EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Una auditoría independiente reveló en febrero de 2025 que el expresidente Macky Sall ocultó entre 7.000 y 13.000 millones de dólares de deuda contraída entre 2019 y 2023, elevando la ratio deuda/PIB de Senegal del 75% al 132%.
- ¿Quién está detrás? El propio Sall maquilló las cuentas con la complicidad por omisión del FMI y el Banco Mundial, que inyectaron otros 2.100 millones en 2023 pese a las señales de alerta.
- ¿Qué impacto tiene? La posible suspensión de pagos desestabiliza el Sahel, abre espacio para que Rusia capte nuevos aliados y puede disparar la presión migratoria sobre Canarias.
Senegal lleva meses al borde del colapso financiero, pero lo que está en juego va mucho más allá de una simple crisis de deuda. La última democracia que resiste en el Sahel francófono se enfrenta a un agujero fiscal provocado por la ocultación masiva de pasivos durante el mandato de Macky Sall, con la Mirada permisiva del Fondo Monetario Internacional. Mientras el presidente Diomaye Faye intenta negociar un rescate que evite el impago, la inestabilidad que se avecina amenaza con convertir la ruta migratoria hacia Canarias en una autopista todavía más saturada y con entregar a Rusia el argumento perfecto para seguir erosionando la influencia europea en la región.
El agujero negro de la deuda senegalesa: 132% del PIB y un FMI cómplice
La cifra es demoledora: la deuda pública de Senegal pasó de representar menos del 75% del PIB a superar el 132% de la noche a la mañana. El detonante fue la publicación, el 12 de febrero de 2025, de una auditoría independiente encargada por el nuevo gobierno que desveló un agujero de entre 7.000 y 13.000 millones de dólares en préstamos no registrados contraídos durante el segundo mandato de Macky Sall (2019-2023). Según detalla Foreign Affairs, la presidencia y el ministerio de Finanzas mantuvieron esas operaciones fuera de los libros, ocultándolas tanto al Parlamento senegalés como a los equipos de supervisión del FMI y del Banco Mundial.
Lo más grave es que los organismos multilaterales ignoraron señales de alarma evidentes. Ya en junio de 2021 el FMI recibió solicitudes de Senegal para modificar los criterios de rendimiento fiscal; un año después, en 2022, directamente se levantó la exigencia de cumplirlos. A pesar de esas banderas rojas —y de los datos internos que demostraban sobreendeudamiento—, en mayo de 2023 el Banco Mundial aprobó 300 millones de dólares adicionales para el país y, apenas un mes después, el FMI dio luz verde a un nuevo paquete de 1.800 millones, desembolsando 279 millones de forma inmediata. En esta redacción hemos consultado los calendarios: la inyección se produjo en plena crisis política, mientras Sall maniobraba para mantenerse en el poder.
El argumento oficial del FMI, recogido en la revisión de diciembre de 2023, calificó aquel sobreendeudamiento como una mera “operación de gestión de deuda sin impacto material”. Hoy, con Dakar al borde del default y el gobierno de Faye obligado a aplicar recortes del 20% en sanidad y a congelar inversiones en infraestructura, esa justificación resulta difícil de sostener. La deuda acumulada está ya provocando atrasos en salarios públicos y amenaza subsidios energéticos cuyo recorte podría incendiar las calles.
La última democracia del Sahel, bajo asedio financiero y ruso
Senegal no es Burkina Faso, Malí o Níger. Mientras las juntas militares del Sahel central desmantelan instituciones, pierden terreno frente a grupos insurgentes y abren las puertas a mercenarios rusos, el país conserva una democracia viva que en 2024 demostró su músculo institucional al impedir que Sall retrasara las elecciones. Un Consejo Constitucional independiente y una sociedad civil movilizada forzaron la convocatoria que llevó a la presidencia al reformista Diomaye Faye y a su entonces aliado Ousmane Sonko. Pero ese capital político se está diluyendo a toda velocidad bajo el peso de una deuda que no generaron.
