El Tribunal Supremo ha solicitado formalmente a la Comisión Europea el dictamen motivado que considera ilegal la prórroga de la concesión de la AP‑9, la autopista que vertebra Galicia de norte a sur, para decidir si el Gobierno central debe anular la extensión otorgada en su día por el ejecutivo de José María Aznar. La solicitud, plasmada en un auto conocido este jueves, supone un giro en el procedimiento y abre una vía para que la asociación de transportistas Apetamcor acceda por fin al documento cuya entrega le había sido negada.
Un dictamen crucial que Bruselas guardaba bajo llave
La batalla jurídica se remonta al año 2000, cuando el Gobierno de Aznar amplió hasta 2048 la concesión de la AP‑9 y de otras autopistas sin atender las normas comunitarias de contratación pública, según el criterio de las autoridades europeas. La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España y emitió un dictamen motivado en el que concluía que aquella decisión vulneró la legislación de la Unión. El Alto Tribunal reclama ahora ese mismo dictamen como prueba para dilucidar si procede la revisión de oficio de la prórroga.
El auto del Supremo, citado por Europa Press, responde al recurso que la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor) interpuso contra el acuerdo del Consejo de Ministros de finales de 2025. Entonces, el Ejecutivo inadmitió a trámite la solicitud de revisión de la concesión y se negó a facilitar el dictamen europeo, argumentando que no formaba parte del expediente. En mayo, el propio Supremo aceptó aquella negativa, pero la asociación encontró una rendija legal: pedir que fuera la propia Comisión quien valorase la entrega del documento como medio de prueba.
“La apreciación de si concurren o no las excepciones que determinarían la imposibilidad de remitir dicho documento corresponde realizarlas a la Comisión Europea y no a este Tribunal”, recoge el auto. El tribunal gallego —aunque la decisión corresponde a la sala tercera con sede en Madrid— envía un oficio a Bruselas para que sea la institución comunitaria la que decida si el dictamen motivado puede incorporarse a la causa.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo ha pedido a la Comisión Europea el dictamen que considera ilegal la prórroga de la autopista AP‑9 concedida por el Gobierno de Aznar.
- ¿Quién está detrás? La solicitud parte de la asociación gallega de transportistas Apetamcor y cuenta con el aval del Supremo, tras meses de negativa del Gobierno central.
- ¿Qué impacto tiene? Si el Tribunal accede al dictamen y confirma la ilegalidad, podría anular la prórroga hasta 2048 y obligar al Estado a renegociar la concesión.
El papel de la Xunta y la eterna reclamación gallega
La AP‑9 es mucho más que una infraestructura: es el corredor que conecta las ciudades atlánticas —Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo— y la puerta de entrada a Portugal. Cada año más de 100.000 vehículos diarios la utilizan y los peajes que abonan los gallegos son, proporcionalmente, de los más altos del país. La Xunta de Galicia, el gobierno autonómico con sede en Santiago, ha reclamado en reiteradas ocasiones la transferencia de la titularidad de la autopista, sin éxito hasta ahora.
La negativa del Gobierno central a compartir el dictamen europeo no sentó bien en la comunidad. “Que Bruselas diga que la prórroga fue ilegal y que el ministerio esconda ese papel es una falta de respeto a los gallegos”, señalaron fuentes del sector del transporte consultadas por Moncloa.com. La asociación Apetamcor ha llevado el pulso hasta las últimas instancias, consciente de que una anulación de la concesión despejaría el camino para reducir los peajes o incluso liberar la autopista en un plazo muy inferior al actual.
La sentencia del Supremo podría convertir el dictamen de Bruselas en el instrumento que tumbe una concesión prorrogada hace más de dos décadas.
El PPdeG, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el PSdeG —los tres principales partidos del Parlamento de Galicia— han coincidido en diversos momentos en exigir el fin de los peajes, aunque la estrategia difiere. Mientras el PPdeG vincula la solución a un traspaso de la vía a la Xunta, el BNG apuesta por una negociación directa con la UE y el PSdeG defiende que el Gobierno de Sánchez asuma el coste de una eventual liberación. Ahora, la intervención del Supremo puede acelerar un desenlace que trasciende la política autonómica.
El Laboratorio Gallego
La cuestión de la AP‑9 tiene una lectura nacional nítida: lo que sucede con esta autopista es un termómetro de la relación entre el poder central y la periferia. Galicia es la única comunidad sin un sistema ferroviario de altas prestaciones —el AVE aún no llega en condiciones homologables a las del resto del corredor atlántico— y la dependencia del transporte por carretera es absoluta. Por eso, los peajes de la AP‑9 no son una polémica local: son un factor de competitividad que afecta a toda la economía gallega, desde la industria de Navantia en Ferrol hasta el sector pesquero en Vigo.
El laboratorio político es evidente. Mientras el Gobierno central ha mantenido un perfil bajo, la iniciativa de Apetamcor y el respaldo del Supremo sitúan la legalidad de las concesiones prorrogadas en el centro del debate. Si el dictamen de Bruselas se hace público y confirma la ilegalidad, el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría verse forzado a negociar una resolución que afectaría al menos a la AP‑9 y a la AP‑66 (León‑Asturias), también investigadas. La decisión, además, pone a prueba la coherencia del PP nacional: el feudo gallego de Alberto Núñez Feijóo ha sido durante años defensor del traspaso de la autopista, pero la ilegalidad atribuida al Gobierno de Aznar —del mismo partido— complica cualquier lectura simplista.
En el Parlamento de Galicia, con 75 diputados y mayoría absoluta del PPdeG desde 2009, la próxima sesión de control podría incluir preguntas al presidente Alfonso Rueda sobre las gestiones realizadas para presionar al Gobierno central. De momento, la pelota está en el tejado de Bruselas: la Comisión Europea tiene ahora la palabra para desclasificar un documento que podría cambiar la vida de los conductores gallegos durante las próximas dos décadas.
Ficha del Caso
- El caso: La AP‑9, la principal autopista de Galicia, sufrió una prórroga de su concesión en el año 2000 que la Comisión Europea considera ilegal. El Tribunal Supremo reclama ahora el dictamen motivado de Bruselas para decidir si el Gobierno debe anularla.
- Datos importantes: La prórroga amplía la concesión hasta 2048; el dictamen de la UE concluye que España incumplió las normas de contratación pública; la asociación Apetamcor recurrió la negativa del Consejo de Ministros de 2025 a revisar el caso.
- Resumen: Un nuevo auto del Supremo da vía libre a que Bruselas entregue el documento que podría probar la ilegalidad de la prórroga, lo que abriría la puerta a la anulación de los peajes o a una renegociación que beneficiaría a miles de conductores gallegos y al conjunto de la economía autonómica.
