Podemos ha puesto este miércoles una línea roja sobre la mesa de Sumar antes incluso de que el nuevo decreto de vivienda llegue al Consejo de Ministros. Los morados denuncian que el borrador pactado entre el PSOE y Sumar intenta colar de tapadillo la fallida reforma de la ley del suelo —que el Congreso ya tumbó en 2024 y 2025— y avisan: sin retirar esos artículos no habrá negociación.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Podemos ha recibido el borrador del decreto de vivienda y ha encontrado modificaciones de la ley del suelo que considera una línea roja.
- ¿Quién interviene? Podemos, liderado por Ione Belarra y Irene Montero, exige a Sumar que retire los cambios antes de sentarse a hablar; el texto había sido pactado entre PSOE y Sumar en el seno del Gobierno.
- ¿Qué importa? Los 5 diputados de Podemos son claves para aprobar el decreto. Si mantienen su veto, la mayoría parlamentaria del Gobierno se tambalea.
El decreto de vivienda y la sorpresa morada
El borrador del Ejecutivo —recién salido del pacto entre socialistas y magentas— no solo incluye medidas para regular los alquileres. Entre sus páginas se esconden más de una decena de artículos que modifican la normativa urbanística. Y ahí es donde Podemos ha encontrado el casus belli.
Fuentes de la formación morada lo definen con claridad: «La eliminación de los artículos que afectan a la ley del suelo es una condición ineludible para poder negociar el resto del texto». El aviso va dirigido directamente a Sumar, que ya había dado por bueno el contenido del decreto. La sorpresa, según esas mismas fuentes, es mayúscula: nadie les había hablado de meter por la puerta de atrás la reforma que el Congreso rechazó dos veces.
El borrador toca dos aspectos muy sensibles. Modifica el régimen de recursos contra los planes urbanísticos y, además, limita la capacidad de los antiguos propietarios de recuperar terrenos expropiados cuando no se usan para el fin público previsto. «El primero de los cambios implicaría legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo», denuncian, «y también reduciría los controles sobre los proyectos futuros».
Una reforma que ya fracasó en el Congreso
Los artículos que ahora enfadan a Podemos no son nuevos. De hecho, su redacción es prácticamente igual a la que presentó el PP en 2018, y a la que el PSOE intentó sacar adelante en solitario en 2024 y, después, con el PNV en 2025. En todas aquellas ocasiones, el dictamen fue claro: la mayoría de la Cámara, incluido Sumar, lo tumbó.
El meollo de la discordia está en el artículo 55 de la ley del suelo. El nuevo texto propone que un plan urbanístico solo sea anulado si se detectan defectos muy graves —falta de evaluación ambiental, omisión total del procedimiento o ausencia de informes esenciales—; el resto de irregularidades se podrían subsanar a posteriori, incluso si un tribunal ha señalado la ilegalidad. Para los morados, eso equivale a «legalizar proyectos urbanísticos ilegales» y a dejar en papel mojado el derecho a la participación ciudadana.
El otro cambio, en el artículo 47, acorta a cuatro años el plazo para impugnar un plan y solo permite alegar defectos materiales, no de procedimiento. Además, eliminaría el derecho de reversión de terrenos expropiados que no se destinan al uso previsto. Podemos lo vincula directamente a intereses privados: «Se trata de una reforma hecha a la medida de los intereses de BBVA, la constructora San José y Merlin Properties en la Operación Chamartín».
La línea roja de Podemos no es solo urbanística: es la primera prueba de fuego para la mayoría parlamentaria que sostiene el decreto de vivienda.
La Dinámica de Coalición
El envite de Podemos coloca a Sumar en una posición incómoda. Los cinco diputados morados no forman parte del Gobierno, pero sin ellos la aritmética del decreto se estrecha peligrosamente; la mayoría depende de un equilibro que ya de por sí es frágil. Para Yolanda Díaz, acostumbrada a tejer acuerdos dentro del espacio progresista, este desplante resulta especialmente doloroso: llega de quien fuera su principal aliado en la pasada legislatura.
Además, la controversia resucita viejas tensiones dentro de las confluentes. Izquierda Unida y Más Madrid ya se mostraron críticas con aquella reforma del suelo en 2024, y aunque ahora callan en público, fuentes del Grupo Parlamentario señalan que algunos diputados ven con simpatía la exigencia de Podemos. La pregunta que sobrevuela el Congreso es si Sumar cederá ante la presión o mantendrá el texto pactado con el PSOE, arriesgándose a un voto en contra que evidencie las grietas de la mayoría.
La proyección inmediata es clara. Si el Ejecutivo no retira los artículos, el decreto perdería un apoyo que, sumado a los eventuales rechazos de ERC o Junts, podría descarrilar la tramitación. La votación se avecina para las próximas semanas, y la negociación va a medir no solo la resistencia de Sumar frente a un antiguo socio, sino la capacidad del Gobierno para mantener cohesionado el bloque de investidura.
Ficha del Caso
- El caso: El borrador del decreto de vivienda incluye cambios en la ley del suelo que Podemos considera una línea roja; exige su retirada antes de negociar.
- Datos importantes: Podemos cuenta con 5 escaños; Sumar, 31. La reforma ya fue rechazada en el Congreso en 2024 y 2025. El texto modifica los artículos 47 y 55 de la ley del suelo.
- Resumen: El pulso amenaza con resquebrajar la mayoría parlamentaria del Gobierno y pone a prueba la relación entre Sumar y un antiguo socio imprescindible.
