Las Corts Valencianes mantienen congelada la designación de una delegación que defienda en el Congreso la reforma constitucional para recuperar el derecho civil valenciano, a pesar de que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, solicitó ese envío hace casi nueve meses. El PP, con la complicidad de Vox, no ha llevado la cuestión al pleno, bloqueando así una reivindicación que el mismo partido impulsó con Francisco Camps y que hoy moviliza a la asociación Juristes Valencians con una concentración en el 750 aniversario de la muerte de Jaume I.
Un silencio de nueve meses que ahoga el autogobierno
El requerimiento de la presidenta del Congreso llegó a las Corts en octubre del año pasado: si la cámara autonómica mantenía el interés en tramitar la proposición de reforma constitucional aprobada en 2020, debía enviar una delegación de diputados para defenderla. Pero ni el PP ni Vox han movido ficha. La iniciativa permitiría blindar las competencias legislativas en materia civil que el Tribunal Constitucional anuló en 2016 por un recurso del Gobierno central, entonces con el PSOE al frente, y que el PP mantuvo mientras gobernó en Madrid. Ahora, en la Comunitat Valenciana, la mayoría parlamentaria que sostiene al president Juanfran Pérez Llorca prefiere no incomodar a la ultraderecha tocando un tema que considera ajeno.
La parálisis es más llamativa si se recuerda que fue un ejecutivo popular, el Consell de Francisco Camps, el que entre 2007 y 2011 dio vida al derecho foral valenciano con tres leyes: la de Régimen Económico Matrimonial, la de Uniones de Hecho y la que regulaba la custodia compartida. Desde que el expresident Carlos Mazón llegó al poder gracias a un pacto con Vox, el PP ha ido desmarcándose de la reivindicación. De hecho, el actual portavoz parlamentario ultra ya tildó de “traidor” al presidente de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, por reunirse con Compromís. Y en las últimas cuentas autonómicas, Vox presionó para retirar 30.000 euros de subvención a la entidad.
La respuesta ciudadana: un manifiesto con 600 firmas y una cita con la historia
El próximo sábado, en la conmemoración de la muerte de Jaume I, Juristes Valencians ha convocado la concentración ‘Dret Civil Ara’ para recordar que la Comunitat Valenciana es el único territorio español con derecho civil propio —junto a Cataluña, Aragón, Navarra, Galicia, Baleares y País Vasco— que no puede legislar en esta materia por el vacío legal generado en 2016. La asociación ha reunido un manifiesto suscrito por casi 600 personas, entre ellas 50 catedráticos, 80 profesores universitarios y representantes de colegios profesionales, empresas, sindicatos y entidades culturales. El texto apela directamente al president Pérez Llorca y a las Corts para que aprovechen una “oportunidad histórica” que, de no materializarse, podría esfumarse con las elecciones autonómicas y generales de 2027.
Chirivella no oculta su frustración: “Hemos hablado con la Real Academia de Cultura Valenciana, con las asociaciones de empresa familiar y con todo aquel que pueda interesarle la recuperación de las leyes valencianas, pero el PP no responde”. La realidad es que el miedo a desairar a Vox y las tensiones internas del conservadurismo valenciano están enterrando una bandera que un día fue propia.
El derecho civil valenciano no lo está frenando Madrid, ni el Constitucional, ni una cuestión técnica: lo está frenando la mesa de las Corts.
El Escenario Valenciano
La decisión de no llevar la reforma al pleno ilustra hasta qué punto el pacto PP–Vox condiciona la agenda legislativa en la Comunitat Valenciana. Mientras el president Pérez Llorca mantiene un perfil bajo en esta materia, el grupo popular evita cualquier gesto que pueda interpretarse como una concesión identitaria al valencianismo, terreno en el que la ultraderecha es especialmente intransigente. Esta actitud contrasta con la posición que el PP defiende en otras comunidades —por ejemplo, en las Islas Baleares, donde su presidenta, Marga Prohens, ha dado pasos similares— y con el respaldo que la iniciativa ha recibido de la práctica totalidad del municipalismo valenciano.
A nivel nacional, la pelota sigue en el tejado del Congreso de los Diputados, pero la presidenta Armengol ya advirtió de que sin una delegación de las Corts el trámite no avanza. El tiempo apremia: las autonómicas de mayo de 2027 y las generales de ese mismo verano estrechan la ventana para incluir la proposición de reforma en un orden del día que, además, requeriría mayorías cualificadas. Si el PP valenciano no rectifica, la oportunidad de recuperar una competencia centenaria —reconocida en el propio Estatut d’Autonomia— se disipará una vez más, dejando a la Comunitat como la excepción dentro del mapa del derecho civil español.
Ficha del Caso
- El caso: Las Corts Valencianes, bajo mayoría PP-Vox, se niegan a enviar al Congreso la delegación necesaria para defender una reforma constitucional que blindaría el derecho civil valenciano, pese a que la cámara baja reclamó el envío hace nueve meses.
- Datos importantes: Resolución del Congreso de octubre de 2025; manifiesto de Juristes Valencians con 600 firmas; 30.000 euros retirados por Vox; leyes de 2007-2011 anuladas en 2016; elecciones autonómicas en mayo de 2027.
- Resumen: El PP valenciano, que en su día impulsó el derecho civil propio, ahora lo paraliza por temor a Vox y por cálculos electorales, frustrando una reivindicación que cuenta con amplio respaldo social e institucional y que el calendario parlamentario está cerca de hacer inviable.
