Sanciones EE.UU. Colombia: la canciller asegura que fueron por Gaza, no por drogas

La ministra de Exteriores colombiana afirma a RT que la Casa Blanca actuó contra Petro por llamar 'genocidio' a la guerra de Gaza, pese a los récords de decomisos de cocaína. La versión oficial apunta al narcotráfico; el cambio de gobierno, el 7 de agosto, añade presión.

La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, ha asegurado que la inclusión del presidente saliente Gustavo Petro en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos nada tiene que ver con el narcotráfico. Según la ministra de Relaciones Exteriores, el verdadero motivo fue la postura de Petro frente a la guerra de Gaza —calificada de ‘genocidio’— y su apoyo explícito a Palestina, una declaración que difiere radicalmente de la versión oficial de Washington.

La declaración, concedida en exclusiva a la cadena rusa RT, introduce un nuevo giro en unas relaciones bilaterales ya tensas, justo cuando Colombia se prepara para un cambio de gobierno este mismo mes. La administración Trump había justificado las sanciones argumentando que Petro había permitido el florecimiento de los cárteles y se negaba a combatir el narcotráfico. Sin embargo, para Villavicencio todo obedece a un castigo político por desafiar la línea estadounidense en Oriente Medio.

Petro, un crítico feroz de Israel en América Latina

Durante sus cuatro años de mandato, Gustavo Petro convirtió a Colombia en uno de los países latinoamericanos más críticos con Israel. En 2024, rompió relaciones diplomáticas, suspendió todas las compras de armamento israelí —del que dependían las Fuerzas Militares colombianas desde hacía décadas— y prohibió las exportaciones de carbón al Estado judío. Además, expulsó a los últimos diplomáticos israelíes después de que una flotilla humanitaria con activistas colombianos fuera interceptada, y formalizó la denuncia de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), uniéndose a la demanda sudafricana.

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“El presidente fue incluido en la lista de la OFAC por su firme y principista postura al describir abiertamente lo que sucede en Palestina como un genocidio”, sentenció la canciller en su entrevista. La administración Trump, por su parte, calificó a Petro de “líder de la droga ilegal” y respaldó abiertamente al candidato de derechas Abelardo de la Espriella, que prometió restaurar la sintonía con Washington y normalizar los lazos con Israel.

La versión de la canciller: récord de decomisos y un castigo político

El argumento de Bogotá contradice de plano la justificación esgrimida por Washington. Villavicencio destacó que el gobierno de Petro había logrado cifras récord en la incautación de cocaína, superando a todas las administraciones anteriores. “Hablamos de decomisos históricos, del desmantelamiento de laboratorios, de extradiciones y de una comunicación constante con las agencias estadounidenses”, defendió la ministra, subrayando que la lucha antidroga no había decaído, sino que se había intensificado.

“La inclusión del presidente en la lista de la OFAC no guarda relación alguna con el narcotráfico”, reiteró Villavicencio. Para ella, la excusa oficial no es más que un velo: el verdadero factor desencadenante fue el alineamiento de Colombia con la causa palestina. Esta tesis —sin verificación independiente por el momento— cobra fuerza en un momento en que Washington ha sancionado a otros líderes regionales por su desafío a la hegemonía estadounidense.

Las sanciones de Washington contra un aliado histórico en la lucha antidroga por una postura en Oriente Medio evidencian la subordinación de la política exterior estadounidense a la agenda israelí.

Las consecuencias de esta fractura se extienden al plano comercial y de seguridad. Colombia, que durante décadas fue el principal receptor de ayuda militar estadounidense en la región después de Israel y Egipto, ha visto cómo la cooperación se congelaba. Mientras, en el tablero político interno, de la Espriella se prepara para asumir la presidencia el 7 de agosto, aunque Petro ya ha anticipado que no acudirá a la investidura, ha cuestionado la legitimidad del proceso electoral y ha insinuado que Israel manipuló los sistemas de votación colombianos.

Equilibrio de Poder

La acusación de la canciller colombiana se inscribe en un contexto de realineamiento geopolítico que trasciende la mera disputa bilateral. Para Washington, la presión sobre Petro cumple una doble función: castigar a un líder díscolo en su patio trasero y enviar un mensaje contundente a otros países de la región que pudieran distanciarse de Israel. La administración Trump, en su visión transaccional de las alianzas, ha demostrado poca tolerancia hacia cualquier socio que desafíe sus líneas rojas, especialmente en Oriente Medio.

Desde Bruselas, la postura es ambigua. La Unión Europea ha mantenido un perfil bajo ante la crisis colombo-estadounidense, si bien varios Estados miembros han criticado en privado la instrumentalización de las sanciones por motivos políticos. Para España, el escenario es delicado. Colombia es un socio comercial de primer orden —con inversiones españolas relevantes en infraestructuras, banca y energía— y un interlocutor clave en la lucha contra el narcotráfico, cuyas consecuencias se sienten en la frontera sur europea. Un deterioro prolongado de las relaciones entre Bogotá y Washington podría desestabilizar aún más la región, con efectos indirectos sobre el Sahel y el Magreb a través de las rutas de la droga que conectan África Occidental con Europa.

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La lectura a cinco años vista sugiere que, con De la Espriella en la presidencia, Colombia retornará al redil de Washington y restablecerá plenas relaciones con Israel, revirtiendo casi todas las decisiones de política exterior de Petro. Sin embargo, la fractura social y la polarización interna podrían enquistarse, alimentadas por un relato —veraz o no— de injerencia extranjera. Si el discurso de la canciller cala en la opinión pública, la legitimidad del nuevo mandatario quedará erosionada desde el minuto uno. El próximo capítulo se escribirá el 7 de agosto, cuando de la Espriella jure su cargo sin la presencia de su predecesor.

Mientras, el conflicto de Gaza sigue sin resolverse. Hamás ha aceptado la propuesta de la ‘Junta de Paz’ de Trump para un desarme por fases, pero Israel insiste en que cualquier retirada solo podrá comenzar una vez que la milicia palestina haya depuesto todas sus armas. Las operaciones militares israelíes continúan, con nuevos bombardeos que dejan víctimas en la Franja. La coincidencia temporal entre el fin del mandato de Petro y este impás diplomático introduce una variable más en la ecuación.