En la noche del 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez se sentó ante las cámaras de Televisión Española sin papeles, con el gesto de quien ha ensayado una despedida que no termina de sonar natural. No comparecía en un set preparado para un gran anuncio. Se limitó a mirar al objetivo y a comunicar su dimisión como presidente del Gobierno. Aquella noche no hubo sorpresa en los despachos del poder, pero sí en la calle. Suárez aseguró que se iba para no convertir la democracia en un paréntesis: una frase que, con el tiempo, se leyó como una advertencia más que como una dimisión.
El hombre que dimitía había dirigido el paso de la dictadura franquista a un sistema parlamentario en poco más de cuatro años. Lo había hecho desde dentro, utilizando las palancas del propio régimen y pagando el coste de las decisiones que nadie quería tomar. La legalización del Partido Comunista en 1977 le ganó el aplauso de Europa y el recelo de los cuarteles. La gestión de la crisis económica y de las autonomías le fue restando apoyos. Al final, su salida se anunció como una renuncia, pero siempre quedó la sospecha de que fue una rendición pactada en los pasillos de su propio partido.
Capítulo I: El nombramiento que sorprendió al franquismo
Adolfo Suárez González nació en Cebreros, Ávila, el 25 de septiembre de 1932. Estudió Derecho en Salamanca y comenzó una carrera administrativa que lo llevó a la gobernación civil de Segovia, a la dirección general de Radiodifusión y Televisión y al Ministerio Secretaría General del Movimiento, el partido único del franquismo. Su nombre no sonaba en las quinielas de sucesión. Era un hombre de aparato, leal, discreto y con una sonrisa de anuncio que irritaba a los intelectuales opositores.
El 3 de julio de 1976, el rey Juan Carlos I le encargó la presidencia del Gobierno. La propuesta llegó a través de Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, que había resumido el plan en una fórmula que circulaba por los mentideros de Madrid: de la ley a la ley. La elección desconcertó a la clase política del régimen y también a la oposición. Muchos esperaban un general o un tecnócrata de altura. Suárez ofrecía menos brillo y más maniobra. Con el tiempo, esa maniobra resultó más peligrosa para el franquismo que cualquier declaración de ruptura.
Suárez no había llegado al poder para gestionar la agonía del sistema, sino para desmontarlo con sus propias reglas. El rey confiaba en su lealtad, y Fernández-Miranda confiaba en que entendiera la letra pequeña. La tarea era enorme: había que abrir las instituciones sin que el Ejército sintiera que se abría la puerta a la venganza, y sin que la oposición sintiera que todo era un maquillaje. Suárez había sido director de RTVE, donde aprendió a hablar a cámara sin solemnidad. Esa cercanía le serviría más tarde.
Capítulo II: La ley desde la ley
El instrumento fue la Ley para la Reforma Política. El proyecto recorrió los trámites de unas Cortes orgánicas que votaron su propia disolución el 18 de noviembre de 1976. Los procuradores franquistas aprobaron el texto en una sesión que las crónicas describieron con adjetivos de harakiri político. Después vino el referéndum del 15 de diciembre, con una participación superior al 77 % y un respaldo que rondó el 94 % de los votos válidos. La reforma convertía en posible lo que meses antes parecía imposible: unas elecciones libres convocadas desde la legalidad vigente.
El proceder de Suárez fue quirúrgico. No rompió con el régimen; lo fue vaciando desde dentro. Mantuvo los símbolos y los rituales que mantenían tranquilos a los inmovilistas y, al mismo tiempo, negoció con la oposición democrática a través de canales discretos. La Ley para la Reforma Política fue la llave que permitió legalizar partidos, negociar amnistías parciales y fijar un calendario electoral. De aquella operación dependía la credibilidad de toda la Transición.
Capítulo III: El Sábado Santo del Partido Comunista
El 9 de abril de 1977 cayó en Sábado Santo. El Gobierno aprovechó la calma de la Semana Santa para ejecutar la decisión más arriesgada del proceso: la legalización del Partido Comunista de España. La noticia se comunicó de forma calculada, con el país pendiente de las procesiones y los despachos a medio gas. El PCE quedó inscrito en el Registro de Partidos Políticos y, por primera vez desde el final de la guerra civil, los comunistas españoles podían presentarse a unas elecciones libres.
