El Govern sumará medidas de vivienda al decreto Maricarmen que el Consejo de Ministros aprueba este martes, con el objetivo de complementar por la vía catalana lo que Moncloa impulse con carácter estatal. Lo ha confirmado la consellera y portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, tras el Consell Executiu: el equipo de Salvador Illa quiere ampliar las propuestas del Gobierno central a expensas de su convalidación en el Congreso.
Detrás de la decisión está el desahucio de Maricarmen Abascal, una octogenaria madrileña cuyo caso ha desatado manifestaciones y protestas en los últimos días. En ese contexto de presión social, el ejecutivo catalán ha decidido mover ficha y adelantarse a cualquier reproche de inacción.
En paralelo a la aprobación de dos decretos en el Consejo de Ministros —uno pactado con Junts y otro cerrado in extremis con Sumar—, el Govern ha acordado este martes nuevas medidas en materia de vivienda dentro del Consell Executiu. La idea es sumar capas catalanas a una norma estatal que aún no está garantizada.
Qué añade el Govern y por qué lo hace ahora
Paneque ha puesto el foco en la ampliación del parque público de vivienda, que debería situarse en torno al 15% del total y hoy no llega ni al 2% en Cataluña. Es la brecha que el Govern lleva dos años prometiendo cerrar sin haberlo logrado.
A esa meta se suma la construcción de 50.000 viviendas protegidas, que Illa anunció hace exactamente dos años en su primer Debate de Política General como president, y la llamada ‘actuación preventiva’ en materia de desahucios, que coincide con el desalojo de una persona con discapacidad este mismo martes en Mataró.
El Govern compite por liderar el relato de la vivienda mientras Junts sostiene la llave de su aplicación efectiva.
En el capítulo preventivo, la unidad antidesahucios pactada con los Comuns echará a rodar a finales de 2026 o principios de 2027, con una inversión de 40 millones de euros. En el frente de la vivienda especulativa, el Govern trabaja en dar seguridad jurídica a la ley que tumbó el Consell de Garanties Estatutàries, un texto acordado entre Govern, ERC y Comuns que no encajaba en el marco legal vigente.
La convalidación en el Congreso: Junts es el escollo
El problema de fondo no está en el Palau de la Generalitat, sino en el Congreso. La convalidación del decreto Maricarmen depende de una mayoría frágil en la que Junts juega un papel determinante. Sin su sí, o con una abstención calculada, la norma puede quedar en el aire y dejar en evidencia al Ejecutivo central.
Los posconvergentes han convertido la vivienda en un terreno de disputa permanente con el PSC, tanto en Madrid como en el Parlament. Su cálculo pasa por no regalar al Gobierno central un tanto que después pueda exhibir el PSC catalán. Es la misma lógica que ya bloqueó otras iniciativas durante esta legislatura.
Paneque, sin embargo, ha evitado entrar al choque y ha reiterado la voluntad del Govern de alcanzar ‘consensos amplios’, también con Junts, la CUP o el Sindicat de Llogateres. Sobre propuestas de la oposición como la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o los contratos de alquiler indefinidos, no ha querido pronunciarse.
La legislatura de la vivienda se juega su relato en el Parlament
El Debate de Política General arranca este martes en el Parlament y se extenderá hasta el jueves, con las respuestas de la oposición. Es la tercera vez consecutiva que la vivienda ocupa el centro del discurso de Illa, que su propio Govern ha bautizado como ‘la legislatura de la vivienda’.
El precedente obliga. Hace dos años, el anuncio de las 50.000 viviendas protegidas se vendió como un hito; hoy, el ritmo de construcción y la presión de los precios dejan ese objetivo muy lejos de cumplirse. La comparación con otras comunidades, algunas con parques públicos por encima del 10%, expone el retraso catalán.
La lectura política es doble. Por un lado, Illa necesita exhibir gestión en el eje que más castiga al PSC en las encuestas. Por otro, el conjunto de las medidas catalanas apuntan a un objetivo que no depende solo de la Generalitat. Lo que el Govern vende como complemento puede leerse como coartada si el decreto estatal no sale adelante.
Exportar más y reformar hospitales: la otra letra del Consell Executiu
El Consell Executiu de este martes no solo ha abordado la vivienda. La conselleria de Empresa quiere que 2.000 empresas catalanas más empiecen a exportar, hasta alcanzar las 19.000, y ampliar el número de países de destino, con una media de cinco por compañía. Paneque ha recordado que Cataluña es la primera comunidad autónoma exportadora de España y ha anunciado la apertura de una nueva oficina de Acció en Nueva Delhi antes de que acabe el año.
A eso se suma la movilización de 50 millones de euros para reformas en centros hospitalarios del Penedès y el Garraf, y la renovación del acuerdo de colaboración con la región italiana de Emilia Romagna, que había vencido en julio. Paneque ha pedido además ‘mucha precaución’ ante las lluvias intensas que azotan el litoral catalán y que motivaron un mensaje ES-Alert la pasada noche.
El próximo pleno del Parlament y el plazo de convalidación en el Congreso marcarán si el decreto Maricarmen acaba siendo palanca o espejismo para la legislatura de la vivienda. El Govern, de momento, ya ha decidido no quedarse quieto.
