La Generalitat Valenciana ha logrado una tregua temporal en el conflicto del puerto deportivo de Altea, donde la concesionaria Marina Greenwich y los propietarios de embarcaciones mantenían un pulso por las tarifas de amarre, con un beneficio potencial estimado en 40 millones de euros. La mediación del director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha permitido un armisticio que se prolongará hasta el próximo 16 de septiembre según ha podido saber Moncloa.com a partir del documento de acuerdo.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Generalitat ha mediado una tregua entre Marina Greenwich, la concesionaria del puerto, y los amarristas, que se mantendrá sin incidentes hasta el 16 de septiembre.
- ¿Quién está detrás? Robert Batouche, empresario amigo de Eduardo Zaplana, controla Marina Greenwich. La Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos ejerce la mediación.
- ¿Qué impacto tiene? El acuerdo evita una escalada judicial inmediata y permite la temporada de verano con normalidad, mientras se negocian las nuevas tarifas de amarre.
Un verano sin hostilidades en Campomanes
Durante los meses estivales, el Puerto Deportivo Campomanes de Altea —dominio público portuario gestionado por la Generalitat— no registrará los actos de “perturbación” en los amarres ni los carteles críticos que habían enrarecido el ambiente. La tregua, sellada en un documento confidencial, compromete a ambas partes: los amarristas retirarán el cartel de aviso del edificio del Club Náutico y se abstendrán de acudir a la prensa; Marina Greenwich, la empresa de Robert Batouche, dejará de perturbar el uso de los amarres y seguirá emitiendo las facturas que estime, pero no podrá comercializar los atraques porque, según la Conselleria de Medio Ambiente, para hacerlo debe aprobar antes unas nuevas tarifas públicas.
La mesa de diálogo, constituida hace dos meses por la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos, sigue abierta. El director general Marc García Manzana ha presidido los encuentros y la Administración autonómica insiste en que, aunque el litigio es de carácter civil, “la Administración autonómica debe mantenerse vigilante respecto a las actuaciones que se desarrollan en el ámbito concesional”.
La batalla por los amarres: fin de concesión y precios desorbitados
El conflicto se desencadenó con la finalización de la concesión original de 50 años (1976-2026) de Marina Greenwich. La compañía obtuvo una prórroga de diez años y considera que, con ello, decaen los derechos históricos de los amarristas, que hasta ahora pagaban tarifas congeladas muy por debajo del mercado. Algunos de esos usuarios, incluso, inscribieron los amarres como de su propiedad al haber realizado pagos en el pasado.
Los afectados denuncian un “pelotazo” y cifran el beneficio potencial para la empresa en unos 40 millones de euros, según expuso Gonzalo Pons-Trénor, secretario del Club Náutico Campomanes, en un artículo de opinión. La Generalitat, sin embargo, ha clarificado que, aunque la prórroga hace decaer los derechos anteriores, Marina Greenwich no puede fijar unilateralmente las nuevas tarifas: la Conselleria de Medio Ambiente debe aprobar unos precios públicos que, a priori, deberían ser más contenidos.
La prórroga de la concesión no otorga a la empresa el poder de fijar tarifas que multipliquen por diez los precios anteriores; el dominio público portuario obliga a la Generalitat a velar por un equilibrio que, hasta ahora, no ha llegado.
El propio puerto ha sido noticia en el pasado. Hace años, Marina Greenwich intentó una ampliación que hubiera dañado la costa alteana; el proyecto fue frenado por grupos ecologistas y la Generalitat tuvo que pagar 1,8 millones de euros en indemnizaciones. El empresario Batouche llegó a reclamar 97 millones, sin éxito judicial. Además, el exministro Eduardo Zaplana tendría atracado un yate en el recinto —que la UCO señaló como de su propiedad— y dos viviendas, según las investigaciones del caso Brugal. En 2017, Zaplana intentó adquirir la concesionaria, según grabaciones del sumario.
El Escenario Valenciano
El armisticio no despeja las incógnitas de fondo. El Consell de Pérez Llorca mantiene la mediación como una muestra de que la administración autonómica no se pliega a los intereses del empresario Batouche pese a los vínculos con el PP histórico. Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat y exministro, cumple condena por el caso Erial —un macroproceso por cobro de comisiones— y su sombra se alarga sobre cada movimiento en Campomanes. La oposición, tanto PSPV como Compromís, sigue con atención el desenlace y ya ha pedido explicaciones por los 1,8 millones que costó a las arcas públicas el anterior intento de ampliación.
A escala nacional, el litigio refleja la tensión que se repite en otros puertos deportivos españoles cuando caducan las concesiones sobre suelo público. La Ley de Puertos del Estado y la normativa autonómica dejan en manos de las comunidades la vigilancia sobre los precios máximos, pero son escasos los precedentes de mediación activa como la que ejerce ahora la Generalitat. La próxima cita, el 16 de septiembre, decidirá si el conflicto se resuelve con un acuerdo de tarifas o si, como temen los amarristas, acaba en los tribunales.
Ficha del Caso
- El caso: El fin de la concesión de 50 años del puerto deportivo de Altea, en manos de Marina Greenwich —vinculada al entorno de Eduardo Zaplana—, ha abierto una pugna por las tarifas de amarre que la Generalitat Valenciana intenta mediar.
- Datos importantes: Prórroga de 10 años, beneficio potencial de 40 millones para la concesionaria, indemnización de 1,8 millones pagada por la Generalitat en el pasado, y una tregua hasta el 16 de septiembre de 2026.
- Resumen: La intervención de la Dirección General de Costas ha evitado, por ahora, la judicialización del conflicto y permite la temporada alta de navegación sin incidentes, mientras ambas partes preparan sus propuestas para la mesa de diálogo postveraniega.
