El Consejo Audiovisual de Andalucía ha lanzado un aviso contundente a quienes salgan este agosto a disfrutar de la Feria de Málaga: grabar y difundir vídeos de personas sin su consentimiento puede costar hasta 10.000 euros por infringir el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo Audiovisual de Andalucía ha advertido de multas de hasta 10.000 euros por grabar y difundir vídeos sin consentimiento en la Feria de Málaga.
- ¿Dónde y quién? La advertencia del regulador autonómico se centra en la Feria de Málaga y en la difusión de imágenes en redes sociales como TikTok e Instagram.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Quien comparta este tipo de contenidos se expone a sanciones económicas y a vulnerar derechos fundamentales recogidos en la Constitución.
La advertencia del Consejo Audiovisual de Andalucía
El Consejo Audiovisual de Andalucia, la autoridad independiente encargada de regular y supervisar el sector audiovisual en la comunidad autónoma, ha insistido en que compartir estos vídeos en TikTok o Instagram no es una práctica inofensiva. La advertencia adquiere especial fuerza en un evento tan concurrido como la Feria de Málaga, donde cada agosto se multiplican las publicaciones desde el recinto ferial.
La sanción económica puede ascender a 10.000 euros cuando las grabaciones se difunden sin el permiso de las personas afectadas. No importa que la escena parezca divertida ni que ocurra en un espacio público: el derecho al honor no desaparece al pisar la calle. El organismo ha insistido en que la difusión masiva multiplica el daño, porque la huella digital de una burla puede perseguir a la víctima durante años.
El aviso se centra sobre todo en el conocido hashtag #papagorda, que comenzó a utilizarse durante la Feria de Sevilla de 2019 y que desde entonces se ha ido viralizando edición tras edición. Bajo esta etiqueta se publican contenidos de personas en evidente estado de embriaguez con la intención de mofarse de ellas. La Feria de Málaga no es ajena a esta tendencia.
El propio regulador andaluz subraya que encontrarse en un espacio público no implica una renuncia automática a los derechos de imagen, especialmente cuando las imágenes permiten identificar a las personas y se difunden masivamente sin autorización. Es un debate incómodo pero urgente en plena temporada de fiestas populares.
Compartir la borrachera de un desconocido puede salir más caro que cualquier rebujito: hasta 10.000 euros de multa.
El precedente de 2022 y los derechos que protege
La advertencia del Consejo Audiovisual de Andalucía no llega sin referencias. El organismo detalla que en 2022 la Agencia Española de Protección de Datos impuso una multa de 10.000 euros por la difusión masiva en redes de un vídeo grabado sin consentimiento. En aquella secuencia se podía identificar a una persona apoyada en una papelera para mantener el equilibrio mientras su perro permanecía en la carretera.
Aquellas imágenes se grabaron desde un coche por un desconocido y se compartieron sin permiso. La identificación de la persona convirtió la broma en sanción. El caso sentó precedente y demuestra que la normativa de protección de datos tiene consecuencias reales en escenarios cotidianos.
A la normativa de protección de datos se suman los derechos recogidos en el artículo 18 de la Constitución Española: el honor, la intimidad personal y la propia imagen. La combinación de ambas vías permite sancionar a quien graba y, sobre todo, a quien difunde sin autorización. No se trata solo de sancionar al autor del vídeo: las plataformas tienen obligación de retirar contenidos denunciados, pero la prevención evita el problema de raíz.
La Lectura Andaluza
La polémica no es nueva en Andalucía. El hashtag #papagorda nació en la Feria de Sevilla en 2019 y se ha instalado como una sombra incómoda en las celebraciones más populares de la comunidad. Detrás de la alerta del Consejo Audiovisual de Andalucía hay una tensión entre la fiesta como espacio de libertad y el derecho de cualquier persona a no acabar convertida en burla viral. Las redes sociales amplifican el daño de estas grabaciones y hacen prácticamente imposible retirar una imagen una vez compartida.
Para el ciudadano andaluz la lectura práctica es clara: grabar una escena en la Feria de Málaga y subirla a redes puede tener un precio muy superior al de una caña. El hecho de que la víctima esté en espacio público no exime al autor de la difusión. La advertencia del regulador regional está pensada precisamente para estos días de feria, cuando los móviles graban sin descanso.
La proyección apunta a más concienciación. El Consejo Audiovisual de Andalucía ya ha advertido de que sigue con atención el comportamiento en redes durante las fiestas populares y que la normativa está para cumplirse. Al final, la mejor defensa del derecho al honor empieza por una decisión sencilla: no compartir lo que no se querría ver publicado de uno mismo. Andalucía tiene fiestas para disfrutarlas, no para convertirlas en un problema judicial.
