El Govern no descarta recuperar los peajes en la AP-7 para frenar el colapso y la siniestralidad.
La consejera de Interior, Núria Parlon, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo interdepartamental para este otoño. El objetivo oficial es evaluar estrategias que alivien la densidad del tráfico y reduzcan la accidentalidad. La restitución del cobro en la vía permanece, en palabras de Parlon, ‘abierta’.
Desde que el Ejecutivo central liberalizó la AP-7 en septiembre de 2021, el corredor mediterráneo se ha convertido en la principal arteria gratuita entre el Área Metropolitana de Barcelona, Tarragona y Girona. El efecto llamada ha sido inmediato: más camiones, más desplazamientos interurbanos y una siniestralidad al alza.
La consellera admite que reconocer la complejidad actual es imprescindible para articular alternativas viables. La revisión del modelo de movilidad da continuidad a la reflexión que ya planteó el president Salvador Illa en el Parlament, cuando cuestionó el levantamiento masivo de barreras. Sin cerrar la puerta a nada.
Por qué el Govern recupera el debate de los peajes
El anuncio no es un giro radical, sino la formalización de un malestar que recorre el Govern desde hace meses. La gratuidad de la AP-7 generó un trasvase de tráfico desde las carreteras nacionales N-340 y N-II hacia la autopista, especialmente en el tramo sur y en los accesos al Maresme. La lectura política es otra: si el Govern defiende la financiación singular, el peaje se convierte en un elemento de negociación con Moncloa.
Las medidas inmediatas: IA, radares y control de camiones
Las medidas de choque no esperan al debate político. El Servei Català de Trànsit despliega diez actuaciones inmediatas. La más visible: una aplicación móvil que emitirá alertas de voz en tiempo real sobre retenciones y desvíos, prevista para los próximos meses. También se prueba un sistema de velocidad variable gestionado por inteligencia artificial en 150 kilómetros, entre Maçanet de la Selva y El Vendrell.
En las Terres de l’Ebre, donde la calzada se reduce a dos carriles, se instalarán señales variables, para, regular el flujo. Se mantienen las restricciones de adelantamiento para camiones y se intensifican los macrocontroles de los Mossos d’Esquadra sobre ITV, estado técnico, y tiempos de descanso. La vigilancia en los 344 kilómetros del trazado suma seis nuevos carros-radar a los cuatro ya operativos.
La gratuidad de la AP-7 era una promesa social; hoy, la siniestralidad obliga al Govern a revisar el modelo sin etiquetas ideológicas.
La ampliación a tres carriles en la zona sur sigue en fase de tramitación administrativa. Mientras esas obras llegan, el plan de choque es la única herramienta disponible para contener los picos de congestión en los accesos a Tarragona y al Penedès.
La contradicción de fondo: gratuidad vs. seguridad
La restitución del cobro choca de frente con la promesa de movilidad gratuita que en 2021 defendieron tanto el PSC como ERC y los Comuns. El Govern de Pere Aragonès celebró la liberalización como un éxito social. Ahora, con los datos de siniestralidad encima de la mesa, el discurso se matiza. La solución técnica puede pasar por un peaje blando o por congestión, no por el retorno al modelo prepago de Abertis. Sin embargo, la Generalitat no ha ofrecido cifras comparativas que justifiquen un cambio de modelo con datos objetivos.
Otro factor limita la decisión: la titularidad de la AP-7 es del Estado. Cualquier restitución del peaje requeriría un acuerdo con el Ministerio de Transportes, que no ha abierto ese melón. En Moncloa observan el debate con cautela, conscientes de que la política de infraestructuras en Cataluña tiene una carga simbólica que va más allá de la movilidad.
El grupo de trabajo anunciado por Parlon se constituirá en otoño, sin fecha cerrada. La consellera ha evitado comprometer un calendario, pero ha dejado claro que la revisión del modelo de movilidad es ‘imprescindible’ para articular alternativas viables a largo plazo. Mientras tanto, los Mossos d’Esquadra intensifican los controles y el SCT despliega la tecnología disponible. La decisión política, si llega, no será técnica: será una decisión sobre qué modelo de país se quiere financiar.
