El Rey Felipe VI recibió este miércoles en el Palacio de La Almudaina al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el tradicional despacho estival en Mallorca, marcado por la defensa del Ejecutivo del indulto parcial a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs. El encuentro, que se celebra cada verano durante la estancia de la Familia Real en la isla, vino cargado de contenido político de alto voltaje institucional.
El indulto a Borràs, una decisión que el Gobierno sitúa bajo el paraguas del tribunal
Sánchez defendió ante el monarca que la medida de gracia parcial concedida a la política independentista responde únicamente al criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). «La opinión del TSJC es que se mantuviera la inhabilitación y no la pena de prisión», trasladó el presidente, según confirmó él mismo en rueda de prensa posterior al despacho. Borràs fue condenada por prevaricación y falsedad documental al fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, y aunque conserva íntegra la inhabilitación —la parte de la condena que la mantiene fuera de cualquier cargo público—, el Gobierno ha optado por conmutar la pena de cárcel.
Moncloa se esforzó en desvincular el indulto de la negociación presupuestaria con Junts. «.
Tres indultos polémicos en un mismo Consejo de Ministros
El perdón a Borràs no viajó solo. En la misma reunión del Consejo de Ministros se aprobaron otros dos indultos vinculados a condenas por corrupción. Natalio Grueso, dramaturgo y gestor cultural que dirigió la Fundación Niemeyer, vio rebajada su pena de ocho años de prisión por razones humanitarias ligadas a su estado de salud, pese a la oposición de la Fiscalía y la Audiencia de Asturias. El tercero es Juan Fernández, exalcalde socialista de Linares, condenado a tres años de cárcel y siete de inhabilitación por cobrar durante seis años un sobresueldo mensual de 1.700 euros con cargo a la cuenta del grupo municipal del PSOE. Devolvió los 125.377 euros y contó con el respaldo de su agrupación local y de miles de vecinos.
Los tres casos dibujan un patrón que algunos analistas interpretan como un uso generoso de la prerrogativa de gracia en delitos de corrupción. La Constitución otorga al Gobierno la facultad de indultar, pero el debate sobre los límites de esa potestad se aviva cada vez que los beneficiarios tienen vínculos políticos cercanos al partido en el poder.
Felipe VI escucha. La decisión final, en una monarquía parlamentaria, no le corresponde.
La oleada de incendios y el papel constitucional del Rey en un despacho de verano
La agenda del despacho no fue solo política partidista. La crisis de incendios forestales que azota varios puntos de la península ocupó buena parte de la conversación. El Rey, que había recorrido algunos de los territorios afectados en días anteriores, pidió «unidad» a la clase política y reclamó «dar certezas de que se están empleando todos los medios posibles». Gobierno y PP mantienen posiciones enfrentadas sobre la gestión de la emergencia, y la presencia del monarca en la zona subrayó la dimensión simbólica de la Corona como institución que aglutina en los momentos de crisis.
El despacho de la Almudaina adquiere cada año una lectura institucional que va más allá de la mera cortesía estival. Felipe VI, que apenas unos días antes había inaugurado su agenda mallorquina con las tradicionales audiencias a las autoridades baleares —la presidenta del Govern, Marga Prohens; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell, Llorenç Galmés—, regresó a la isla tras asistir a la toma de posesión de Keiko Fujimori en Perú. Ese viaje reforzó el perfil diplomático de la Corona justo antes de un cara a cara con el presidente del Gobierno que llegaba cargado de aristas políticas internas.
El formato del despacho, en el que el jefe del Ejecutivo informa al jefe del Estado de los asuntos de gobierno, es uno de los pocos espacios en los que la monarquía ejerce su «función de árbitro e integrador», según la doctrina constitucional. Lo que allí se habla queda protegido por la confidencialidad, pero los gestos y los énfasis posteriores suelen dar pistas del tono de la reunión. En esta ocasión, Sánchez salió a comparecer para defender el indulto y negar cualquier cesión a Junts; el Rey, por su parte, había pedido horas antes unidad frente a los incendios. Dos mensajes que, aunque emitidos desde planos distintos, convergen en una misma idea: la necesidad de que la política aparque la crispación en los momentos graves.
El presidente tiene previsto desplazarse este jueves a Navaluenga (Ávila) para seguir sobre el terreno el incendio allí declarado, antes de iniciar el paréntesis estival que pasará en parte en La Mareta (Lanzarote) y que terminará con el Consejo de Ministros del martes 25 de agosto. En Moncloa admiten que la oleada de fuegos puede romper ese calendario en cualquier momento, lo que convertirá el verano en un tablero político en el que la Corona, sin ser parte, siempre observa.
Claves del Protocolo y Estado
- Contexto del acto: El despacho estival en La Almudaina es una tradición institucional que permite al presidente del Gobierno informar al Rey de los asuntos de Estado en un entorno de menor formalidad, pero con plena vigencia constitucional.
- El detalle de protocolo: Aunque la reunión es privada, la comparecencia posterior de Sánchez para dar cuenta del indulto rompió el patrón habitual de silencio, elevando el perfil político del encuentro sin implicar a la Casa del Rey en el debate.
- Próximos pasos: La agenda oficial de Felipe VI continuará en Mallorca durante el verano, mientras Sánchez afronta una emergencia de incendios que puede alterar su calendario estival.
