Una ley irlandesa de 1634 frena las demandas colectivas tecnológicas en toda la UE. La norma, heredada del derecho inglés, prohíbe financiar litigios con capital externo y deja sin recorrido real a la directiva europea de acciones de representación, aprobada para permitir reclamaciones masivas tras el escándalo del Dieselgate. El efecto es tan simple como contundente: los consumidores españoles y del resto de la Unión se quedan sin compensación efectiva frente a Meta, Google o Microsoft.
Una directiva de 2020 asfixiada por una ley medieval de 1634
La Directiva (UE) 2020/1828 introdujo en 2020 el mecanismo de acciones de representación, una suerte de demanda colectiva europea que permite a entidades sin ánimo de lucro reclamar en nombre de grupos de consumidores perjudicados. El objetivo era evitar que escándalos como el de Volkswagen, que pagó más de 9.500 millones de dólares a los consumidores estadounidenses, quedaran sin respuesta al otro lado del Atlántico. Sin embargo, la directiva dejó una decisión clave en manos de cada Estado: quién puede financiar esos litigios.
Irlanda arrastra desde 1634 dos conceptos del derecho inglés, maintenance y champerty, que convierten en delito el hecho de que un tercero financie un pleito ajeno sin interés directo en el asunto. El champerty es la versión más comercial: financiar a cambio de un porcentaje de la indemnización. Inglaterra eliminó ambas figuras en 1967, pero los tribunales irlandeses han mantenido la prohibición. Y aquí se produce el choque: la directiva europea solo permite presentar demandas colectivas a organizaciones sin ánimo de lucro, que dependen de financiación externa para litigar contra gigantes tecnológicos.
El resultado es que en Irlanda hay cinco entidades habilitadas, tres de ellas con historial frente a las Big Tech: el Irish Council for Civil Liberties, Noyb y Digital Rights Ireland. Hasta ahora solo se ha presentado una demanda colectiva: la del ICCL contra Microsoft por su sistema de publicidad online. La organización pudo costearla con su presupuesto general de donaciones, pero su director, Johnny Ryan, advierte del desequilibrio: ‘llevar un litigio complejo como este en Irlanda cuesta al menos un millón de euros en primera instancia; no podemos asumir varios casos si el Estado no nos permite recaudar fondos’. Ryan define la combinación de normas como una ‘contradicción fatal’ para los consumidores europeos que buscan compensación.
El Gobierno irlandés no ha movido ficha. Al transponer la directiva, Dublín limitó a 25 euros la tasa de entrada para que un consumidor participe en una demanda colectiva, una cifra pensada para no disuadir. Pero el ministro de Justicia, Jim O’Callaghan, se ha mostrado ‘muy reacio’ a autorizar la financiación por terceros: teme que ‘mercantilice la justicia’ y que los abogados o fondos se lleven una parte desproporcionada de las indemnizaciones, el fantasma habitual de las class actions estadounidenses. En las próximas semanas, Irlanda espera empezar a eximir a las entidades habilitadas del pago de tasas judiciales ante el Tribunal Superior, un alivio menor que no resuelve la falta de presupuesto para litigar.
La Comisión Europea ha tomado nota. Fuentes comunitarias confirman que Bruselas está en contacto estrecho con Irlanda y evalúa la forma en que se está aplicando la directiva en los Veintisiete: si un Estado prohíbe la financiación por terceros, debe garantizar que los costes no impidan a las entidades cualificadas acudir a los tribunales. Johannes Caspar, exjefe de la autoridad de protección de datos de Hamburgo, recuerda que la reparación colectiva permite agrupar reclamaciones que los individuos jamás podrían asumir solos porque ‘el proceso es largo y el coste previo, altísimo’. Dicho de otro modo: sin financiación, la directiva se convierte en un derecho formal.
Sin financiación externa, la directiva europea queda en papel: demandar a las Big Tech cuesta más de lo que ninguna entidad sin ánimo de lucro puede asumir.
La factura de demandar a las Big Tech: un millón de euros para empezar
El abogado irlandés Gerard Rudden, que ayudó a Max Schrems a ganar dos casos emblemáticos contra Facebook ante los tribunales de Dublín, explica la asimetría con crudeza: las tecnológicas tienen recursos ilimitados para pleitos, equipos numerosos y tiempo. Mientras tanto, una organización de consumidores necesita recaudar un millón de euros solo para sentar a una Big Tech ante un juez. Si Irlanda permitiera la financiación externa, podrían articularse demandas paneuropeas contra Meta, Google o Microsoft en su sede comunitaria. Hoy eso es imposible por una cuestión de costes.
Para España, la paradoja es especialmente incómoda. Los consumidores españoles están entre los más expuestos a los modelos publicitarios y de tratamiento de datos de las plataformas, pero la vía colectiva europea que debía protegerles depende de un tribunal irlandés y de una ley de hace cuatro siglos. Las organizaciones de consumidores españolas pueden sumarse a acciones paneuropeas solo si alguna entidad irlandesa logra financiarlas, y por ahora el único caso abierto es el de Microsoft. La promesa de justicia colectiva transfronteriza queda, en la práctica, en suspenso.
El Eje del Poder Europeo
La lectura estratégica de este pulso no es menor. Irlanda es la sede fiscal y jurídica de Meta, Google, Microsoft, Apple o TikTok, una centralidad que le otorga una posición negociadora silenciosa: mantener intactas las viejas normas procesales equivale a proteger a sus mayores inquilinos corporativos sin necesidad de vetar nuevas directivas. La Comisión Europea lo sabe y por eso se limita a ‘evaluar’ la transposición irlandesa, consciente de que un procedimiento de infracción abriría un choque con Dublín en plena batalla por la regulación digital europea.
Los ejes europeos no se han movilizado todavía. Berlín y París priorizan la aplicación del AI Act, la DMA y la DSA; la reparación colectiva no figura entre sus urgencias. Los países del sur, con España al frente, deberían ver en este asunto un problema de protección al consumidor, pero no han elevado la presión. Mientras tanto, las entidades de defensa de la privacidad siguen atadas a donaciones y campañas filantrópicas para litigar contra gigantes con presupuestos legales inagotables.
El precedente más claro es el del propio Dieselgate: en Estados Unidos, los consumidores de Volkswagen recibieron compensaciones millonarias porque el sistema procesal permite financiar acciones colectivas. En Europa, el mismo escándalo se tradujo en multas administrativas y acuerdos limitados, no en una compensación masiva a los compradores. La directiva de 2020 intentó corregir ese desequilibrio, pero topó con una ley irlandesa que muchos creían derogada. Si Dublín no revisa el maintenance y el champerty, la UE repetirá el patrón: supervisión pública y sanciones, pero reparación privada escasa para los millones de ciudadanos afectados.
A cinco o diez años vista, la cuestión es si la Comisión estará dispuesta a tensar la cuerda con Dublín y si España y otros socios del sur convertirán la justicia colectiva en una prioridad. La próxima ventana crítica será la publicación del informe de la Law Reform Commission irlandesa sobre la financiación por terceros, prevista para finales de este año. Si el informe se limita a reiterar los recelos de O’Callaghan, la directiva europea seguirá siendo un derecho de papel para los consumidores españoles. Observamos una paradoja: la Unión regula cada vez más a las Big Tech, pero la vía para reclamar daños sigue bloqueada por una ley del siglo XVII. Cosas que pasan en 2026.
