La pedanía de La Torre se convirtió en el símbolo del desastre de la DANA. Allí, el agua alcanzó alturas de vértigo y se llevó por delante vidas, enseres y la certeza de que el urbanismo tradicional era suficiente. Ahora, veinte meses después de aquella noche del 29 de octubre de 2024, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia han sellado el protocolo de reconstrucción que quiere devolver a La Torre no solo sus ladrillos, sino la confianza. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, firmaron el jueves 16 de julio el protocolo del Plan Especial Urbanístico de Reconstrucción (PEUR) de La Torre, la pedanía más golpeada por la DANA de octubre de 2024, con 1.200 viviendas protegidas sin garajes subterráneos y edificios elevados para resistir futuras inundaciones.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, han firmado el protocolo del PEUR de La Torre, que prevé 1.200 viviendas de protección pública sin garajes subterráneos y con edificios elevados.
- ¿Quién está detrás? El Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana, el equivalente autonómico del Consejo de Ministros), el Ayuntamiento de Valencia y la Ley 2/2025 de Medidas Urbanísticas Urgentes.
- ¿Qué impacto tiene? La reconstrucción de la pedanía más afectada por la DANA, con 981 viviendas en venta y 225 en alquiler asequible, más 7.000 m² de equipamientos públicos.
Un plan sin sótanos para un barrio que no quiere volver a inundarse
El PEUR de La Torre se basa en los principios de seguridad hídrica y adaptación al cambio climático que la DANA dejó grabados en la memoria colectiva. Según detalló Pérez Llorca, los nuevos edificios se elevarán varios metros sobre la cota original para evitar que las aguas vuelvan a anegarlos y no contarán con parkings subterráneos, sino que los garajes se situarán en altura, una medida pionera en la planificación urbanística valenciana. Esta decisión, que rompe con décadas de inercia constructiva en la Comunitat Valenciana, responde a las lecciones que dejó la riada de 2024: las plantas bajas y los sótanos fueron trampas mortales para decenas de vecinos.
De las 1.200 nuevas viviendas de protección pública, 981 se destinarán a la venta y otras 225 al alquiler asequible, según el acuerdo. A eso se suman 7.000 metros cuadrados de equipamientos públicos —centros cívicos zonas verdes y dotaciones sociales— que transformarán la pedanía en un modelo de urbanismo seguro. El plan se financia con más de 30 millones de euros que el Ayuntamiento de Valencia ha reservado para la reconstrucción de La Torre, una cifra que Catalá ha calificado como ‘un compromiso firme’ para ‘construir un barrio más fuerte y seguro’.
Pérez Llorca pide a Sánchez un marco legal más ágil
En su intervención, el president de la Generalitat puso el foco en la ejecución de los fondos estatales transferidos a los ayuntamientos para la reconstrucción. De los 1.700 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado a los consistorios afectados, apenas un 5% se ha materializado en obras, según datos manejados por el Consell. ‘Si hubiésemos tenido un cambio normativo en España que permitiese a los ayuntamientos poder empezar a realizar esas obras, posiblemente hoy estaríamos en otra fase de reconstrucción’, denunció Pérez Llorca. La queja, que no es nueva en el tablero autonómico, subraya el desfase entre los recursos disponibles y la capacidad administrativa para licitarlos.
La Generalitat ha recurrido a la Ley 2/2025 de Medidas Urbanísticas Urgentes, una norma autonómica que permite agilizar la creación de los PEUR, acortando plazos y esquivando las dilaciones de un plan general. ‘Se puede construir, se puede invertir en el futuro siendo muy cuidadosos con el entorno, haciendo ciudades muy seguras y con nuevos servicios’, subrayó el president. Sin embargo, la administración local sigue atada a la burocracia estatal: la licitación de proyectos tarda meses y la ejecución real apenas despega, especialmente en municipios más pequeños que carecen de equipos técnicos para tramitar los pliegos.
La reconstrucción no avanza al ritmo que exigen los afectados: apenas un 5% de los 1.700 millones transferidos por el Estado se ha traducido en viviendas o infraestructuras.
El Escenario Valenciano
El protocolo de La Torre es el tercer PEUR que firma el Consell tras los acordados con Torrent y Xirivella, y refleja un hecho político poco habitual: la sintonía entre el ejecutivo autonómico del PP, apoyado por Vox, y el Ayuntamiento de Valencia, también dirigido por el PP. En ambos casos, la reconstrucción se ha convertido en prioridad de gobierno, pero el verdadero cuello de botella está en la relación con el Estado. Mientras la Generalitat acelera los planes urbanísticos amparados por su propia legislación, los fondos del Gobierno central —cuantiosos pero rígidos— siguen sin llegar a las obras. La pugna por la narrativa de la DANA, que enfrentó a Pérez Llorca y a Sánchez en los meses posteriores a la catástrofe, se desplaza ahora al terreno de la gestión económica.
A nivel nacional, la situación valenciana recuerda las dificultades que ya se vivieron tras el terremoto de Lorca o las riadas del Segura: los anuncios de inversión no bastan si la maquinaria administrativa no responde. El Congreso de los Diputados ha debatido en varias ocasiones la creación de un fondo de emergencia con trámites simplificados, pero la iniciativa sigue sin materializarse. Mientras tanto, las pedanías como La Torre, Forn d’Alcedo y Castellar-l’Oliveral esperan que el plan urbanístico deje de ser un documento y se convierta en andamios. La proyección del Consell es que las primeras licencias de obra puedan concederse a finales de 2026, siempre que los ayuntamientos reciban el visto bueno estatal para los contratos.
Ficha del Caso
- El caso: La reconstrucción de La Torre, la pedanía más golpeada por la DANA de 2024, avanza con la firma de un plan urbanístico específico que incluye 1.200 viviendas protegidas sin garajes subterráneos.
- Datos importantes: 981 viviendas en venta, 225 en alquiler asequible y 7.000 m² de equipamientos públicos, con edificios elevados y aparcamiento en altura. Inversión municipal superior a 30 millones de euros.
- Resumen: El Consell de Pérez Llorca y el Ayuntamiento de Catalá sellan un protocolo que vincula reconstrucción y resiliencia climática, mientras reclaman a Madrid un cambio legal que acelere la ejecución de los 1.700 millones de fondos estatales.
