El Pentágono ha dado un paso que no se anuncia con sirenas ni con movimientos de tropas, pero que cambiará la arquitectura de seguridad europea durante la próxima década. El Departamento de Defensa estadounidense ha puesto en marcha formalmente la revisión de su despliegue de fuerzas en Europa, un proceso ordenado por el secretario Pete Hegseth el pasado 18 de junio y que ahora coordina directamente el subsecretario de Política, Elbridge Colby. La directriz es tan clara como incómoda para muchas capitales aliadas: hacer que la OTAN transite, según palabras de Colby, «de forma rápida e irreversible hacia una responsabilidad primaria europea en su defensa convencional».
La revisión, cuyo anuncio oficial se produjo durante la ministerial de Defensa de la OTAN en Bruselas, busca alinear la postura de fuerzas estadounidense en el continente con la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 y la Estrategia Nacional de Defensa de 2026. No se trata, al menos por ahora, de recortes de efectivos ni de cierres de bases anunciados. El Pentágono no ha filtrado calendario de conclusiones –Hegseth habló de «hasta seis meses, pero podrían ser menos»– y Colby ha insistido en que se desarrollarán opciones basadas en «rigor estratégico, una sólida base empírica y una visión clara de las realidades geopolíticas y militares».
El encargo de Hegseth: una revisión con consultas, pero sin marcha atrás
Lo que está sobre la mesa no es un recorte presupuestario disfrazado de repliegue. Es, en la lógica del Departamento de Defensa, un rediseño estructural que persigue que la OTAN asuma el peso de la defensa convencional frente a Rusia mientras Estados Unidos libera capacidad militar para priorizar el Indo-Pacífico. La revisión incluirá aportaciones del Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) y «consultas extensivas» con el Congreso, los aliados europeos y otros departamentos del Gobierno estadounidense. Colby ha mencionado expresamente que trabajará de cerca con el general Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa.
El subsecretario de Política ha empleado un lenguaje deliberado. Habla de una alianza «más fuerte, más equitativa y sostenible». Pero en Moncloa y en otras capitales mediterráneas la lectura es menos lírica y más práctica: lo que Washington llama equidad es la materialización de una presión sostenida para que los socios europeos asuman el coste político y financiero de su propia seguridad. Los tambores del burden sharing llevan sonando desde la primera administración Trump, pero esta vez el compás lo marca una revisión de fuerzas con vocación ejecutiva.
Lo que Washington llama equidad es, para los aliados europeos, el principio de un nuevo contrato de seguridad que nadie ha negociado en público.
Implicaciones para España: Rota, Morón y la capacidad de proyección
España mira esta revisión con la inquietud de quien depende de la disuasión extendida estadounidense sin haber articulado aún un debate nacional sobre qué significaría un repliegue parcial. Las bases de Rota y Morón de la Frontera albergan capacidades críticas para la proyección de fuerza de Estados Unidos hacia África, Oriente Próximo y el Mediterráneo oriental. Rota, en particular, es el hogar de cuatro destructores AEGIS que constituyen el principal activo del escudo antimisiles europeo. Cualquier ajuste que reduzca esa presencia obligaría a España —y a la OTAN— a buscar alternativas de defensa antimisiles que hoy no existen en el arsenal europeo.
La revisión del Pentágono se produce además en un momento de presión financiera máxima sobre el Gobierno español. El compromiso de alcanzar el 2% del PIB en gasto de defensa sigue sin calendario firme, y la posibilidad de que la nueva doctrina estadounidense exija estándares aún más elevados —la administración Trump ha llegado a mencionar el 5%— dibuja un horizonte presupuestario muy tenso para legislaturas futuras. Las implicaciones no son solo militares: afectan al equilibrio fiscal y a la capacidad de negociación de España dentro de la Alianza.
Equilibrio de Poder
Esta revisión formaliza un desplazamiento estratégico que ha ido cocinándose desde la retirada de Afganistán en 2021 y que la guerra de Ucrania aceleró de forma imprevista. Entonces la OTAN se rearmó con urgencia en su flanco este; ahora Washington pone el foco en quién debe financiar y liderar ese esfuerzo a largo plazo. La novedad no es que Estados Unidos quiera compartir la carga, sino que lo esté instrumentando mediante una reconfiguración de su presencia militar sin esperar al consenso previo de los Veintisiete.
Para Europa, la lección de 2026 se parece peligrosamente a una reedición acelerada del debate nuclear de los años sesenta: si la garantía de seguridad estadounidense ya no es automática, ¿qué disuasión autónoma puede generar el continente en menos de una década? La respuesta pasa por decisiones que todavía ningún líder europeo ha querido tomar en público. Mientras, el Pentágono avanza con su cronograma. No hay anuncios de retirada de tropas, pero el mensaje está dado: la defensa convencional de Europa debe dejar de ser, en la práctica, un servicio externalizado a Washington.
La posición de España añade una capa adicional de complejidad. Las bases de Rota y Morón no solo son activos de la defensa colectiva; son también plataformas que otorgan a Madrid un peso específico en el diálogo estratégico con Washington y con Rabat. Cualquier reducción de la presencia estadounidense alteraría el equilibrio de poder en el Estrecho y en el Magreb, justo cuando la inestabilidad en el Sahel reclama más, y no menos, capacidad de proyección. El Sahel no espera a que la OTAN resuelva sus debates doctrinales.
El Pentágono ha dejado claro que todo se decidirá en los próximos meses. La cumbre de la OTAN prevista para 2027 será, casi con seguridad, el escenario en el que esta doctrina de transición responsable cobre forma de plan concreto. Hasta entonces, los aliados europeos —y España en primera línea— tienen una ventana estrecha para definir qué tipo de defensa quieren y están dispuestos a pagar. Lo que ya no es opción es seguir postergando la respuesta.
