El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha avalado que la Diputación de València exija el nivel C2 de valenciano en sus contratos públicos. La decisión llega después de que una empresa impugnara un contrato de 1,2 millones de euros por considerarlo discriminatorio.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales avala el nivel C2 de valenciano en los pliegos de la Diputación de València, pero anula otros requisitos.
- ¿Quién está detrás? El TARC, dependiente del Ministerio de Hacienda, tras el recurso de Eurovertice Consultores.
- ¿Qué impacto tiene? La Diputación de València dejó sin efecto la licitación de 1,2 millones de euros y debe rehacer los pliegos.
El C2 de valenciano que supera el recurso, y los requisitos que no
El órgano dependiente del Ministerio de Hacienda ha desestimado la parte del recurso que cuestionaba el requisito lingüístico. La empresa Eurovertice Consultores, con sede en Murcia, habían acudido al TARC al entender que la exigencia del C2 era desproporcionada y que no guardaba relación con el objeto del contrato. El tribunal discrepa: considera que la condición es proporcional y que entra dentro del margen discrecional de la administración para definir los perfiles que necesita.
No se trata de una decisión aislada. El contrato impugnado es la asistencia técnica y la gestión de la Oficina de Ayuda Técnica para Proyectos Europeos, convocada el pasado diciembre por la corporación que preside Vicent Mompó. El pliego de prescripciones técnicas contempla publicaciones que deberán redactarse en valenciano, con corrección ortográfica, morfológica y sintáctica. Para el tribunal, si el trabajo exige comunicarse en valenciano, tener conocimientos de valenciano es coherente.
La Diputación de València argumentó que dispone de normativa específica y de planes de normalización lingüística propios que promueven el uso del valenciano en los documentos institucionales. El órgano estatal hace suyo ese razonamiento. La oficina de proyectos europeos presta asesoramiento a municipios y a cargos electos de la provincia de Valencia, y las publicaciones deben circular en la lengua cooficial. Ese contexto, para el TARC, justifica el nivel C2.
Una licitación ya anulada y unos pliegos que volverán a empezar
La resolución sí da la razón a la empresa en dos frentes. El tribunal anula la exigencia de titulaciones concretas, como las licenciaturas en periodismo, comunicación audiovisual, economía o geografía. También tumba el criterio de arraigo territorial: el pliego pedía presencia en Bruselas y oficinas abiertas en València, reducidas a cinco códigos postales del casco urbano de la capital.
El C2 de valenciano queda avalado, pero la Diputación de València tendrá que justificar mejor el resto de exigencias.
El tribunal considera que la restricción geográfica no encuentra ningún correlato en las prestaciones del contrato. En consecuencia, la anulación de los criterios referidos supone la de los acuerdos de aprobación de los pliegos. La Diputación de València acordó a finales de mayo dejar sin efecto la licitación por valor de 1,2 millones de euros.
La empresa recurrente veía un obstáculo más en el acceso a la licitación. Sostenía que el requisito lingüístico no resultaba necesario ni vinculado al objeto del servicio. El tribunal lo rechaza. Eso no exime a la corporación provincial de revisar el resto: los perfiles cerrados y la localización física tendrán que desaparecer o justificarse de manera rigurosa en la nueva convocatoria.
El Escenario Valenciano
La decisión refuerza la política lingüística de la Diputación de València, que ha incorporado el valenciano como criterio de evaluación en distintos procedimientos. El aval del TARC, un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, da a la resolución un alcance que va más allá de la provincia. Otras administraciones locales con lenguas cooficiales observarán este caso para calibrar sus propios pliegos de contratación.
La lectura es clara. Una administración puede exigir valenciano si justifica que las prestaciones exigen comunicarse en esa lengua. El precedente obliga a afinar los pliegos: titulaciones cerradas y arraigo territorial no pasan el control. La proyección inmediata es la nueva licitación de la oficina de proyectos europeos, un servicio que ayuda a las entidades locales a captar fondos comunitarios y que ahora queda a la espera de un texto corregido.
Ficha del Caso
- El caso: El TARC resuelve el recurso de Eurovertice Consultores contra un contrato de 1,2 millones de euros de la Diputación de València para una oficina de proyectos europeos.
- Datos importantes: Avala el nivel C2 de valenciano como criterio de adjudicación. Anula titulaciones específicas y el arraigo territorial con oficinas en València. La licitación quedó sin efecto a finales de mayo.
- Resumen: La Diputación de València deberá rehacer los pliegos manteniendo el requisito lingüístico, pero sin restricciones geográficas ni perfiles cerrados.
