La STS 757/2025, de 13 de junio (recurso 3582/2023), delimita el alcance de la exención del artículo 7.p de la LIRPF y, sobre todo, el régimen sancionador aplicable cuando Hacienda regulariza rendimientos del trabajo obtenidos en el extranjero.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? El Tribunal Supremo anula la sanción tributaria impuesta a un contribuyente que declaró exentos ingresos obtenidos en Países Bajos, pero mantiene la regularización y la deuda.
- ¿Qué base jurídica aplica? El artículo 7.p de la LIRPF, que exime hasta 60.100 euros anuales, y el artículo 179.2.d) de la Ley General Tributaria, que excluye la culpabilidad cuando el obligado actuó con diligencia e interpretación razonable de la norma.
- ¿Qué impacto tiene? Hacienda no puede deducir automáticamente culpabilidad del hecho de que la exención sea regularizada; el certificado empresarial se valora como indicio de diligencia, no como eximente automático.
Antecedentes: un médico desplazado a Países Bajos y un certificado empresarial
El supuesto analizado parte de un médico que trabajó en Países Bajos durante 2012 y 2013. Declaró sus rendimientos como exentos al amparo del artículo 7.p de la LIRPF, basándose en un certificado emitido por la empresa para la que prestaba servicios. La empleadora había considerado aplicable la exención y así lo hizo constar en el documento.
El artículo 7.p de la LIRPF exime de tributación los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos realizados efectivamente en el extranjero, con un límite máximo de 60.100 euros anuales, siempre que se cumplan los requisitos legales. La aplicación de esta exención ha generado dudas durante años: cuando Hacienda revisaba una declaración y concluía que no procedía, podía además imponer una sanción por entender cometida una infracción tributaria.
Años después, la Administración tributaria revisó la declaración, rechazó la exención y reclamó el pago de la cuota correspondiente. Además, impuso una sanción por entender que el contribuyente había dejado de ingresar lo que debía declarar. Tanto la vía administrativa como la judicial confirmaron inicialmente esta interpretación, hasta que el asunto llegó al Tribunal Supremo.
El fallo: anulación de la sanción y mantenimiento de la deuda
El Alto Tribunal recordó que las obligaciones de la empresa y del contribuyente son autónomas. El certificado empresarial no elimina la responsabilidad individual del obligado tributario. Sin embargo, añadió un factor decisivo: ese documento puede contribuir a acreditar que el contribuyente actuó con la diligencia exigible y amparado en una interpretación razonable de la norma.
En el caso concreto, el médico se desplazó al extranjero, realizó los trabajos que justificaban la posible exención y siguió el criterio reflejado en los certificados de su empleadora. La interpretación del artículo 7.p de la LIRPF generaba incertidumbre en aquel momento. Con estos elementos, el Tribunal Supremo concluyó que no concurría culpabilidad tributaria y anuló la sanción, aunque mantuvo la regularización y la obligación de pagar la deuda.
La STS 757/2025 exige acreditar la culpabilidad en cada caso y atribuye al certificado empresarial un valor probatorio como indicio de diligencia, no como causa automática de exclusión de la sanción.
El fallo separa con nitidez los dos planos: la procedencia de la exención y la existencia de infracción sancionable. La regularización de la cuota no arrastra necesariamente la sanción.
La Doctrina del Tribunal
La sentencia fija la interpretación del artículo 179.2.d) de la Ley General Tributaria en el ámbito de la exención del artículo 7.p de la LIRPF. La culpabilidad no puede presumirse por el simple hecho de que Hacienda rechace la exención en una comprobación posterior. El obligado tributario puede quedar amparado si acredita una interpretación razonable de la norma y una actuación diligente.
El certificado empresarial no es un eximente por sí solo. Debe ponerse a disposición del contribuyente antes del plazo de declaración y concurrir otras circunstancias que justifiquen la aplicación de la exención. La sentencia confirma que las obligaciones de empresa y contribuyente son autónomas y que la responsabilidad individual no desaparece por la existencia del documento.
La sentencia no exige que el certificado empresarial tenga eficacia vinculante para la Administración. Debe ponderarse junto con el resto de la prueba. La carga de acreditar la ausencia de culpabilidad corresponde al obligado tributario, pero la Administración ha de motivar de forma específica el juicio de culpabilidad y no limitarse a la regularización de la exención.
El impacto para los operadores jurídicos es directo. La Administración debe valorar la concurrencia de culpabilidad y no aplicar sanciones automáticas sobre regularizaciones de ingresos en el extranjero. Para los contribuyentes, la sentencia subraya la relevancia de documentar los desplazamientos, conservar los certificados empresariales y acreditar el asesoramiento recibido.
La deuda tributaria se mantiene incluso cuando se anula la sanción. La regularización no se discute en esta sede: el Tribunal únicamente examina la responsabilidad sancionadora, no la procedencia de la exención. La proyección de esta doctrina alcanza a todos los supuestos de rendimientos del trabajo obtenidos en el extranjero y revisados por la Administración tributaria.
FICHA DEL CASO
- El caso: Reclamación sancionadora contra un médico que declaró exentos, bajo el artículo 7.p de la LIRPF, rendimientos del trabajo realizados en Países Bajos en 2012 y 2013.
- Datos importantes: STS 757/2025, de 13 de junio, recurso 3582/2023; artículo 179.2.d) de la LGT; anulación de la sanción y mantenimiento de la deuda; límite de 60.100 euros anuales.
- Fecha de los juicios: No consta fecha de vista oral. La sentencia se dictó el 13 de junio de 2025; la fuente original se publicó el 14 de agosto de 2026.
- Personas acusadas y por qué: No hay acusados en vía penal. El obligado tributario es un médico desplazado a Países Bajos al que la Administración sancionó por aplicar la exención del artículo 7.p de la LIRPF.
