La Casa Blanca acaba de hacer públicos una serie de memorandos internos del FBI que revelan que, en mayo de 2017, la agencia abrió una investigación criminal contra Donald Trump bajo la premisa de que el entonces presidente recién elegido podía ser un activo ruso. La clave estaba en su decisión de despedir a James Comey, director del FBI. Los documentos, desclasificados por el Grupo de Trabajo de Transparencia Gubernamental de la propia Casa Blanca, muestran cómo los agentes dieron luz verde a la investigación pese a que la mayoría de sus propias pesquisas ya habían descartado cualquier colusión entre la campaña de Trump y el Kremlin.
El expediente, bautizado con el código interno Oxferd Comma, fue aprobado por el entonces jefe de contrainteligencia del FBI, William Priestap, y por el consejero general James Baker. En su redacción se leía que existía «una base fáctica articulable que indica razonablemente que el presidente Donald J. Trump puede estar o haber estado, consciente o inconscientemente, involucrado en actividades por o en nombre del Gobierno de la Federación Rusa». Aquella decisión, tomada siete días después del cese de Comey, marcó el inicio de casi dos años de turbulencias políticas que culminaron con la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Y con una conclusión que los propios memorandos confirman: no se halló prueba alguna de coordinación con Moscú.
Los documentos desclasificados aterrizan ahora en un Washington donde la batalla por el relato sobre el sistema judicial es total. La publicación se produce en un momento en que fiscales federales en Florida investigan si el FBI, el Departamento de Justicia y las agencias de inteligencia conspiraron para violar los derechos civiles de Trump y sus seguidores mediante investigaciones sin base. No es un debate menor: para millones de estadounidenses, la desclasificación confirma su percepción de que el aparato del Estado fue utilizado para sabotear a un presidente fuera del establishment.
Los memorandos de Oxferd Comma revelan algo aún más doloroso para el FBI: la agencia ya disponía de información más que suficiente para saber que la premisa de partida era endeble. El informe Durham, concluido en 2023 por el fiscal especial designado por el gobierno de Joe Biden, ya había sentenciado que no había base para abrir siquiera la investigación anterior, llamada Crossfire Hurricane, sobre la presunta colusión. Y los mensajes internos del agente Peter Strzok —figura clave— confesaban en aquellos días que tenía «la sensación de que no hay un gran caso detrás de todo esto». El propio agente especial William Barnett declaró años después que en el FBI bromeaban con un juego imaginario al que llamaban «Clue de la Colusión», donde cualquier personaje podía ser emparejado con cualquier actividad para fabricar una trama.
Los memorandos de Oxferd Comma demuestran que la investigación contra Trump se abrió con la sospecha de que era un activo ruso, cuando el propio FBI ya tenía evidencias que lo descartaban.
La pregunta es inevitable: ¿por qué se hizo? Los datos recogidos por el inspector general del Departamento de Justicia muestran que la génesis remota estaba en un dossier pagado por la campaña de Hillary Clinton y elaborado por el ex espía británico Christopher Steele, cuyos contenidos ya habían sido descartados o desacreditados en su mayor parte antes de mayo de 2017. Es más, en 2016 la CIA informó personalmente al entonces presidente Barack Obama de que la propia campaña de Clinton había aprobado un plan para «difamar» a Trump inventando un escándalo de interferencia rusa. Aquella inteligencia fue compartida con Comey el 3 de agosto de 2016, apenas cuatro días después de que se iniciara la investigación Crossfire Hurricane.
Los documentos desclasificados: Oxferd Comma, la investigación que puso a Trump en la mira
Los archivos recién liberados incluyen el documento de apertura de la investigación, la notificación al fiscal general adjunto Rod Rosenstein y el cierre del caso en abril de 2019. En todos ellos se observa un patrón: la premisa de que Trump era un activo ruso se sostenía únicamente sobre una interpretación forzada de sus declaraciones públicas sobre el cese de Comey. «Esta explicación alternativa puede interpretarse razonablemente como que la investigación de contrainteligencia del FBI fue un factor en la decisión del presidente Trump de cesar a Comey», argumenta uno de los apartados. Pero el contexto real era otro: el propio Departamento de Justicia había concluido que Comey debía ser despedido por su nefasta gestión del caso de los correos de Hillary Clinton, tal y como corroboró posteriormente el inspector general del departamento.
