Felipe VI afronta el séptimo ejercicio consecutivo con el presupuesto de la Casa del Rey congelado. La asignación para 2026 retrocede a niveles de 2008: 8,4 millones de euros, por debajo de los 8,6 que la institución percibía hace dieciocho años y de los 8,8 alcanzados en 2010. La congelación nominal, unida a la inflación acumulada, ha erosionado de forma silenciosa la capacidad operativa de la Jefatura del Estado.
Desde 2020, la partida destinada a la Corona en los Presupuestos Generales del Estado permanece inalterada en los 8,4 millones, con dos únicos incrementos compensatorios para absorber los aumentos salariales de los funcionarios dictados por el Gobierno. En 2021, la Casa del Rey adelantó 544.000 euros para cubrir la subida retributiva, una cantidad que el Estado reintegró ese mismo año. En 2025, una transferencia de crédito de 250.000 euros con el mismo fin no se abonó hasta enero de 2026, por lo que la auditoría la refleja como un derecho pendiente de cobro imputado al presente ejercicio.
Seis años de congelación que devuelven la financiación a 2008
La comparativa con el pasado es tan gráfica como preocupante. En 2008, la Casa del Rey recibía 8,6 millones de euros; en 2010, 8,8. Las pequeñas subidas de 2017 (0,56 %) y 2018 (0,87 %) apenas maquillaron un estancamiento que se agudizó durante la pandemia. Lo que la cifra nominal oculta es un recorte real superior al 15 % si se descuenta la inflación acumulada. La institución, legalmente obligada a rendir cuentas con transparencia, opera hoy con menos recursos que en plena crisis financiera mundial.
El Tribunal de Cuentas la Intervención General y la propia Casa del Rey coinciden en que el saldo de las reservas ha menguado. La asignación prevista en los Presupuestos Generales del Estado es insuficiente para cubrir el gasto previsto. Por primera vez, ha sido necesario recurrir a las reservas no solo para inversiones, sino para gastos corrientes de personal. Un salto cualitativo que sitúa a la Jefatura del Estado en una posición financiera más frágil que la de otras instituciones constitucionales.
Casi un millón de euros en reservas para cuadrar los costes de 2025
El coste real de funcionamiento de la Casa del Rey en 2025 ascendió a 9,4 millones de euros. Para cubrir el desfase, se retiraron 983.403 euros de los remanentes acumulados en ejercicios anteriores. No es un hecho aislado: en 2024, la retirada fue de 2,48 millones, una cifra que ya anticipaba la tensión presupuestaria.
Tras estos movimientos, el saldo de las reservas al cierre del pasado 31 de diciembre quedó en 4,1 millones de euros. Una cantidad que, de mantenerse el actual ritmo de déficit, se agotaría en poco más de cuatro años. La auditoría de la propia Casa del Rey detalla que los sobrecostes están vinculados, en buena medida, a las subidas salariales de los empleados públicos, que el Estado traslada a la institución pero sin actualizar simultáneamente la partida global.
Un presupuesto congelado en términos nominales durante seis años equivale, en la práctica, a un recorte superior al 15 % si se descuenta la inflación acumulada.
El coste de la estabilidad institucional y los retos presupuestarios de Zarzuela
La fotografía que ofrecen los números es la de una institución que ha priorizado la estabilidad y la contención del gasto como seña de identidad, pero que empieza a toparse con los límites de un modelo rígido. Mientras todas las partidas ministeriales han crecido en los últimos ejercicios, la de la Jefatura del Estado se ha mantenido anclada. La comparación no es ociosa: la Corona asume funciones de representación exterior, organización de actos de Estado y mantenimiento de los Reales Sitios con una dotación que, en términos reales, es la más baja en casi dos décadas.
El uso de las reservas para gastos corrientes —el dinero del día a día, no de grandes proyectos— indica que el equilibrio presupuestario se ha roto. El Tribunal de Cuentas lo ha señalado con claridad: la asignación es insuficiente. Y aunque la Casa del Rey ha demostrado una gestión ordenada y transparente, la reiterada necesidad de recurrir a ahorros acumulados plantea un interrogante de fondo: ¿es sostenible en el tiempo un sistema que no ajusta la financiación al coste real de la institución?
La pregunta no es menor. En los últimos años, la Corona ha reforzado su legitimidad ante la opinión pública precisamente con un perfil de austeridad. Pero una cosa es la contención voluntaria y otra, muy distinta, la infradotación estructural que obliga a descapitalizar los remanentes. El equilibrio, no obstante, no parece fácil: cualquier incremento de la partida presupuestaria sería leído en clave política por un espectro parlamentario sensible a los costes de la monarquía.
Con todo, la Casa del Rey mantiene su actividad institucional sin que se hayan reducido los actos oficiales. La próxima cita de la agenda, aún sin confirmar, podría dar la medida de hasta qué punto la estrechez financiera condiciona el ritmo de la agenda de Estado. Lo que las cuentas dejan claro es que el actual modelo de financiación, pensado para tiempos de bonanza, empieza a dar señales de agotamiento.
Claves del Protocolo y Estado
- Contexto del acto: La financiación de la Jefatura del Estado permanece congelada desde 2020. El poder adquisitivo de la partida ha caído sensiblemente, situándose por debajo de los niveles de 2008.
- El detalle de protocolo: La Casa del Rey ha tenido que recurrir a sus reservas para gastos de personal por primera vez, según el Tribunal de Cuentas. La transparencia de las cuentas se mantiene, pero la tensión financiera es evidente.
- Próximos pasos: La Casa del Rey no ha confirmado aún ningún movimiento para revisar la dotación de 2027. El saldo de reservas, de 4,1 millones, otorga un margen limitado.
