metodología que la tecnológica denuncia como “doble conteo” sin precedentes.
La demanda interpuesta por por 29 fiscales generales acusa a la compañía de violar las leyes de privacidad infantil que prohíben recolectar datos de usuarios menores de edad sin consentimiento. Pero el golpe más duro es la acusación de que Meta priorizó sus beneficios sobre la seguridad de los niños, contribuyendo activamente a la crisis de salud mental juvenil que recorre el país.
La lectura que hace Washington —en este caso, los estados— es meridiana: las redes sociales dejaron de ser un mero entretenimiento para convertirse en un problema de salud pública. Y el contribuyente quiere cuentas.
En un solo cálculo de su ‘Tabla de remedios’, los fiscales reclaman más de un billón de dólares en sanciones y restitución; luego añaden otras tablas que, según la defensa, duplican el recuento.
El equipo legal de Meta ha tachado la suma de “injustificada” y sostiene que los fiscales están aplicando multas de hasta 50.000 dólares por infracción a millones de cuentas de forma arbitraria. “Una sanción de ese tamaño no tiene parangón en la historia de la protección al consumidor”, reza uno de los documentos presentados ante la corte de California, recordando que la propia Comisión Federal de Comercio (FTC) describió una multa de mil millones como “la mayor jamás impuesta en un caso de violación de normativa federal”.
Lo que está en juego para Silicon Valley
El proceso va mucho más allá de Meta. Lo que se dirime en Oakland es hasta dónde está dispuesto el sistema judicial estadounidense a castigar a una gran tecnológica por el daño psicológico causado a los menores. Y la munición de los fiscales no es poca: un antiguo empleado de la empresa asegura que Meta detuvo investigaciones internas —entre ellas el llamado Proyecto Mercury— que habrían demostrado que dejar de usar Facebook reducía la depresión y la ansiedad entre los usuarios más jóvenes.
Esa revelación, destapada por los demandantes, refuerza la tesis de que la cúpula de Menlo Park conocía el peligro desde 2019 y optó por enterrar los datos. La portavoz de la fiscalía general de California fue categórica: “Meta ayudó a alimentar una crisis de salud mental que está marcando a una generación de niños estadounidenses”.
La batalla legal se solapa, además, con otros frentes. Mientras 29 estados reclaman los 1,4 billones, en paralelo avanza una demanda que acusa a la plataforma de tolerar una política de hasta 17 avisos antes de expulsar a traficantes sexuales. El cerco judicial recuerda, en escala y tensión, al que sufrió la industria tabacalera en los años noventa.
La Lógica de Washington
Para entender el giro hay que mirar al Capitolio, pero también a las capitales estatales. La protección de la infancia en internet es hoy una de las pocas causas capaces de unir a republicanos y demócratas. Lo vimos con el proyecto de ley Kids Online Safety Act en el Senado federal, y lo volvemos a ver en esta ofensiva sin precedentes encabezada por fiscales generales de estados tan dispares como California (demócrata) y Kentucky (republicano). No importa quién ocupe el Ala Oeste: la preocupación por el bienestar de los menores trasciende siglas.
La maniobra refleja la doctrina americana de utilizar el poder disuasorio de las sanciones económicas para obligar a las empresas a cambiar de conducta. Aquí no se busca tanto recaudar 1,4 billones —Meta acabaría quebrada— como forzar un acuerdo multimillonario que imponga cambios estructurales en la manera en que las redes sociales tratan los datos de los adolescentes. Es la misma filosofía que llevó al Departamento de Justicia a desmembrar AT&T en 1984 o a la FTC a multar a Google con 170 millones por violar la privacidad infantil en YouTube.
Para España, el impacto tiene dos caras. La inmediata es de cautela: cientos de pymes españolas dependen de Instagram y Facebook para llegar a sus clientes, y cualquier restricción en la segmentación publicitaria —la herramienta que permite dirigir anuncios a públicos muy concretos— les restaría competitividad frente a gigantes con más músculo financiero. La segunda cara es regulatoria: el caso californiano refuerza la legitimidad de la Ley de Servicios Digitales (DSA) europea y de las investigaciones abiertas por la Agencia Española de Protección de Datos sobre el diseño adictivo de las plataformas. Cuando Washington y Bruselas convergen, aunque sea por vías distintas, el margen de las tecnológicas se estrecha.
Ficha del Caso
- El caso: Veintinueve fiscales generales de EE. UU. demandan a Meta por violar la privacidad de menores y dañar su salud mental. Reclaman hasta 1,4 billones de dólares, una cifra equivalente a la capitalización bursátil de la empresa.
- Datos clave: Juicio previsto para el 18 de agosto en Oakland, California. Las sanciones se calculan aplicando la multa máxima por cada menor de 13 años por cada mes de uso. Meta alega que el método duplica usuarios y carece de base legal.
- Para España: Las pymes españolas que usan Facebook e Instagram para publicidad segmentada podrían verse afectadas si la sentencia cambia las reglas de recolección de datos. Madrid observa el caso con atención por su sintonía con la DSA comunitaria.
