EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El juez Richard Eaton, del Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU., ha escuchado argumentos para certificar una demanda colectiva que obligaría al Gobierno a reembolsar la totalidad de los 166.000 millones de dólares en aranceles que el expresidente Trump impuso en 2025 y que el Supremo declaró ilegales.
- ¿Quién está detrás? Una coalición de empresas importadoras, liderada por la firma vinícola V.O.S. Selections, y el Departamento de Justicia, que defiende que el sistema actual de devolución ya funciona y que una acción de clase es innecesaria.
- ¿Qué impacto tiene? Si se certifica la clase, miles de pequeños importadores —incluidos muchos exportadores españoles de vino, aceite y otros productos— podrían recuperar sus aranceles sin tener que presentar demandas individuales.
El juez Richard Eaton, del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, se inclina por autorizar la primera demanda colectiva que obligaría al Gobierno federal a completar la devolución íntegra de los 166.000 millones de dólares en aranceles que la Administración Trump impuso de manera ilegal en 2025. En una vista celebrada ayer, el magistrado escuchó los argumentos de una coalición de importadores y del Departamento de Justicia, seis meses después de que el Tribunal Supremo anulara los gravámenes por carecer de base legal.
La clave del litigio radica en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la norma que el expresidente invocó para justificar los aranceles del llamado ‘Día de la Liberación’. En febrero pasado, el Supremo dictaminó que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer tarifas aduaneras, lo que convirtió en ilegales todas las tasas cobradas desde abril de 2025.
Desde entonces, la Administración ha reembolsado cerca del 60% de los 166.000 millones, unos 100.000 millones de dólares, a través del programa CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries). Sin embargo, decenas de miles de importadores pequeños y medianos aún no han recibido su dinero, según advirtió el propio juez Eaton.
La batalla procesal: ¿clase colectiva o reclamaciones individuales?
La coalición de empresas, liderada por el importador de vinos V.O.S. Selections, pide al tribunal que certifique una clase de todos los afectados para emitir una única orden que obligue a reliquidar de oficio las entradas aduaneras con aranceles IEEPA. “En lugar de que los tribunales y las partes se vean abrumados por multitud de demandas distintas, bastaría una sola orden para que todas las operaciones aduaneras con esos aranceles fueran reliquidadas”, argumentó Colleen Sinzdak, abogada de la coalición.
El Departamento de Justicia se opuso alegando que la petición llegaba demasiado tarde en el del proceso, pero ofreció alternativas como eximir del pago de la tasa judicial a los pequeños reclamantes o crear un modelo normalizado de demanda. Al juez Eaton la propuesta de suprimir las tasas le pareció sorprendente, aunque agradeció las sugerencias del Gobierno.
Eaton no emitió un fallo ni fijó un plazo, pero todo apunta a que certificará la clase. Eso allanaría el camino para que cualquier importador, sin necesidad de litigar por su cuenta, reciba la totalidad de lo que pagó indebidamente.
El Supremo ya dijo que aquellos aranceles eran ilegales; ahora el debate es si el reembolso será ágil para todos o si miles de empresas quedarán atrapadas en un laberinto burocrático.
La Lógica de Washington
Para entender por qué la Administración Trump recurrió a la IEEPA conviene recordar que esta ley, nacida en 1977, permite al presidente regular transacciones económicas durante una emergencia nacional. Washington lleva décadas utilizando la seguridad nacional como paraguas para imponer sanciones comerciales, pero nunca se había usado para aranceles generalizados. El Supremo puso fin a esa interpretación expansiva, reafirmando el poder del Congreso para fijar la política arancelaria.
La decisión judicial de ahora no es una mera cuestión técnica: afecta a la capacidad del Ejecutivo para gestionar las consecuencias de un fallo adverso. El programa CAPE demuestra que el Gobierno puede procesar reembolsos masivos, pero el riesgo de que miles de pequeños importadores queden fuera es real. Para España, el impacto es directo. Los exportadores de vino, aceite de oliva y otros productos agroalimentarios pagaron esos aranceles durante meses, y recuperarlos exige hoy un costoso pleito individual. Una clase colectiva les abriría la puerta a una devolución automática, sin tasas judiciales ni abogados.
El precedente no es menor: si el juez Eaton certifica la clase, se sentarán las bases para futuras reclamaciones masivas contra aranceles declarados ilegales. Sería un recordatorio de que, en el sistema estadounidense, la última palabra en materia de legalidad arancelaria la tiene el poder judicial, no la Casa Blanca.
Ficha del Caso
- El caso: Demanda colectiva ante el Tribunal de Comercio Internacional para forzar la devolución íntegra de los aranceles que Trump impuso en abril de 2025 usando la IEEPA y que el Tribunal Supremo anuló en febrero de 2026.
- Datos clave: 166.000 millones de dólares en aranceles ilegales; el Gobierno ha reembolsado unos 100.000 millones (60%) mediante el programa CAPE; decenas de miles de importadores aún esperan su dinero.
- Para España: Si se certifica la clase, los exportadores españoles de vino, aceite y otros bienes podrán recuperar los aranceles pagados sin litigar de forma individual, lo que agiliza el cobro y reduce costes.
