El proyecto de ley orgánica de medidas contra la violencia vicaria aterrizó en el Congreso el pasado 14 de julio con la firma del Consejo de Ministros. Desde entonces, Sumar guarda silencio. El Grupo Parlamentario, con sus 28 escaños, será determinante para que la iniciativa salga adelante, pero la decisión no es sencilla: organizaciones de infancia, juezas feministas y expertas en protección de menores han señalado ya los puntos ciegos del texto que ahora debe tramitarse.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno remitió a las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria. La ley modifica diez textos legales y amplía la protección a hijos, ascendientes, hermanos y otras personas del entorno de la víctima.
- ¿Quién interviene? El Grupo Parlamentario Sumar debe fijar una posición unitaria. En el debate público ya han intervenido la Plataforma de Infancia, la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y la Asociación Galega contra o Maltrato Infantil (Agamme), que advierten de graves carencias en el proyecto.
- ¿Qué importa? La tramitación puede abrir una grieta en el bloque de la izquierda si Sumar decide forzar enmiendas sustanciales que el PSOE no está dispuesto a asumir.
Una ley que ya nace con polémica
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió la norma como un cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la necesidad de dar respuesta a los 68 niños y niñas asesinados desde 2013 en contextos de violencia de género. El proyecto amplía el espectro de personas protegidas, introduce el agravante de género en el Código Penal y endurece las medidas sobre patria potestad, custodia y régimen de visitas. Sin embargo, la aprobación del anteproyecto no fue pacífica ni dentro del Gobierno: el Ministerio de Juventud e Infancia se desmarcó en febrero de 2026 por la negativa de Justicia a recoger sus observaciones sobre la tipificación de la violencia vicaria, el derecho de escucha de los menores y la patria potestad.
Ese desencuentro retrasó la llegada del texto al Congreso hasta julio. Ahora, Sumar se encuentra ante un proyecto que su propio socio, el PSOE, ha impulsado con el respaldo de Igualdad pero que ha sido cuestionado por las voces más especializadas de la defensa de la infancia. La pregunta que recorre los pasillos del Grupo es obvia: ¿se puede apoyar una ley que, según las organizaciones que trabajan sobre el terreno, reproduce una visión adultocéntrica y apenas innova respecto a la legislación vigente?
Víctimas invisibles y medidas recicladas
La Plataforma de Infancia, a través de su técnica de incidencia política Marina López Llorente, ha sido contundente: la definición de violencia vicaria que maneja el proyecto perpetúa la idea de que el daño a los niños es colateral y secundario. “El mero hecho de presenciar o sufrir violencia en el hogar ya es una agresión directa”, subrayan desde la entidad. En la misma línea, Estrella Viñas, presidenta de Agamme, alerta de que al vincular la protección de los menores a la intencionalidad del agresor hacia la madre, el foco se desplaza del daño efectivo que sufre el niño al grado de dolo del agresor.
Pero quizá la crítica más demoledora la lanzó Vicky Rosell, de la Asociación de Mujeres Juezas de España: las medidas sobre custodia y suspensión de la patria potestad que el proyecto presenta como novedosas “ya están en la ley desde 2021”, en referencia a la Ley Orgánica de protección integral a la infancia (Lopivi). Rosell habla de un problema de “falta de justicia, no de falta de leyes”. Además, señala que el texto abre la puerta a limitar el derecho del menor a ser escuchado, al contemplar una “imposibilidad” que no queda definida.
Sumar se enfrenta a un dilema incómodo: apoyar sin matices el proyecto del Gobierno o alinearse con las organizaciones que llevan años trabajando con las víctimas y que piden cambios de fondo.
Agamme va aún más lejos y advierte sobre el impacto en las madres protectoras. La suspensión de la patria potestad vinculada a la duración de la condena penal deja al menor desprotegido cuando la pena se extingue, mientras que la revisión judicial por incumplimiento del régimen de visitas puede criminalizar a las mujeres que intentan proteger a sus hijos de un maltratador.
La Dinámica de Coalición
Para Sumar el reto es doble. Hacia dentro, debe conciliar las sensibilidades de sus confluentes: Izquierda Unida suele priorizar un enfoque garantista que reforzaría las medidas de protección directa a los menores, mientras que Más Madrid y los sectores vinculados al feminismo institucional podrían ser más permeables a las tesis de las juezas progresistas. El peso de Catalunya en Comú también es relevante, ya que la ley de violencia machista catalana ya recoge el concepto de violencia vicaria, lo que podría presionar para que el texto estatal se alinee con ese estándar.
Hacia fuera, la negociación con el PSOE se prevé tensa. El Ministerio de Igualdad, en manos socialistas, ha pilotado la norma y no parece dispuesto a reabrir debates que ya dejaron heridas en el seno del Gobierno. Si Sumar decide presentar enmiendas sustanciales —desde la definición del tipo penal hasta el blindaje del derecho de escucha de los niños— necesitará apoyos más allá de la coalición. Con 28 escaños, el Grupo puede forzar transaccionales, pero el calendario parlamentario aprieta: la legislatura se acerca a su ecuador y el Ejecutivo quiere ver la ley publicada antes de final de año. La próxima reunión de la ponencia legislativa, aún sin fecha, será el primer termómetro de hasta dónde está dispuesto a llegar Sumar.
Ficha del Caso
- El caso: Proyecto de Ley Orgánica de medidas contra la violencia vicaria, remitido al Congreso en julio de 2026, que modifica diez leyes para ampliar la protección a hijos y otros allegados. Organizaciones de infancia y juezas feministas señalan que las medidas ya existen y que la norma perpetúa una visión adultocéntrica del maltrato.
- Datos importantes: El Grupo Parlamentario Sumar cuenta con 28 escaños. La ley anterior (Lopivi) ya contemplaba la suspensión de la patria potestad con indicios. El Pacto de Estado de Violencia de Género respalda la iniciativa. Desde 2013, 68 menores fueron asesinados por violencia vicaria.
- Resumen: Sumar debe decidir si respalda en bloque el proyecto del Gobierno o si fuerza enmiendas para corregir los puntos ciegos denunciados por las organizaciones. La decisión pondrá a prueba la cohesión interna del espacio y su capacidad de influencia real dentro de la coalición.