La crisis ha quebrado además el tándem reformista. En mayo de 2026, Faye destituyó a Sonko como primer ministro por su oposición frontal a negociar con el FMI. Sonko, convertido ahora en presidente de la Asamblea Nacional con el respaldo de 132 de los 165 diputados, ha advertido de que “nunca habrá un acuerdo con el FMI” —una posición que bloquea cualquier reestructuración de la deuda y deja al ejecutivo sin margen fiscal—. La parálisis institucional resultante, entre un presidente que necesita el rescate y un Parlamento que lo veta, es la antesala perfecta para el caos financiero.
Mientras tanto, desde Moscú se frota las manos. Rusia ha aprovechado cada foco de desorden en el Sahel para ofrecer “asistencia en seguridad” a cambio de acceso a recursos y bases. La implosión de la economía senegalesa entregaría al Kremlin un nuevo y valioso punto de entrada en la fachada atlántica africana, a escasos kilómetros de las rutas marítimas que conectan el Golfo de Guinea con Europa. En el Ministerio de Defensa español llevan meses siguiendo con preocupación el deterioro del flanco sur, en en particular por el efecto llamada que cualquier colapso tendrá sobre los cayucos que llegan a Canarias.
La caída de Senegal no sería solo una quiebra financiera; sería la muerte del último argumento democrático en el Sahel y un imán migratorio para Canarias.
Equilibrio de Poder
La lectura estratégica de esta crisis obliga a conectar tres tableros. En el eje Washington-Bruselas-Moscú, el FMI y el Banco Mundial arrastran una responsabilidad que condiciona su credibilidad. La Administración estadounidense —máxima accionista del Fondo— tendrá que decidir si presiona para aliviar la carga de la deuda senegalesa o si, por el contrario, mantiene la ortodoxia financiera y deja que la cuenta la paguen los ciudadanos y, a la postre, la estabilidad de toda África Occidental. En un contexto en el que la Casa Blanca ya ha dado muestras de priorizar el Indo-Pacífico sobre el Atlántico, la omisión sería interpretada por Rusia como una invitación a seguir tejiendo su red de influencia con los regímenes golpistas y, ahora, con un Senegal desesperado. Para la Unión Europea —y singularmente para España—, lo que ocurra en Dakar es una cuestión de seguridad interior.
El impacto para España se mide en términos de presión migratoria y de encaje geopolítico en el Magreb. La ruta atlántica hacia Canarias ya batió récords en 2025; si Senegal suspende pagos, los subsidios al combustible se eliminan y los empleos públicos se desploman, el flujo de cayucos se multiplicará sin que las políticas de contención marroquíes ni los acuerdos con Mauritania ofrezcan un dique sólido. En Moncloa saben que Marruecos tampoco está en condiciones de absorber otra crisis regional y que cualquier desestabilización del sur de la península ibérica alimenta discursos populistas y tensiona las ya frágiles costuras de la política migratoria común. Algunas fuentes consultadas por esta redacción apuntan a que el Ministerio de Defensa está actualizando los escenarios de intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Guardia Civil en el archipiélago canario, un extremo que de confirmarse subrayaría la gravedad del momento.
El precedente histórico que mejor ilumina el riesgo actual es el de Grecia en 2010: un país con una democracia funcional, un gobierno reformista y una deuda heredada de un antecesor que manipuló las cuentas. Entonces, la troika impuso una austeridad draconiana que fracturó socialmente al país y estuvo a punto de sacarlo del euro. La diferencia es que Senegal no dispone de un Banco Central Europeo que le respalde ni de un paraguas de seguridad comparable. Si Faye fracasa, el vacío será llenado por actores autoritarios —internos o externos— que venderán estabilidad a cambio de libertades. La alternativa, con todo, tampoco es indolora: una reestructuración sin participación legislativa volvería a incendiar la calle y entregaría el discurso nacionalista a Sonko o a quien logre capitalizar el descontento. El equilibrio es tan precario que cualquier movimiento en falso puede acelerar la implosión. La próxima ventana crítica se abre en otoño, cuando venzan los primeros tramos de deuda comercial y el gobierno deba presentar unos presupuestos que, sin acuerdo con el FMI, serán papel mojado.
