Vox redobla su ofensiva contra la regularización de presos extranjeros tras admitir Interior un total de 291 solicitudes en prisión preventiva.
La ofensiva de Vox contra el Real Decreto 316/2026
El partido ha dirigido sus críticas contra el Real Decreto 316/2026, la norma que modificó el Reglamento de Extranjería vigente desde 2000 y abrió un procedimiento extraordinario de regularización para ciudadanos extranjeros en situación de prisión preventiva. Vox considera que la medida es un incentivo perverso y reclama su derogación. Su prioridad es otra: la expulsión de los extranjeros con procesos penales.
Para la formación, ligar la regularización a la prisión preventiva desvirtúa la política migratoria y diluye el principio de seguridad jurídica. El procedimiento introduce una vía de permanencia legal para personas que aún no tienen condena firme. La formación sostiene que esa vía convierte la prisión preventiva en un atajo administrativo que multiplica los supuestos de arraigo y complica las expulsiones.
La dirección del partido ha enmarcado esta norma en lo que considera una política de regularización masiva del Gobierno. En el Congreso, Vox ha vinculado la cuestión a su exigencia de endurecer la política migratoria y penitenciaria. También ha denunciado la ausencia de control sobre cuántas solicitudes terminan concedidas.
La cifra de Interior y el alcance de las solicitudes
El Ministerio del Interior ha registrado 291 solicitudes de regularización presentadas por presos extranjeros en las cárceles de su competencia. Los datos, facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a través del Portal de Transparencia, están actualizados a 29 de julio de 2026.
Los casos corresponden a internos preventivos, sin condena firme, una categoría que incluye también a quienes tienen sentencia en primera instancia pero pendiente de recurso. Murcia encabeza la estadística con 46 solicitudes, seguida de Madrid con 43, Castellón con 38 y Alicante con 34. Córdoba y las cárceles de Canarias registran 23 cada una. Por establecimientos, el centro de Murcia acumula 38 solicitudes; una prisión de Castellón, 35; el centro de Córdoba, 23; uno de los de Alicante, 20; y la principal cárcel madrileña incluida en los datos, 16.
El dato oficial no aclara cuántas solicitudes prosperan, pero confirma que el procedimiento está activo en los centros penitenciarios.
La resolución de Instituciones Penitenciarias no especifica cuántas solicitudes han sido concedidas, rechazadas o siguen en trámite. Tampoco incorpora un desglose por nacionalidad o por los delitos atribuidos a los solicitantes. El organismo recuerda que las decisiones corresponden a otras instancias administrativas y no a la Administración penitenciaria. El dato se limita a los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado.
Las instrucciones para informar a los internos sobre el procedimiento comenzaron a distribuirse en abril. Las órdenes incluían la difusión de información sobre el proceso, la documentación necesaria y la posibilidad de facilitar apoyo lingüístico. En mayo trascendió que la prisión de Zaragoza había instalado carteles informativos para los extranjeros interesados en acogerse a la regularización. El Sindicato Unificado de Policía ha advertido de que esta circunstancia podría complicar futuras expulsiones de condenados.
La lectura estratégica: Vox y el pulso migratorio
Vox lee el dato de Interior como una confirmación de que el Gobierno mantiene una política de regularización encubierta. La coincidencia con el aviso del Sindicato Unificado de Policía refuerza su exigencia de derogar el Real Decreto 316/2026. La formación ha denunciado públicamante la contradicción entre el discurso de control migratorio y la apertura de esta vía en las cárceles. A su juicio, admitir solicitudes de presos preventivos equivale a normalizar el arraigo de personas pendientes de una condena.
La ofensiva no es nueva: Vox convirtió la modificación del Reglamento de Extranjería en un eje central de su oposición desde su aprobación. El partido mantiene en el Congreso la exigencia de derogar la norma y ha puesto el foco en los efectos penitenciarios. La incógnita sobre cuántas solicitudes han sido concedidas o rechazadas deja, además, un flanco de fiscalización abierto.
La estadística territorial, con Murcia y Madrid a la cabeza, da a Vox material para trasladar el debate a los parlamentos autonómicos. El próximo periodo de sesiones servirá para comprobar si el PP se suma a la exigencia de derogación o mantiene un perfil más contenido ante un dato que combina inmigración y seguridad.
