EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La dirección nacional del PP ha confirmado que asistirá este jueves a la reunión convocada por el Gobierno para empezar a organizar el reparto de menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta.
- ¿Quién está detrás? El vicesecretario autonómico, Elías Bendodo, ha asegurado que “siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar”, aunque no aclara qué harán las tres comunidades donde Vox tiene las competencias de infancia.
- ¿Qué impacto tiene? La decisión abre una brecha visible en los gobiernos de coalición de PP y Vox y deja en el aire la participación de Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde los ultras ya han vetado cualquier reparto.
El Partido Popular asistirá este jueves a la reunión preparatoria convocada por el Gobierno socialista para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados desde Ceuta, desmarcándose así del veto anunciado por Vox en las tres comunidades donde la extrema derecha gestiona las políticas de infancia.
Elías Bendodo, vicesecretario autonómico del PP, confirmó la presencia de los ejecutivos autonómicos en los que su partido controla las consejerías implicadas, pero no pudo garantizar qué ocurrirá en Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde esos departamentos recaen en socios de Vox. “Nosotros estamos dispuestos a asistir. Es bueno escuchar, aunque estemos en contra”, afirmó Bendodo en declaraciones a los medios en Barcelona.
La cita de este jueves es el primer paso de un calendario que el Gobierno de Pedro Sánchez ha diseñado para intentar aliviar la presión sobre Ceuta, cuyos servicios de acogida están desbordados tras la entrada de decenas de miles de personas, buena parte de ellas niños y adolescentes. Fuentes de Moncloa insisten en que la reunión es meramente técnica (asisten directores generales) y que la decisión final se tomará en un encuentro posterior, la semana próxima, al que sí acudirán los consejeros autonómicos.
El PP acude “a escuchar” mientras Vox se planta
El plante de Santiago Abascal ha sido total. El presidente de Vox replicó hace solo unos días que “ni un euro de los españoles” debe destinarse a los “menas” —como la formación ultra denomina despectivamente a los menores extranjeros no acompañados— y calificó lo sucedido en Ceuta de “invasión”. Su vicepresidente andaluz, Manuel Gavira, añadió que todos los gobiernos autonómicos con presencia de Vox se opondrán “a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez”.
La dirección nacional del PP, en cambio, ha optado por un gesto que busca alejarse del discurso más duro sin ceder en el fondo. Bendodo recordó que seguirán cumpliendo la ley, pero evitó precisar qué harán si los consejeros de Vox en Aragón, Extremadura y Castilla y León deciden no acatar la decisión final. “Cumplimos la ley y la vamos a seguir cumpliendo”, repitió, sin aclarar si el PP reemplazará a los responsables de infancia en esas autonomías o asumirá la representación por otra vía.
La fisura entre los dos socios de la derecha no es nueva. En 2024, bajo un escenario similar, Vox en bloque abandonó los gobiernos autonómicos precisamente por la acogida de menores migrantes. Dos años después, la situación se repite y la tensión vuelve a dispararse en el momento en que Ceuta pide auxilio.
Ceuta desbordada y la obligación legal que nadie se puede saltar
El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas (PP), había advertido días atrás que confiaba en en que los pactos autonómicos con Vox no “complicasen” el cumplimiento de la ley. La respuesta de Abascal fue inmediata y engrasó el discurso más extremo, que sitúa al Gobierno ante la tesitura de forzar los traslados por la vía legal si alguna comunidad se niega.
Según fuentes del Ejecutivo consultadas por Moncloa.com, las autonomías no pueden vetar la recepción de menores. Lo único que cabe es recurrir cada expediente de forma individual, lo que ralentizaría el proceso unos días pero no lo impediría. Ese escenario, admiten en privado, es el que teme Moncloa si Vox mantiene su posición de bloqueo en las tres comunidades donde controla infancia, porque alargaría durante semanas la descongestión de una Ceuta al límite.
En la reunión del jueves, los equipos técnicos empezarán a estudiar los cupos y los recursos disponibles en cada territorio. La cifra final de menores a reubicar aún no está cerrada, pero el real decreto-ley que el Gobierno ultima fijará criterios de solidaridad interterritorial similares a los que ya se aplicaron en 2018, cuando la llegada del Aquarius obligó al gabinete de Sánchez a improvisar un mecanismo de reparto.
El Eje del Poder Socialista
La decisión del PP de acudir a la mesa de diálogo convocada por el Gobierno socialista sitúa a Pedro Sánchez en una posición de fortaleza narrativa. Moncloa puede hoy subrayar que incluso el principal partido de la oposición acepta sentarse a escuchar, mientras la extrema derecha se enroca en la retórica de la invasión. La portavocía del Grupo Parlamentario Socialista ya ha hecho notar esa división en el bloque conservador, convencida de que la mayoría social del país respalda una acogida ordenada y solidaria.
Para las comunidades gobernadas por el PSOE el mensaje es más fácil: los presidentes socialistas de Asturias, Navarra o Castilla-La Mancha llevan semanas preparando plazas de acogida y reiterando que cumplirán escrupulosamente el reparto. En el otro lado, los territorios con gobiernos de coalición PP-Vox que ahora están en el foco —Aragón, Extremadura y Castilla y León— se convierten en el test que medirá hasta dónde está dispuesto a llegar el partido de Alberto Núñez Feijóo por mantener la alianza con los ultras.
La lección de 2024 es inevitable: entonces, el pulso acabó con la ruptura de los gobiernos autonómicos de coalición. Dos años más tarde, el contexto es aún más delicado porque Vox ocupa las vicepresidencias y maneja las consejerías de servicios sociales en esas tres comunidades. Si el veto se impone, el Gobierno se verá obligado a recurrir a los tribunales y la imagen de descoordinación en la derecha será difícil de gestionar para un PP que aspira a presentarse como alternativa de gobierno.
El PP ha optado por una vía pragmática que evita el choque directo con la ley y expone a Vox como el único partido que se niega en redondo a cualquier tipo de diálogo.
Moncloa mantiene el pie en el acelerador legislativo. El real decreto-ley que se prepara busca blindar el mecanismo de distribución sin depender de la voluntad de cada consejería, apoyándose en la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la competencia estatal en materia de inmigración. La próxima semana, cuando los consejeros se sienten a la mesa, se medirá la verdadera disposición de las autonomías. Hasta entonces, el gesto del PP de acudir este jueves sirve al menos para mantener abierta la vía del diálogo y para aislar a una extrema derecha que ya se ha quedado sola defendiendo el no por sistema.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: “La solidaridad interterritorial y el cumplimiento de la ley son innegociables; España no puede dejar sola a Ceuta.”
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Reunión técnica este jueves y encuentro de consejeros la semana próxima, donde se definirá el reparto efectivo.
