El Pentágono ha bloqueado de facto la tramitación de 155 proyectos eólicos terrestres en 24 estados de Estados Unidos al congelar el proceso de revisión de permisos, citando la posible interferencia de los aerogeneradores con los radares de drones. La medida pone en jaque 44 GW de nueva capacidad renovable y ya ha generado más de 2.000 millones de dólares en costes adicionales para los promotores, según la Asociación Americana de Energía Limpia (American Clean Power Association).
La excusa de los drones: ¿problema técnico o estrategia política?
Las palas giratorias de los aerogeneradores crean un «destello» en las pantallas de radar y las bases de acero reflejan las ondas electromagnéticas, dificultando que los sistemas militares distingan las turbinas de aeronaves reales. Durante más de una década, el Departamento de Defensa ha contado con un programa de permisos que permitía revisar los proyectos y exigir a los desarrolladores que sufragaran mejoras en los equipos de radar para mitigar las interferencias.
Pero ahora, en un mundo en el que pequeños drones letales pueden desplazarse entre parques eólicos, el Pentágono sostiene que aquellas soluciones ya no bastan. Desde hace casi un año, la congelación de permisos mantiene en vilo a todo el sector, y el Departamento no ha aclarado cuándo —o si— reanudará las aprobaciones. La medida afecta tanto a terrenos públicos como privados y abarca la mayor parte de la futura capacidad eólica estadounidense.
«Sin la aprobación del Pentágono, los proyectos no pueden obtener financiación ni seguro, y eso ha paralizado por completo el proceso», explica Dave Belote, consultor del sector eólico y exdirector del organismo del Pentágono que otorgaba estos permisos durante la administración Obama.
Sin la aprobación del Pentágono, los proyectos no pueden obtener financiación ni seguro, por lo que el proceso está efectivamente paralizado.
Un coste de 2.000 millones y la pérdida de incentivos fiscales
El atasco burocrático no solo retrasa los cronogramas de construcción: los promotores denuncian que la congelación les ha costado ya 2.000 millones de dólares (unos 1.800 millones de euros al cambio actual) y que algunos proyectos pueden haber perdido la oportunidad de acogerse a las exenciones fiscales federales previstas en la Ley de Incentivos a la Energía Limpia (One Big Beautiful Bill Act), aprobada en 2025. La normativa exigía que las obras comenzaran antes del 4 de julio de 2026 para beneficiarse de ciertas deducciones, un plazo que varios desarrolladores consideran ya inalcanzable tras meses de parálisis.
Además, la incertidumbre regulatoria está haciendo que los inversores recelen. «Algunos proyectos pueden volverse inviables si no logran conectarse a la red en los plazos previstos», advierte la demanda presentada en mayo por varias compañías y asociaciones renovables contra el Pentágono.
La letra pequeña del bloqueo: sin transparencia ni comunicación oficial
La congelación se ha producido sin los procedimientos de notificación y consulta pública que exige la legislación estadounidense cuando un organismo federal pretende modificar una normativa. El Pentágono argumenta que no se trata de un cambio de reglas, sino de una «demora» en la tramitación, y por tanto no está obligado a abrir un periodo de comentarios públicos.
Los abogados de los desarrolladores replican que la medida equivale en la práctica a una reforma encubierta, porque impide de facto cualquier nuevo proyecto eólico terrestre sin que medie una decisión formal. La demanda califica la congelación de «la táctica más dañina» dentro de la «campaña sin precedentes» de la administración contra la industria eólica.
📊 Impacto en la transición energética
- Capacidad bloqueada: 44 GW de nueva generación eólica terrestre, suficiente para abastecer a más de 12 millones de hogares estadounidenses.
- Proyectos afectados: 155 propuestas en 24 estados, con un coste adicional acumulado de 2.000 millones de dólares.
- Comparativa offshore: La misma administración pagó 2.600 millones de dólares para cancelar 11 GW de proyectos eólicos marinos; el bloqueo terrestre multiplica por cuatro esa capacidad.
- Efecto sobre emisiones: Si no se construyen, Estados Unidos dejará de evitar decenas de millones de toneladas de CO2 al año —la cantidad exacta dependerá de la tecnología que los sustituya—, retrasando sus objetivos climáticos.
El caso guarda paralelismos con lo ocurrido en el sector offshore: el año pasado, el Departamento del Interior congeló los arrendamientos de cinco parques eólicos marinos y, tras perder varias batallas judiciales, la administración optó por pagar 2.600 millones de dólares para cancelar más de 11 GW de proyectos. En esta ocasión, el impacto potencial es mucho mayor porque afecta al grueso del desarrollo eólico terrestre, donde se concentra la mayor parte de la capacidad prevista.
Cincuenta y cinco congresistas demócratas solicitaron en mayo una reunión confidencial con el Pentágono para conocer las razones del retraso. A día de hoy, según confirmó un portavoz del representante Seth Magaziner, no han recibido respuesta.
Una pugna judicial que redefinirá los límites de la seguridad nacional
Los tribunales deberán ahora decidir si la seguridad nacional puede esgrimirse como justificación para paralizar una industria sin los procedimientos reglamentarios habituales. En los casos offshore, los jueces ya tumbaron las órdenes de paralización incluso después de revisar material clasificado. Si la corte vuelve a fallar en contra, la administración se vería obligada a desbloquear los permisos o a buscar nuevas fórmulas para retrasar los proyectos.
Más allá del litigio concreto, lo que está en juego es la velocidad de la transición energética en Estados Unidos. 44 GW de capacidad eólica terrestre representan una pieza clave para alcanzar los objetivos de descarbonización del sector eléctrico. Cada año que se retrasa su entrada en funcionamiento es un año en el que las emisiones siguen dependiendo de fuentes fósiles.
La congelación de permisos terrestres afecta a una capacidad cuatro veces superior a la de los proyectos marinos cancelados, y lo hace sin la transparencia ni el debate público que exigiría un cambio normativo de este calibre.
🌍 El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: Si los 44 GW bloqueados llegasen a construirse, evitarían la emisión de decenas de millones de toneladas de CO2 al año y suministrarían electricidad limpia a más de 12 millones de hogares.
- Modelo que cambia: La discrecionalidad del Pentágono sobre los permisos eólicos podría retrasar toda la transición energética estadounidense si los tribunales no establecen límites claros al veto militar.
- Para las próximas generaciones: La generación que hoy hereda el sistema energético necesita que cada proyecto renovable se evalúe con reglas predecibles; de lo contrario, la velocidad de descarbonización se ralentizará cuando más urgente es acelerarla.