Santiago Carrillo, secretario general del PCE, había pasado años en el exilio y regresado a España de forma clandestina. Para los sectores duros del régimen era el enemigo absoluto. Los militares que habían construido su carrera sobre la victoria de 1939 no entendían por qué un presidente nacido del Movimiento entregaba las llaves del juego político a quienes ellos consideraban vencidos. Las reacciones no se hicieron esperar: conversaciones tensas en la cúpula militar, dimisiones simbólicas y un malestar que Suárez prefirió asumir en silencio.
La legalización no fue un gesto ideológico, sino un cálculo de estado. Si el PCE quedaba fuera, las elecciones de junio perderían credibilidad ante la oposición y ante Europa. Suárez lo sabía, y también sabía que el precio lo pagaría en su propia casa. La UCD, todavía en pleno proceso de construcción, agrupaba a barones que nunca le perdonaron aquella decisión.
Capítulo IV: Unas elecciones y una Constitución
Las elecciones se celebraron el 15 de junio de 1977. Ganó la Unión de Centro Democrático, la coalición que Suárez había impulsado para ocupar el centro del tablero, con alrededor de 166 escaños. El PSOE de Felipe González se convirtió en la principal fuerza de la izquierda, y el PCE obtuvo representación parlamentaria. El Congreso reflejaba un país dividido, pero dispuesto a entenderse. Suárez gobernó con la legitimidad de las urnas por primera vez en cuatro décadas.
De aquel parlamento salió la Constitución de 1978. El texto se redactó en comisión y se debatió durante meses con el empuje de los ponentes. Las tensiones en torno a la unidad de España, la autonomía y los símbolos provocaron debates de madrugada en la comisión constitucional. El referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978 dio respaldo al texto, y España estrenó un marco legal que reconocía derechos fundamentales, libertades públicas y la organización territorial del Estado. Suárez defendió el consenso como una obligación, no como un estilo. Las cesiones en materia autonómica y en asuntos como la definición del Estado generaron tensiones que no tardarían en cobrar factura.
Capítulo V: La moción de censura y el cerco
Las elecciones del 1 de marzo de 1979 volvieron a dar la victoria a UCD, con unos 168 escaños. Pero la segunda legislatura fue distinta. La coalición que Suárez había armado era un archipiélago de familias políticas: democristianos, liberales, socialdemócratas y franquistas conversos convivían mal bajo el mismo paraguas. Cada decisión del Gobierno se negociaba tres veces: en el Consejo de Ministros, en el grupo parlamentario y en los despachos de los barones. La economía no ayudaba. El paro subía, la inflación castigaba a las familias y el terrorismo de ETA y de la extrema derecha mantenía al país en alerta constante.
En mayo de 1980, el PSOE presentó una moción de censura contra el Gobierno. Suárez la superó el 30 de mayo, pero el debate se convirtió en una radiografía de su desgaste. Felipe González salió reforzado del hemiciclo y el presidente se quedó con una victoria parlamentaria que sabía a poco. Dentro de UCD, los movimientos para forzar su relevo ya no eran rumores. Eran conversaciones con nombres, fechas y apoyos militares.
Suárez leyó el final con la misma habilidad con la que había leído el principio. En lugar de aferrarse al cargo, preparó una salida que evitara un enfrentamiento mayor. El 29 de enero de 1981, el anuncio ante las cámaras puso fin a su presidencia.
Capítulo VI: El paréntesis que no se cerró
En aquella comparecencia, Adolfo Suárez no repartió culpas. Habló de responsabilidad, de la necesidad de no bloquear el sistema y de la urgencia de que la democracia permaneciera. La frase más recordada del discurso no era una proclama, sino un deseo cargado de mal augurio.
«Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la Historia de España».
Unas semanas después, el 23 de febrero de 1981, durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, un grupo de guardias civiles asaltó el Congreso. Suárez, todavía presidente en funciones, se mantuvo sentado en su escaño junto a Santiago Carrillo y al general Gutiérrez Mellado mientras los disparos resonaban en el hemiciclo. La imagen dio la vuelta al mundo y se convirtió en el epílogo visual de una etapa que no terminaba de quedar atrás.
Adolfo Suárez murió en Madrid el 23 de marzo de 2014. Los archivos de la Transición, las actas de los consejos de ministros de 1977 y los testimonios de quienes participaron en aquellas decisiones siguen abriéndose lentamente. Su figura sigue pidiendo matices, y no parece que el debate sobre lo que hizo y lo que dejó sin hacer vaya a cerrarse pronto.
