La Agencia Tributaria aplazó por segunda vez la entrada en vigor de Verifactu el pasado mes de diciembre, a apenas quince días de su activación, y ha sembrado un manto de dudas entre autónomos y pymes. Según una encuesta de Holded, el 27% de los empresarios aún desconoce la normativa que les obligará a enviar sus facturas en tiempo real a partir de enero de 2027.
Claves de la operación
- El segundo aplazamiento ha restado credibilidad al sistema. El Gobierno retrasó la obligación a última hora, lo que ha generado escepticismo sobre su entrada en vigor definitiva en 2027.
- Uno de cada cuatro empresarios no conoce la normativa. El 27% admite no estar familiarizado con Verifactu y un 22% cree que ya está en vigor, lo que refleja un profundo desconocimiento agravado por la comunicación técnica de Hacienda.
- Verifactu no es la factura electrónica, pero muchos los confunden. Ambas normas regulan aspectos distintos de la misma factura y la Agencia Tributaria descarta unificarlas. Esta dualidad alimenta el caos operativo entre las empresas.
Un ‘que viene el lobo’ que mina la preparación de las pymes
José Rodríguez, responsable de producto en Holded, admite que el retraso improvisado ha erosionado la confianza. “Fue un movimiento a quince días de que fuera efectivo y eso le da poca credibilidad y poco peso a la normativa”, explica. La sensación de impunidad retrasa las adaptaciones necesarias.
El propio software de facturación ya cumple parte de la ley antifraude: las facturas se bloquean una vez emitidas. Pero esa medida ha sacado a la luz prácticas incorrectas, como la edición de documentos ya contabilizados o la emisión de facturas negativas en lugar de rectificativas. “Había clientes que directamente editaban una factura ya emitida”, apunta Rodríguez.
El calendario que maneja la Agencia Tributaria fija el 1 de enero de 2027 como fecha límite para empresas y el 1 de julio de ese mismo año para autónomos. Los negocios tradicionales, los que aún llevan la facturación a mano, se enfrentan a un doble aprendizaje. No solo deben comprender Verifactu, sino todo el marco de la ley antifraude.
Verifactu frente a factura electrónica: dos leyes en el mismo folio
La confusión entre Verifactu y la factura electrónica que impulsa la ley Crea y Crece es, según la encuesta, la duda más recurrente entre los empresarios. Se trata de dos normativas distintas que regulan la misma factura: una controla el envío en tiempo real a Hacienda y la otra exige un formato digital en las transacciones comerciales. La Agencia Tributaria insiste en que los objetivos son diferentes —combatir el fraude versus controlar los plazos de pago— y no se unificarán.
Para muchas pymes, la superposición de requisitos añade una capa de complejidad administrativa. “Son dos leyes diferentes y la gente no entiende por qué”, resume Rodríguez. Esa fragmentación normativa puede ralentizar la digitalización del tejido empresarial, justo cuando España aspira a liderar la agenda europea de administración electrónica.
El desconocimiento no exime de las sanciones: hasta 50.000 euros por año para los contribuyentes y 150.000 euros para los proveedores de software que no se adapten.
Consecuencias para el tejido empresarial español y la agenda digital
La demora en Verifactu no es un mero contratiempo técnico. Afecta a la práctica totalidad de empresas y autónomos, salvo las de País Vasco y Navarra —que tienen sistemas propios— y las grandes sociedades sujetas al Suministro Inmediato de Información (SII). El SII fue, de hecho, el antecedente histórico de este control en tiempo real para los grandes contribuyentes, implantado en 2017. Ahora, la extensión al resto del tejido productivo se tambalea.
La adaptación masiva representa una oportunidad para firmas de software como Holded, que ya están evangelizando al mercado. Sin embargo, el retraso diluye la urgencia y muchos negocios postergan la inversión. La digitalización forzosa de las pymes es una palanca de competitividad, pero la incertidumbre regulatoria frena ese impulso. Nos consta que varias asociaciones empresariales han pedido a Hacienda que clarifique los requisitos con casos prácticos y un lenguaje menos técnico.
De cara a 2027, el principal riesgo no es tecnológico, sino de calendario. Si el Gobierno vuelve a aplazar la norma, se consolidará la idea de que Verifactu nunca tendrá dientes. Y si entra en vigor con tantas empresas sin preparar, el impacto en forma de sanciones masivas podría ser contraproducente. De momento, el reloj sigue corriendo.