La desclasificación forma parte de una ofensiva de transparencia que busca arrojar luz sobre lo que la Administración Trump considera la «militarización» de la justicia. Para la Casa Blanca, los memorandos de Oxferd Comma son la prueba definitiva de que el FBI actuó contra un presidente en ejercicio con una motivación política, algo que Trump lleva denunciando desde su primer mandato. La decisión de publicarlos, coordinada por el periodista John Solomon —ahora presidente del Grupo de Trabajo de Transparencia—, supone un golpe de efecto en pleno año electoral (las presidenciales de 2028 se vislumbran en el horizonte, aunque para entonces Trump ya no podrá presentarse).
El contexto: un FBI que ya sabía que no había colusión
Para entender el alcance de la revelación, hay que retroceder a principios de 2017. En enero de ese año, el FBI ya había cerrado la investigación sobre Michael Flynn, asesor de seguridad nacional, al no encontrar «información despectiva». Sin embargo, luego le tendió una trampa para que mintiera en una entrevista y poder imputarle. «¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Verdad/admisión o hacer que mienta para poder procesarlo o que lo despidan?», escribió entonces Bill Priestap, el jefe de contrainteligencia. Esa mismamentalidad, según los críticos, fue la que impulsó Oxferd Comma.
Los agentes de campo ya habían descartado la colusión. El agente William Barnett, que trabajó en la investigación, declaró que en el FBI se bromeaba con el «Clue de la Colusión» porque cualquier dato podía encajar en la narrativa si se forzaba lo suficiente. Y los mensajes de Strzok a su compañera Lisa Page confirman que él mismo dudaba: «Tengo la sensación de que no hay un gran caso detrás de todo esto», escribió el 19 de mayo de 2017, apenas tres días después de la apertura de Oxferd Comma.
La Lógica de Washington
Desde la perspectiva de la Casa Blanca, esta desclasificación es una operación de cirugía política. Trump y su equipo llevan años sosteniendo que el deep state —ese entramado de funcionarios permanentes de inteligencia y justicia— conspiró para sabotear su presidencia. Los memorandos de Oxferd Comma refuerzan esa narrativa y sirven para legitimar sus esfuerzos por reformar las agencias federales, incluida la creación del DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) liderado por Elon Musk. En términos electorales, el movimiento moviliza a la base republicana y coloca a la oposición demócrata a la defensiva, obligándola a explicar por qué se permitió investigar a un presidente sobre premisas tan endebles.
Para España, el impacto es más indirecto pero no irrelevante. La relación bilateral con Estados Unidos se apoya en la confianza en la estabilidad institucional. Cuando los socios europeos perciben que las agencias de seguridad estadounidenses pueden ser utilizadas como herramientas de lucha partidista, surgen dudas sobre la fiabilidad de los aliados. Empresas como Santander, BBVA, Iberdrola o Ferrovial, con importantes intereses en territorio estadounidense, siguen con atención estos movimientos porque cualquier señal de inestabilidad normativa o politización judicial puede afectar sus decisiones de inversión. A día de hoy, el Gobierno de Pedro Sánchez no se ha pronunciado oficialmente, pero en Bruselas ya se debate cómo preservar la cooperación judicial y de inteligencia con una administración que desconfía profundamente de sus propias agencias.
La proyección de este caso es clara: los fiscales de Florida seguirán investigando si hubo un patrón de violaciones de derechos civiles, y el Congreso podría abrir nuevas audiencias. El precedente histórico más cercano es el informe Church de los años 70, que destapó abusos de la inteligencia estadounidense. La diferencia es que ahora la revelación es impulsada por la propia Casa Blanca, y no por el legislativo. La partida está lejos de terminar.
Ficha del Caso
- El caso: La Casa Blanca desclasifica documentos que muestran que el FBI investigó a Donald Trump como posible activo ruso tras el despido de James Comey, a pesar de que informes posteriores —como el del fiscal Durham— concluyeron que no había base para tales sospechas.
- Datos clave: La investigación, denominada Oxferd Comma, se abrió el 16 de mayo de 2017 y se cerró en abril de 2019 sin cargos. Los documentos evidencian que el FBI conocía la fragilidad del expediente Steele y que agentes clave expresaron dudas sobre la solidez del caso.
- Para España: Afecta a la percepción de estabilidad institucional en Estados Unidos, un factor relevante para las empresas españolas con exposición al mercado americano. La cooperación bilateral en materia de justicia e inteligencia también podría resentirse si se confirma la politización de las agencias.
