La AMB avala la oferta de Veolia para el macrocontrato del agua: 1.078 millones y 25 años de gestión.
Qué ha aprobado el Consejo Metropolitano de la AMB
El Consejo Metropolitano dio luz verde este martes a la clasificación de ofertas del concurso público. La propuesta de la Societat General d’Aigües de Barcelona, filial del grupo francés Veolia, queda en primera posición con 100 puntos sobre 100: la mesa de contratación consideró que tanto la oferta técnica como la económica merecían la calificación máxima.
El contrato se extiende durante 25 años y mueve 1.078 millones de euros. Veolia prevé invertir 1.000 millones en España hasta 2030, de modo que este concurso encaja en su estrategia de consolidación en el mercado ibérico.
Los ocho municipios y las inversiones comprometidas
La concesión cubre el suministro de agua potable en ocho localidades que suman alrededor de 250.000 habitantes: Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, La Palma de Cervelló, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès y Tiana.
Además de la explotación del servicio, la adjudicataria deberá ejecutar 168,7 millones de euros en inversiones para modernizar las infraestructuras de abastecimiento y distribución. En términos anuales, el contrato equivale a unos 43 millones por ejercicio, alrededor de 170 euros por residente y año. La parte económica era, precisamente, la que la mesa miró con lupa. El detalle del procedimiento puede consultarse en la web oficial del AMB.
La sombra de los tribunales sobre la adjudicación
El pleno no fue unánime. La concesión salió adelante con la abstención de ERC y del PP, mientras votaron en contra Compromís i Acord per Torroella, Junts per Torroella, Vox, En Comú Podem y dos consejeros del grupo de Junts per Catalunya.
Un contrato de 25 años se gana en el pliego y se pierde en el juzgado: la amenaza de impugnación pesa más que cualquier puntuación técnica.
El consejero delegado de Acción Climática de Barcelona en Comú, Guille López, justificó su voto por el temor a que la concesión acabe en los tribunales. Una impugnación prolongaría el proceso y dejaría a los municipios en una situación precaria. Su grupo también defiende la gestión directa por parte de la Administración. Enfrente, la vicepresidenta del Área del Ciclo del Agua y Análisis de Políticas Metropolitanas, Belén García, sostuvo que el AMB ha hecho el trabajo técnico necesario para que ‘todo esté bien medido y no haya impedimentos’, y avisó de que frenar la propuesta alargaría la situación de un servicio que en algunos municipios es ‘muy imperfecta’.
Por qué Veolia partía como favorita
La multinacional no llegaba a ciegas. Su filial Aigües de Barcelona ya presta el servicio en la ciudad de Barcelona y en una veintena de municipios del entorno, lo que le otorga conocimiento del terreno y capacidad para generar economías de escala. Sobre ese argumento construyó su defensa cuando el AMB le pidió que justificara una propuesta que la mesa veía con recelo.
La compañía sostuvo que la seguridad del suministro no está en riesgo pese a la baja cuantía de su oferta económica. No convenció a todos. La UTE Aqualia-Aguas de Valencia presentó alegaciones al estimar que la oferta económica de de Veolia era injustificable. El consorcio se quedó en segunda posición, con 93,58 puntos.
Qué revela este contrato del mapa del agua metropolitano
Lo que observamos es un movimiento de piezas que va más allá de ocho municipios. El área metropolitana de Barcelona funciona desde hace años como un tablero en el que conviven operadores privados con vocación de permanencia y ayuntamientos que reclaman recuperar la gestión directa. Cada licitación se convierte, de hecho, en un pulso político antes que técnico.
La posición de Veolia en este concurso no es la de un recién llegado. Aigües de Barcelona opera en la capital catalana y en su corona, y la adjudicación refuerza esa continuidad territorial: quien ya gestiona el agua de Barcelona amplía ahora su radio hacia el Baix Llobregat, el Vallès y el litoral metropolitano. La lectura política es otra. ERC y el PP se abstienen, Junts se parte y los comunes votan en contra apelando a los tribunales. Nadie quiere quedar retratado como responsable de una eventual prórroga del servicio en precario.
Queda un riesgo real sobre la mesa. El recurso especial en materia de contratación, que se resolvería ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, podría paralizar la formalización del contrato. La ley fija plazos estrictos para esa impugnación, de modo que las próximas semanas serán determinantes. Mientras tanto, los vecinos de Cervelló, Ripollet o Sant Andreu de la Barca seguirán con el mismo suministro, el mismo recibo y la misma incertidumbre sobre quién estará al otro lado de la tubería en 2051.
