La mayoría progresista del Tribunal Constitucional considera ‘irracionales’ los argumentos del Supremo contra la amnistía. El borrador que firma Cándido Conde-Pumpido entra en el fondo del pulso judicial y prepara doctrina para el resto de encausados.
Qué reprocha el Constitucional al Supremo
El documento es una ponencia sobre el recurso de amparo de la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa. No califica de ‘arbitrarias’ las resoluciones de la Sala de lo Penal —Conde-Pumpido fue magistrado de ese órgano hasta 2017— pero censura sus razonamientos con una dureza poco habitual: los tilda de ‘irracionales’, ‘carentes de sentido lógico’ e ‘incongruentes’, y aprecia que sus integrantes vulneraron garantías básicas como la tutela judicial efectiva el principio de legalidad penal y el acceso a cargos públicos de los encausados. La tesis la comparten los siete magistrados de la mayoría progresista.
El choque tiene fecha. La Sala de lo Penal denegó en julio de 2024 aplicar la amnistía a los dirigentes del procés condenados por malversación, y lo hizo con dos argumentos que ahora se desmontan. El primero retorcía la propia ley: el texto excluye de la amnistía los delitos cometidos con ánimo de enriquecimiento, y el Supremo interpretó que los condenados se habían enriquecido ‘en forma de ahorro’ por no haber usado dinero de su propio bolsillo. El segundo invocaba un supuesto daño a los intereses financieros de la Unión Europea que el Tribunal de Justicia de la UE ya descartó el pasado 16 de julio.
Para la ponencia, esa ocurrencia constituye una ‘interpretación impredecible de los preceptos aplicables’. ‘Al apartarse de la finalidad de la ley de amnistía, no han mantenido el nexo de coherencia necesario entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución de la amnistía’, resume el texto. El resultado, añade, es una ‘drástica contracción’ del ámbito de aplicación de la norma, ‘manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la ley’. La ponencia recuerda además que el Tribunal de Luxemburgo dejó claro que no cabe apreciar afectación de los intereses financieros de la Unión por la mera disminución de la Renta Nacional Básica, la tesis que había esgrimido el Supremo.
El segundo pilar del borrador detecta una ‘contradicción flagrante e insoluble’. En la sentencia del procés, el Supremo sostuvo que los encausados sabían que la independencia era ‘manifiestamente inviable’ desde el punto de vista jurídico. A la hora de aplicar la amnistía, en cambio, entendió que la declaración de independencia sí habría podido conducir a la separación de Cataluña. Esa quiebra de la racionalidad es, para la mayoría, ‘inconciliable’ con el derecho a no verse sometido a razonamientos contradictorios.
Cuando un tribunal se inventa una excepción que la ley no contempla, no interpreta la norma: la vacía de contenido.
El Pleno del 5 de octubre y la jugada de Macías
La ponencia sobre Bassa se debatirá en el próximo Pleno del 5 de octubre junto a otra corregida por el magistrado conservador José María Macías, relativa al exconseller de Presidencia Jordi Turull. Macías acudió la semana pasada con un borrador que pretendía avalar la interpretación del Supremo. Rechazado por la mayoría, declinó ceder la ponencia y anunció que redactaría la sentencia y un voto particular discrepante contra su propio texto. La maniobra, insólita, busca forzar un pronunciamiento conservador que respalde la tesis del Supremo.
Si el proyecto de Conde-Pumpido sale adelante, obligará expresamente a la Sala a amnistiar el delito ‘con carácter preferente y urgente’ y fijará los criterios para resolver el resto de recursos por aplicación de doctrina. El primer amparo validará los argumentos para el conjunto de encausados, incluido el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
El Eje del Poder Socialista
La lectura que hace Ferraz es inequívoca: la amnistía no responde a un gesto táctico, sino a la vía política que el PSOE eligió para cerrar una de las fracturas más graves de la democracia reciente. No es la primera vez. Ya ocurrió con los indultos de 2021 y, antes, con la moción de censura de 2018, cuando el partido apostó por la vía institucional para desactivar el conflicto catalán. El borrador del Constitucional devuelve esa apuesta al centro del tablero.
El impacto territorial es directo. El PSC de Salvador Illa figura entre los principales beneficiados de la distensión, mientras el Govern de la Generalitat observa con atención un pronunciamiento que condiciona la estabilidad de la legislatura. ERC y Junts han hecho de la aplicación efectiva de la norma una condición de su apoyo parlamentario. En la dirección federal nadie ignora que, si el Supremo mantiene el pulso y amnistía caso por caso, el conflicto se prolongará meses.
En el flanco interno, la decisión tensa el equilibrio entre quienes defienden la normalización con Cataluña y las voces más críticas, con Emiliano García-Page a la cabeza. La dirección, eso sí, ha cerrado filas: la amnistía se defiende como instrumento de convivencia y como blindaje institucional frente a un Partido Popular que trata de rentabilizar cada revés judicial. El riesgo real no es jurídico, sino de tiempos. Una vez concedido el primer amparo, queda por saber si la Sala de lo Penal extiende la medida a todos los encausados o si el activismo judicial obliga a resolver recurso a recurso. La próxima cita, el Pleno del 5 de octubre.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: la amnistía es la vía de la convivencia y la política útil frente a un Supremo que interpreta donde no le corresponde.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE), que sostiene la apuesta por la solución política al conflicto catalán.
- Próximo hito: el Pleno del Tribunal Constitucional del 5 de octubre, que debatirá las ponencias sobre Dolors Bassa y Jordi Turull.
