El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha reconocido este miércoles que Galicia “habrá que atender” a los menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta la semana pasada, aunque ha evitado concretar el número de plazas que la comunidad ofrecerá y ha confirmado que la Xunta de Galicia mantiene su recurso ante el Tribunal Supremo contra el reparto obligatorio.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Xunta admite que acogerá a los menores migrantes de Ceuta, pero no especifica cuántos.
- ¿Quién está detrás? El conselleiro Diego Calvo, en nombre del gobierno gallego del PPdeG.
- ¿Qué impacto tiene? Galicia mantiene el pulso legal con el Gobierno central mientras se prepara para una posible llegada de menores.
Calvo ha respondido a los periodistas durante un acto en Pontevedra, donde ha insistido en que la postura de la Xunta “es de sobra conocida”: reforzar la política de fronteras para que la llegada incesante de menores no se convierta “en algo normal”. “No se puede admitir que semana tras semana lleguen cientos de chicos y que después las comunidades tengamos que asumir las consecuencias de una situación sobre la que el Gobierno central no hace absolutamente nada”, ha subrayado.
El titular de Presidencia ha ligado la acogida a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “también atienda las demandas de las comunidades autónomas” y tenga en cuenta los requerimientos que estas vienen trasladando desde hace meses. En ningún momento ha ofrecido una cifra de plazas, pese a que la semana pasada desembarcaron en la ciudad autónoma unos 1.100 menores no acompañados.
Galicia cuenta con plazas en su red de protección de menores, pero la Xunta evita poner números sobre la mesa. El argumento es que cualquier reparto debe ser voluntario y pactado, y que el modelo impuesto por el Ministerio de Derechos Sociales vulnera las competencias autonómicas. De ahí el recurso ante el Supremo, que la Xunta interpuso hace meses y que sigue su curso.
El recurso al Supremo como escudo legal
La decisión de la Xunta de llevar el real decreto de reparto al alto tribunal es el eje de su estrategia. El gobierno de Rueda sostiene que el Estado no puede imponer cupos obligatorios sin la conformidad de las comunidades, una línea argumental que ya han esgrimido otras autonomías gobernadas por el PP. El fallo del Supremo será clave para saber si las comunidades pueden bloquear el reparto o si tendrán que acatarlo.
Mientras tanto, el conselleiro ha vuelto a reclamar un refuerzo “mucho más contundente” de la política fronteriza, en línea con las declaraciones que la propia presidenta de la Xunta, Alfonso Rueda, ha repetido en los últimos meses. La premisa es clara: acoger sí, pero previo control de flujos y acuerdo entre administraciones.
El PPdeG se mueve entre la obligación legal de acoger a los menores y el discurso de control migratorio que alimenta a su electorado.
El Laboratorio Gallego
La posición de la Xunta es un reflejo casi exacto de la que el PP nacional liderado por Alberto Núñez Feijóo ha adoptado en el debate migratorio. Exigir más control fronterizo mientras se acepta, con matices, la acogida de menores es el guión que Génova ha ido afinando tras cada crisis migratoria. Galicia, que fue el territorio desde el que Feijóo construyó su actual liderazgo, vuelve a funcionar como banco de pruebas del discurso popular.
En el Parlamento gallego, la oposición del BNG y del PSdeG ha exigido en repetidas ocasiones que la Xunta concrete su aportación y deje de “esconderse detrás de recursos judiciales”. Sin embargo, el PPdeG mantiene una mayoría absoluta que le permite marcar los tiempos sin necesidad de ceder. La próxima votación sobre este asunto, si se produce, difícilmente alterará la hoja de ruta del gobierno de Rueda.
La tensión entre solidaridad y soberanía competencial no es nueva. En 2022, un episodio similar con menores procedentes de Canarias ya puso a prueba a la Xunta, que entonces aceptó algunas plazas tras un acuerdo bilateral con el Gobierno. Ahora, con un recurso judicial en marcha y un ciclo electoral a la vista, la ambigüedad calculada de Calvo parece diseñada para ganar tiempo. La incógnita es cuánto podrá resistir sin dar una cifra que, tarde o temprano, alguien —el Supremo, la UE o la presión mediática— terminará por obligarle a concretar.
Ficha del Caso
- El caso: La Xunta admite que atenderá a los menores migrantes llegados a Ceuta, pero no concreta plazas y mantiene un recurso ante el Tribunal Supremo contra el reparto obligatorio.
- Datos importantes: 1.100 menores arribaron a Ceuta la última semana; el conselleiro Diego Calvo insiste en reforzar el control fronterizo; Galicia recurrió el real decreto de reparto por invasión competencial.
- Resumen: El PPdeG practica una política de acogida ambigua que combina la obligación legal con la crítica al Gobierno central, un modelo que replica el discurso nacional de Alberto Núñez Feijóo.
